-¿Por qué el gobierno de México acepta el principio de extraterritorialidad de las leyes norteamericanas?
-¿Por qué lo aceptan si son delitos cometidos en México?
-¿Por qué no continuaron el proceso contra Rocha Moya, si ya la FGR había obtenido evidencias suficientes de su involucramiento en las redes del Cártel?
Envueltos en la bandera nacional, en la “defensa de la soberanía nacional”, ahora le exigen a los norteamericanos lo que debieron hacer.
Al hacerlo, esconden que los principales responsables de la mayor crisis en las relaciones con el gobierno de EU de los últimos años son ellos mismos.
Los delitos cometidos por la banda de los “10” fueron cometidos en México, bajo la sombra, cobertura y aquiescencia de todos los niveles de gobierno.
La colusión es enorme; los avisos “gringos” de que venían por ellos fueron muchos.
¿Por qué no actuó la presidenta?
¿Por qué no presentó la denuncia para la detención de Rocha Moya? ¿Por qué no lo hizo el “amado líder”?
¿Acaso no reflexionaron sobre las implicaciones de que los cárteles mexicanos fueran designados “terroristas” por el gobierno norteamericano?
¿A poco no previeron que eso implicaba la aplicación “extraterritorial” de las leyes estadounidenses en México?
Por eso se cambió a la DEA por la CIA para actuar en México.
¿Fueron obligados (en lo oscurito) a aceptar esa actuación y a esconderla bajo el repetitivo y gastado discurso de la “defensa de la soberanía nacional”?
Eso es lo que develó, entre otras cosas, el descubrimiento de la actuación de los agentes de la CIA en el operativo en El Pinal.
¿Las agencias de inteligencia de México no sabían nada de ello?
¿O, por el contrario, estaban al tanto?
Porque solo así podrían explicarse los elevados grados de colaboración entre las agencias y corporaciones policiacas y militares de ambos países, que han arrojado el desmantelamiento de más de 2 mil narcolaboratorios, la detención de más de 40 mil delincuentes, el aseguramiento de más de 300 toneladas de droga y pérdidas, para el narco, de 50 mil millones de pesos, según los informes presentados por Harfuch.
¡Vaya encrucijada a la que han llevado al país!
Llegó Trump y desestimaron sus advertencias:
-No solo hay que detener a los narcotraficantes.
-México está dominado por el narco, repitió una y otra vez.
Y en lugar de ir por quienes cometieron los delitos desde el gobierno, se les protegió.
¿Y qué harán cuando se anuncien las peticiones de extradición de, por ejemplo, Américo Villarreal, Marina Vitela (una y otra vez denunciada por el exgobernador Jaime Bonilla) y Adán Augusto?
Ante ese panorama, cabe hacerse infinidad de preguntas, de ahora y del pasado reciente, las que quizás todas tengan la misma respuesta.
¿Calderón sabía lo de García Luna?
¿Maru sabía de los agentes de la CIA? ¿Lo sabía César Jáuregui?
¿No lo sabía Omar García Harfuch?
¿Lo sabía Francisco Almazán Barocio, director del Centro Nacional de Inteligencia de la SSPC, de Harfuch?
¿Lo sabía la gente del Centro Militar de Inteligencia (CMI), que opera desde un búnker de más de cinco mil millones de pesos instalado en el Campo Militar No. 1, con un poderoso arsenal tecnológico —que incluye el spyware Pegasus—?
¿Adán Augusto sabía lo de Hernán, de la “Barredora”? ¿AMLO sabía lo de Adán?
¿El almirante secretario Ojeda —del gobierno de AMLO— sabía lo de sus sobrinos, es decir, lo del huachicol fiscal?
¿Ojeda (jefe de la zona naval de Acapulco en su momento) sabía de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa? ¿Lo sabía Harfuch (delegado estatal en Guerrero de la AFI entonces)?
Raquel Buenrostro, directora del SAT, denunció el huachicol y el robo de combustibles de los hermanos Carmona, coludidos con Mario Delgado, dirigente de Morena.
¿No lo sabía AMLO?
Tan solo en el primer trimestre de 2021, Buenrostro reportó pérdidas fiscales por 20 mil millones de pesos.
¿No lo supo Gertz Manero, a pesar de la denuncia de la directora del SAT?
Si Ignacio Ovalle supo —y a lo mejor operó— lo del fraude a Segalmex, ¿lo sabía AMLO?
¿García Harfuch sabía lo de los agentes de la CIA en México, dedicados al combate a las bandas del narco, ya en el gobierno de Claudia?
¿Harfuch y la fiscal Ernestina Godoy sabían lo de Rocha Moya?
¿El general secretario de la Sedena, el mando superior del mayor y el coronel al mando de las tropas —acuartelados en Guachochi— en el operativo de El Pinal, donde murieron los agentes chihuahuenses y norteamericanos, sabía de la participación de los agentes de la CIA?
¡Pues si durmieron en el cuartel de Guachochi!
¡Increíble que mandos militares de esos niveles no lo advirtieran y que no informaran de ello a sus superiores!
Todo lo anterior explica los desmentidos de Harfuch a la presidenta sobre la gobernadora Maru Campos. En dos ocasiones, a preguntas expresas, adujo que la mandataria local le había dicho que no sabía.
“La gobernadora de Chihuahua a mí me dijo que ella no tenía conocimiento de que se estuviera llevando alguna operación con agentes norteamericanos en campo”.
“… nosotros, como lo hemos mencionado, no tenemos pleno (negritas de LJVF) conocimiento de qué estaban haciendo personas …”.
Pero Michael McCaul, presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de EU, afirmó que Sheinbaum sí sabía de la participación de la CIA.
En tanto, en las mañaneras, la presidenta lanzaba la ofensiva contra sus opositores chihuahuenses, abortada por el descomunal golpe contra Rocha y sus colegas.
¿Qué son injerencistas?
¡Por supuesto!
Solo que ahora tienen un matiz: el de que están revestidas de la intención de acabar con la principal amenaza que advierten los norteamericanos en su propio país: el incremento de la introducción de drogas y el crecimiento de la capacidad de fuego y tecnología de las bandas criminales mexicanas, a las que ya catalogan como capaces de lanzar ataques tras la frontera.
¿Que la decisión de hacer la petición de extradición fue determinada por el descubrimiento y muerte de los agentes de la CIA en Chihuahua?
A lo mejor sí; quizá fue el detonante, pero esos expedientes son el fruto de investigaciones y recopilación de evidencias y testimonios de varios años atrás, en los que la información proporcionada por los “Chapos”, los “Mayos”, otros detenidos, el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada y Vicente Carrillo seguramente fue fundamental.
Los delitos se cometieron en México —también en perjuicio de EU— pero, implícitamente, el gobierno mexicano está aceptando el principio de extraterritorialidad del norteamericano.
Los presidentes, una y otra vez, expresaron su apoyo a Rocha.
Y hay hechos inquietantes:
La mamá del “Chapo”, para saludar a AMLO, debió recibir la autorización del equipo del presidente y del general secretario, pues el vehículo de la señora debió superar por lo menos tres círculos de seguridad, en una zona de difícil acceso y en la que cualquier vehículo y persona fueron escrupulosamente revisados y aprobados para que saludara al presidente en el municipio que ocupó el segundo lugar entre los más visitados por López Obrador en su mandato.
Por pura y rara casualidad, es el municipio en el que ha nacido la mayor parte de la élite del Cártel de Sinaloa: Joaquín “El Chapo” Guzmán, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Juan José Esparragoza Moreno, además de Rubén Rocha, Melesio Cuén y el senador Enrique Inzunza, exsecretario de Gobierno con Rocha, hoy también acusado.
¡¡Purititas coincidencias!!
AMLO prefirió la quietud de la “paz narca”, la misma que pretendió Calderón, es decir, optar por uno de los cárteles por encima de los otros y creer que de ese modo, con la preeminencia de uno —en ambos casos optaron por el de Sinaloa— se establecería la paz.
El Culiacán post-extracción del “Mayo”, con más de 3 mil ejecutados, es viva muestra de lo desacertado de tal pretensión.
Ahora, la presidenta y su gobierno enfrentan un problema mayor: el Tratado de Extradición establece que cuando se pide la detención provisional con fines de extradición, se debe detener de inmediato a los acusados.
Ello abre un espacio de 60 días para que la fiscalía de NY presente las pruebas para “presumir” la probable comisión de un delito por los requeridos.
Luego sobrevendría el juicio de extradición, a cargo de un juez mexicano, que determinará si de las pruebas presentadas se concluye, con alguna certeza, que han cometido un delito. Será el gobierno mexicano el que resuelva si concede o no la extradición.
De fallar en contra de Rocha, como solicitó licencia, será extraditado; ya no tiene fuero.
Hasta Arturo Zaldívar, ex presidente de la Corte y hoy asesor de la presidenta, sostiene dicho criterio.
¿Será la opinión presidencial?