México acumula 103 asesinatos y 10 desapariciones de personas defensoras de derechos humanos entre enero de 2022 y septiembre de 2026, pero sólo cuatro de los 113 casos documentados cuentan con una sentencia condenatoria, lo que representa un nivel de impunidad de 96.5%, denunciaron organizaciones civiles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante una audiencia pública del 179º periodo de sesiones de la Comisión, representantes de organizaciones nacionales e internacionales señalaron que la falta de investigaciones efectivas y sanciones permite que las agresiones continúen, mientras las víctimas, sus familias y comunidades enfrentan amenazas, desplazamiento forzado y obstáculos para acceder a la justicia.
La sistematización presentada por las organizaciones comprende casos que involucran a 138 personas. De los expedientes que permanecen en la impunidad, 22 han sido judicializados y 87 continúan en fase de investigación. Los cuatro casos restantes registran sentencias condenatorias contra al menos una persona.
Organizaciones señalaron que uno de los principales problemas de las fiscalías es que las investigaciones no consideran la actividad de defensa de las víctimas como una posible línea de investigación, lo que impide identificar los motivos de las agresiones y a quienes las ordenaron o financiaron.
Mario Hurtado, integrante del Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, señaló deficiencias en el Mecanismo Federal de Protección, particularmente por el rezago en los análisis de riesgo y las reevaluaciones de los planes de seguridad.
Cibeli Cañedo, de Iniciativa Sinaloa, advirtió que las investigaciones suelen concentrarse en los autores materiales de los ataques, sin avanzar en la identificación de quienes ordenaron, financiaron o se beneficiaron de las agresiones.
Durante la audiencia, la comisionada y relatora para México de la CIDH, Andrea Pochak, afirmó que el país continúa siendo uno de los más peligrosos para ejercer la defensa de los derechos humanos y advirtió que la violencia y el hostigamiento tienen un carácter estructural.
Ante los señalamientos, la delegación mexicana asumió la tarea de elaborar un plan nacional para implementar el Protocolo Homologado Especializado para la Investigación de Delitos Cometidos contra las Personas Defensoras de los Derechos Humanos; difundirlo en formatos accesibles; establecer un registro homologado de estos delitos y abrir una mesa de trabajo para revisar los 113 casos documentados por las organizaciones.
También se comprometió a valorar, dentro de la Fiscalía General de la República (FGR), la creación de una fiscalía especializada para investigar agresiones contra personas defensoras, así como aceptar el acompañamiento técnico de la Relatoría Especial de Naciones Unidas.