En México, la misoginia suele encontrar su mejor disfraz en el humor. Basta que una mujer llegue a un espacio de poder, históricamente reservado a los hombres, para que su físico, su sexualidad, sus relaciones personales y hasta su inteligencia se conviertan en material de burla. La risa funciona entonces como coartada: si alguien se incomoda, siempre queda el recurso de decir que no tiene sentido del humor.
Pero hay un límite o una frontera que debemos aprender a distinguir: una cosa es convertir la vida íntima de una mujer en espectáculo y otra, muy distinta, investigar si sus vínculos personales pudieron cruzarse con decisiones que comprometen recursos públicos.
En el caso de Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral, esa diferencia es fundamental. No se trata de juzgar con quién se relacionaba, sino de esclarecer los señalamientos sobre posibles conflictos de interés en la contratación de proveedores del organismo que encabezaba. La Auditoría Superior de la Federación investiga presuntas irregularidades contractuales por cientos de millones de pesos. Las acusaciones deben probarse, pero su gravedad exige respuestas.
Así que exigir cuentas no es, por sí mismo, una mofa machista ni un linchamiento misógino. Utilizar el caso para humillar a Taddei por su vida sentimental, denigrar con estereotipos sexistas o insinuar que obtuvo poder exclusivamente por sus relaciones, sí lo es.
La igualdad no significa que las mujeres funcionarias sean intocables. Significa que puedan ser investigadas y cuestionadas con los mismos criterios que los hombres, sin violencia de género ni prejuicios, pero también sin privilegios. La perspectiva feminista no elimina la exigencia de transparencia: obliga a ejercerla sin discriminación.
En esta historia no basta con reducir el problema a una sola persona. Las investigaciones periodísticas han señalado vínculos entre proveedores electorales y funcionarios cercanos a Taddei, así como posibles irregularidades en adjudicaciones y nombramientos. También han puesto bajo escrutinio las redes políticas que facilitaron su llegada a la presidencia del INE y los cambios que concentraron facultades administrativas en esa oficina.
Esas conexiones deben investigarse, no darse por probadas. Alfonso Durazo y Sergio Gutiérrez Luna, mencionados sobre el entorno político de Taddei, tampoco pueden quedar fuera de las preguntas que correspondan a sus actuaciones. La responsabilidad debe establecerse con documentos, auditorías y procedimientos institucionales, no mediante insinuaciones ni lealtades partidistas.
Porque el problema de fondo trasciende a una funcionaria. El INE es una institución construida durante décadas para organizar elecciones confiables y actuar con autonomía frente al poder político. Pero cuando las decisiones se concentran, los controles se debilitan o los contratos despiertan sospechas, lo que está en juego no es solamente la reputación de quienes ocupan sus oficinas: es la confianza ciudadana en el árbitro electoral.
La renuncia de Taddei y algunos de sus cercanos no sustituye una investigación. Tampoco la sustituyen los discursos que atribuyen toda responsabilidad a gobiernos anteriores, ni las descalificaciones contra quienes exigen explicaciones. Se necesita revisar quién autorizó los contratos, bajo qué procedimientos, quién tomó las decisiones y si alguien obtuvo beneficios indebidos. Si hubo responsabilidades, deben determinarse y sancionarse conforme a la ley.
La línea es delgada, sí, pero no debería ser tan difícil distinguirla: burlarse de una mujer por su vida privada es misoginia; investigar si una relación personal pudo influir en decisiones públicas es rendición de cuentas.