El Servicio de Administración Tributaria determinó que la empresa Marlaya S.A. de C.V. incurrió en una evasión fiscal superior a 29 mil millones de pesos, derivada de la comercialización de hidrocarburos.
De acuerdo con un documento oficial fechado el 18 de febrero de 2026, la resolución fue emitida por la Administración General de Recaudación número 3, con sede en Jalisco.
La información fue publicada originalmente por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, con base en documentos fiscales y expedientes judiciales.
¿Cómo operaba la red?
Según la causa penal 325/2025 de la Fiscalía General de la República, la empresa Marlaya participaba en la comercialización de combustible que ingresaba de contrabando al país.
En el expediente se señala que:
- El combustible era adquirido en Estados Unidos
- Posteriormente ingresaba a México
- Era vendido a través de empresas intermediarias
Las autoridades vinculan estas operaciones con una red de huachicol fiscal, asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación.
¿Qué detectó la autoridad fiscal?
El SAT documentó que la empresa omitió el pago de:
- Impuesto sobre la Renta (ISR)
- Impuesto al Valor Agregado (IVA)
El monto principal del adeudo asciende a más de 29 mil 100 millones de pesos, derivados de operaciones no declaradas.
Además, desde septiembre de 2021 se habían identificado irregularidades fiscales, lo que derivó en sanciones previas.
En noviembre de 2025, la empresa fue incluida en el listado definitivo de empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS).
¿Qué características tenía la empresa?
Marlaya fue constituida en 2016 en Guadalajara con un objeto social amplio, lo que le permitía facturar distintos servicios.
De acuerdo con la investigación:
- No contaba con infraestructura operativa real
- Carecía de personal suficiente
- No tenía capacidad material comprobable
El SAT concluyó que se trataba de una empresa utilizada para simulación de operaciones y posibles esquemas de lavado de activos.
Camiones cisterna y empresas vinculadas al CJNG fueron parte de una red de huachicol fiscal que defraudó más de 29 mil millones de pesos, según la FGR y el SAT. /Reuters/Ilustrativa¿Qué vínculos se identificaron?
Documentos mercantiles relacionan a Marlaya con otras empresas y personas vinculadas a la red de contrabando de combustibles.
Entre ellas destaca Mefra Fletes, involucrada en decomisos de millones de litros de combustible en 2025.
De acuerdo con declaraciones del entonces titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, dichas operaciones estarían relacionadas con estructuras del CJNG.
Asimismo, varias empresas vinculadas aparecen en la misma causa penal iniciada tras el aseguramiento del buque Challenge Procyon en marzo de 2025.
¿Qué dimensión tiene el desfalco?
El monto de 29 mil millones de pesos representa:
- Cuatro veces el caso conocido como La Estafa Maestra
- Dos veces el desfalco registrado en Segalmex
También equivale, según estimaciones incluidas en la investigación, a:
- Construcción de 42 hospitales generales
- Edificación de más de 800 cuarteles de seguridad
- Desarrollo de múltiples proyectos de infraestructura pública
¿Existen otros casos relacionados?
El mismo domicilio fiscal de Marlaya fue utilizado por otra empresa, Nafta Aditivos Orgánicos, también investigada por la FGR.
El SAT determinó que esta compañía omitió el pago de 3,859 millones de pesos por conceptos fiscales y aduaneros.
Ambos casos forman parte de investigaciones sobre esquemas de importación irregular de hidrocarburos y evasión fiscal.
¿Por qué es relevante?
El caso expone la operación de redes de huachicol fiscal que combinan contrabando de combustible con evasión tributaria.
También evidencia la utilización de empresas sin capacidad real para simular operaciones y generar pérdidas significativas a la hacienda pública.
La dimensión del monto involucrado lo ubica entre los casos más relevantes de evasión detectados en años recientes.
Las autoridades fiscales y ministeriales mantienen abiertas las investigaciones relacionadas con la red de contrabando de combustibles, mientras los procedimientos legales continúan conforme a los expedientes en curso y la normativa vigente.