El Gobierno de México y su legión de simpatizantes –entre los que se cuentan no pocos periodistas y académicos que, en la práctica, llevan tiempo exhibiéndose como entusiastas propagandistas– ha decidido tratar de manejar la crisis mayúscula que suponen las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, el senador Inzunza y otros ocho funcionarios recurriendo a dos estrategias.
La primera es escudarse tras la soberanía nacional y el escepticismo frente a las pruebas (que conocen, aunque insistan en lo contrario). Después de meses de presión privada y pública, el régimen no ha tenido otra opción más que proceder, aunque sea centímetro a centímetro, contra uno de los suyos. Está claro que en Palacio Nacional suponen que el inicio de un proceso en México, con Rocha Moya bajo el microscopio, podría bastar para desmontar al menos parte de la presión proveniente de Washington. Parece un error. En el gobierno saben que la lista de nombres, las exigencias de extradición y, sobre todo, la desconfianza ante la confiabilidad del sistema jurídico mexicano es mucho más grande que los intentos dilatorios actualmente en marcha.
