MORELIA, Mich., de abril de 2026.- Desde Palacio Nacional y Michoacán se empuja el debate sobre una reforma para juzgar a adolescentes como adultos, pero para que ello suceda México primero deberá de sustraerse de tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada en 1990.
México asumió compromisos internacionales que colocan a niñas, niños y adolescentes como eje de las políticas de seguridad y del sistema de justicia: la base es la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece el principio del interés superior de la niñez como criterio obligatorio en toda decisión del Estado y la impartición de justicia.
En materia de seguridad, este principio exige que las autoridades prevengan la violencia, protejan la integridad de menores de edad y atiendan las causas que los colocan en contextos de riesgo.
Este compromiso no se limita a evitar delitos en su contra, también implica garantizar entornos seguros en comunidades, escuelas y espacios públicos y, por supuesto, generar condiciones para que los menores no entren en conflicto con la ley penal.
Y, aun si entran en conflicto con la ley penal, deberá de orientarse las acciones del Estado Mexicano a reeducar al adolescente, porque está en proceso de crecimiento y maduración, no solo a nivel emocional, también orgánico, y que ambas van de la mano.
El marco internacional también fija parámetros para el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley.
A partir de la Convención y de sus protocolos facultativos, el Estado Mexicano debe aplicar un sistema de justicia especializado que priorice la reintegración social sobre el castigo, y que en México le precede a la misma reforma penal oral de 2011.
A diferencia de los adultos, la privación de la libertad se establece como medida excepcional, por el menor tiempo posible, con atención Integral y acompañamiento de los familiares.
La Constitución establece que la justicia penal para menores es únicamente para adolescentes de 12 a 17 años y 11 meses. Es decir, adolescentes que todavía no alcanzan la mayoría de edad.
Además, el legislativo consideró durante el debate que las sanciones privativas de la libertad son únicamente para menores mayores de 14 años, analizando previamente el juzgado el contexto del hecho. No a tabla rasa.
En resumidas cuentas, entre la Convención, protocolos y la ley nacional especializada los jueces, ministerios públicos y autoridades de seguridad deben aplicar la norma que otorgue mayor protección a los adolescentes, incluso por encima de disposiciones internas que resulten restrictivas.
Es decir, no es tan fácil que el debate llegue a San Lázaro si consecuencias para México y sus relaciones con otras naciones.
En ese sentido, el fiscal General Carlos Torres Piña aclaró que, desde Michoacán, se impulsa no la ruptura con los tratados, pero si que el Poder Judicial tome en cuenta las particularidades de cada caso, puntos específicos y demostrables. No basados en conjeturas, sino en evidencia científica.
"Lo que nosotros estamos impulsando como Fiscalía es que el desarrollo cognitivo que puede tener un adolescente, a veces, es superior a su propiedad y el raciocinio que pueda haber al momento de realizar alguna acción", declaró Torres Piña, es decir, que se estudié si el adolescente posee mayor madurez y conciencia al momento de entrar en conflicto con la ley penal.
"Por supuesto, la ley no habla de excepciones, pero es importante entrar al debate de las excepciones que pueda haber sobre ciertos adolescentes que tengan el desarrollo cognitivo superior, que su estado sea consciente cuando se actúa y, sobre todo, la hazaña, la violencia, la alevosía", añadió fiscal.
Entre tanto, la página change.org suma ya 25 mil 415 firmas verificadas para solicitar modificar la legislación penal en México de homicidios juveniles.
"Actualmente, la legislación mexicana permite que menores de 18 años sean juzgados de manera diferente a los adultos, incluso en casos de delitos tan atroces como el homicidio calificado o el feminicidio. Esto no solo perpetúa una sensación de impunidad, sino que también falla en imponer consecuencias significativas que podrían disuadir futuras acciones criminales entre los jóvenes", dice la presentación de la convocatoria.
Esta petición, difundida por email, causó controversia entre las organizaciones defensoras de los derechos de los menores, que apelan por procesos judiciales conforme marca la ley y sin la sobre exposición, como la Red por los Derechos de la Infancia, que prepara un posicionamiento sobre la colecta de firmas de la página.
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