A raíz del reciente nombramiento en Endesa, conviene poner sobre la mesa algo más que un relevo directivo.
La compañía —una de las grandes palancas energéticas del país— está controlada por Enel, participada por el Estado italiano, y acaba de designar como consejero delegado a Gianni Vittorio Armani, en un contexto de reorganización de sus grandes participadas bajo el Gobierno de Giorgia Meloni.
Dicho sin rodeos: una parte relevante de las decisiones energéticas que afectan a España depende hoy de una compañía participada por otro Estado, sin que exista un contrapeso nacional efectivo.
Y esto no es un caso aislado.
En el ámbito audiovisual, Mediaset, hoy integrada en MFE-MediaForEurope, forma parte del ecosistema empresarial ligado históricamente a Silvio Berlusconi; y su partido, Forza Italia, integra el Ejecutivo italiano.
En prensa, Unidad Editorial pertenece a RCS MediaGroup.
En infraestructuras, Abertis quedó integrada en una estructura donde el peso de Atlantia es determinante.
No es una coincidencia. Es una tendencia.
España ha liberalizado mercados… pero sin exigir equilibrio.
Un ejemplo claro: Iryo, participado por la italiana Trenitalia, compite con normalidad en el mercado español.
¿Y en Italia?
Renfe no tiene una presencia equivalente en condiciones, escala ni acceso.
España abre. Otros filtran.
Francia mantiene control directo o indirecto en su energía. Italia activa su “golden power” cuando hay riesgo sobre sectores críticos.
Alemania bloquea adquisiciones si afectan a su seguridad económica.
En todos los casos se cumple la misma regla: puede entrar capital, pero no se cede el control.
España hizo lo contrario.
Se podrá discutir la apertura del capital en tiempos de José María Aznar. Tenía lógica: acercar las empresas a los ciudadanos y al mercado.
El problema vino después.
Cuando, ya durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, no se blindaron los mecanismos de control y se permitió que una empresa estratégica como Endesa quedara bajo una compañía participada por otro Estado.
Ahí España no perdió una empresa. Perdió capacidad de decisión.
Y lo más preocupante no es el pasado. Es el presente.
Porque hoy existen instrumentos para actuar. Se podría definir qué sectores son estratégicos, garantizar una mayoría de control nacional efectiva, exigir reciprocidad real o movilizar capital español para recuperar posiciones clave.
Se podría.
Pero no se hace.
Mientras tanto, el debate público se llena de etiquetas y de confrontación, pero se evita el fondo: quién decide realmente en sectores clave de nuestra economía.
Esto no va de cerrar la economía.
Va de no ser ingenuos.
Porque la soberanía económica no consiste en impedir que otros entren.
Consiste en que, pase lo que pase, la decisión final siga siendo tuya.
Y hoy, en demasiados ámbitos estratégicos, ya no lo es.
Lo preocupante no es solo la situación.
Lo preocupante es la falta de reacción.
Porque esto ya no es un debate técnico. Es una cuestión de soberanía.
Y cuando un país pierde capacidad de decisión en sectores clave y no actúa para recuperarla, deja de tener un problema puntual y pasa a tener un problema estructural de primer orden.
O se adoptan medidas urgentes, o la deriva es clara.
Y en ese esfuerzo, no basta con el Estado. También debe implicarse el capital español.
Empresarios como Amancio Ortega, que invierten con acierto en grandes activos internacionales, representan una capacidad financiera que también podría contribuir a reforzar posiciones estratégicas dentro de España.
No se trata de dejar de invertir fuera. Se trata de no olvidar lo de dentro.
Porque la soberanía no se pierde de golpe.
Se pierde cuando no se defiende. @mundiario