En el entramado del caso que involucra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, surge inevitable una pregunta que toca el corazón mismo de la justicia: ¿qué pesa más, las declaraciones de capos convertidos en testigos protegidos o la existencia de pruebas materiales, verificables y contundentes?
La interrogante no es menor, porque de su respuesta depende no sólo el destino jurídico de los acusados, sino la credibilidad de los sistemas judiciales que pretenden sancionar el crimen organizado.
Motu proprio o no, la licencia solicitada por el gobernador Rubén Rocha Moya y por el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, puede interpretarse como un gesto institucional para enfrentar los señalamientos formulados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Valdría la pena recordar que hace apenas unos meses atrás el gobierno Mexicano entregó poco más de 96 capos sin proceso de extradición, solo bastó la petición de ser entregados, y se cumplió cabalmente.
En una república de leyes, apartarse temporalmente del cargo ante acusaciones de tal gravedad no constituye una admisión de culpa, sino una forma de permitir que las investigaciones se desarrollen sin la sombra del poder público.
Entre los nombres mencionados también figura el senador Enrique Inzunza Cázarez, lo que coloca el caso en un plano aún más delicado para la vida institucional del país. Si las imputaciones tienen sustento, deberán presentarse elementos probatorios firmes que resistan el escrutinio jurídico. La justicia moderna no puede descansar únicamente en versiones, por dramáticas que estas sean, sino en evidencias que acrediten la responsabilidad individual más allá de toda duda razonable.
La discusión inevitable remite al antecedente del juicio contra Genaro García Luna en una corte federal de Nueva York. En ese proceso, que sacudió la percepción pública sobre la seguridad en México, el jurado escuchó principalmente testimonios de antiguos integrantes del Cártel de Sinaloa, entre ellos Jesús Zambada García y Sergio Villarreal Barragán. Aunque la fiscalía presentó registros financieros y comunicaciones, el debate público persiste sobre el peso que tuvieron las declaraciones de criminales frente a las pruebas documentales.
Este antecedente vuelve inevitable la reflexión sobre el mecanismo de cooperación judicial entre México y Estados Unidos, particularmente en materia de extradición. Los tratados vigentes establecen que una solicitud formal debe acompañarse de evidencia suficiente que permita presumir la comisión de delitos conforme a las leyes de ambos países. No se trata de un simple intercambio político ni de un acto automático: implica la revisión por tribunales mexicanos para determinar si existen elementos que justifiquen la entrega de los acusados.
En este contexto, el eventual proceso contra funcionarios mexicanos debe examinarse con la mayor prudencia jurídica.
La colaboración internacional contra el narcotráfico es necesaria, pero también lo es preservar el equilibrio entre cooperación y soberanía. México no puede convertirse en simple ejecutor de decisiones externas, del mismo modo que Estados Unidos tiene derecho a investigar delitos que afecten su territorio o su seguridad.
Todo indica que este caso podría ser apenas el inicio de una serie de investigaciones más amplias sobre presuntos vínculos entre política y crimen organizado. Si ello ocurre, surgirán nuevos nombres, nuevas acusaciones y también nuevas tensiones entre ambos países. Por eso mismo resulta indispensable que cada expediente esté sustentado en pruebas sólidas y no únicamente en narrativas provenientes del propio mundo criminal.
La justicia verdadera no puede ser rehén ni de la política ni del espectáculo mediático. Para los pueblos de México y de Estados Unidos, golpeados durante décadas por la violencia del narcotráfico, lo que se exige no es una disputa de poder, sino la verdad. Que hablen las pruebas, que se escuchen las defensas y que los tribunales decidan con imparcialidad. Porque sólo así, por encima de intereses coyunturales, podrá saciarse esa profunda hambre y sed de justicia que comparten nuestras sociedades.