El silencio de un trabajador investigado no resuelve ninguna incógnita, pero tampoco permite extraer conclusiones sobre su responsabilidad. En un accidente con al menos 69 víctimas mortales, lo verdaderamente importante es averiguar cómo pudo producirse una autorización que permitió circular a un tren cuando otro convoy permanecía detenido en la misma vía. La pregunta ya no se limita a quién dio la indicación: obliga a examinar qué información tenía, qué instrucciones recibió y qué mecanismos debían impedir una decisión de semejante alcance.
El trabajador del Centro de Regulación y Control de Adif en Madrid-Puerta de Atocha compareció ante la Guardia Civil como investigado no detenido y, tras ser informado de sus derechos, optó por no responder a las preguntas de los agentes. Su decisión se encuentra amparada por las garantías legales que corresponden a cualquier persona investigada y no constituye, por sí misma, una prueba de culpabilidad.
No era, además, su primer contacto con los investigadores. Poco después del siniestro, los agentes acudieron al centro de control para identificar a los trabajadores presentes y practicar las pruebas de alcohol y drogas, que dieron resultado negativo. En aquel momento no se le tomó declaración formal porque se encontraba conmocionado por lo ocurrido. Según las informaciones conocidas, entonces manifestó que había seguido los protocolos establecidos.
La diferencia entre ambas comparecencias resulta relevante: ahora la investigación necesita reconstruir actuaciones concretas y determinar si aquella autorización se ajustó realmente a las condiciones de seguridad exigibles. Será previsiblemente la jueza de Orgaz, Aristea Ortiz, quien pueda interrogarlo en sede judicial.
La responsabilidad no puede reducirse a una sola persona
El elemento central de las pesquisas es esclarecer qué ocurrió durante los minutos anteriores a la colisión. Los investigadores pretenden reconstruir por qué, alrededor de las 8.36, el AVE de Renfe recibió autorización para continuar la circulación con normalidad pese a la presencia de otro tren detenido más adelante.
Para ello será necesario contrastar las grabaciones del centro de control, los registros informáticos, las comunicaciones entre los responsables de circulación y la documentación operativa de Adif. También habrá que determinar si existieron advertencias, discrepancias o instrucciones destinadas a recuperar cuanto antes la normalidad después de una incidencia en el sistema informático que había provocado la detención de los trenes.
Aquí aparece una cuestión que va más allá del comportamiento del operador: ¿disponía de toda la información necesaria para decidir? ¿Funcionaron correctamente los sistemas que registran la ocupación de las vías? ¿Existían mecanismos de comprobación adicionales antes de autorizar la reanudación del servicio?
Se trata de preguntas fundamentales porque la seguridad ferroviaria no debería descansar exclusivamente en la capacidad de reacción de una persona. Los procedimientos, las comunicaciones y los sistemas de protección deben funcionar de manera coordinada para evitar que un error humano pueda convertirse en una catástrofe.
Una investigación que debe mirar también hacia la organización
La Guardia Civil trabaja para determinar posibles responsabilidades penales, mientras que la Autoridad Independiente de Investigación Técnica de Accidentes de Transporte (AITAT) desarrolla el análisis técnico de las causas y de las posibles medidas correctoras. Ambos trabajos son complementarios, pero persiguen objetivos diferentes.
La investigación no debería conformarse con identificar quién pulsó el último eslabón de una cadena de decisiones. También debe examinar si la organización ofrecía condiciones adecuadas para trabajar, si los protocolos contemplaban aquella situación excepcional y si los sistemas de seguridad proporcionaban información fiable y suficiente.
Señalar prematuramente a un trabajador puede simplificar el relato público, pero no necesariamente explica lo sucedido. La experiencia profesional de un operador tampoco permite descartar errores, del mismo modo que un posible fallo individual no exime de investigar el funcionamiento del conjunto.
Las familias de las víctimas y la sociedad necesitan algo más que un nombre y una explicación apresurada: necesitan conocer qué falló, por qué falló y qué cambios impedirán que vuelva a ocurrir. La verdadera rendición de cuentas comenzará cuando todas las piezas encajen, sin anticipar culpabilidades ni dejar fuera de la investigación ninguna responsabilidad que pueda resultar relevante. @mundiario