Nada más engañoso que los 13,200 kilómetros que separan a México de Irán y la manera como se diluye la atención social en este conflicto bélico que involucra a Estados Unidos.
La guerra se recrudece, pero nuestra atención baja; el impacto en los mercados financieros no parece ser suficiente para que todos comprendan los efectos en una economía globalizada; y las interrupciones en los flujos de recursos energéticos quedan paliadas, momentáneamente, entre los precios controlados y los subsidios fiscales.
Es indispensable tomar previsiones en las finanzas personales ante el impacto económico de esta guerra y su posible larga duración. Pero, sobre todo el gobierno no debería estar gastando pólvora en sus “infiernitos” del Plan B electoral con toda la carga autoritaria que conlleva.
Este es el peor momento para que México retroceda en materia democrática. Como aprendimos con la pandemia, ahora estamos ante un conflicto aparentemente regional, que sin duda tiene impacto global y de largo alcance.
El cierre del Estrecho de Ormuz y los ataques mutuos a la infraestructura energética ya provocaron un shock de precios y fracturas en las cadenas de suministros que amenazan con dejar una huella más profunda que la del Covid-19 hace un lustro.
Aquel fue un fenómeno sanitario; éste es geopolítico. Aquella pandemia duró oficialmente tres años, tres meses y cinco días; esta guerra lleva apenas 20 días, pero el resultado amenaza con ser el mismo: la parálisis por falta de insumos básicos.
Si el flujo de petróleo y otros productos críticos como el helio o el gas se restringe, los precios de los energéticos suben, se encarece el transporte de todo tipo y la energía se vuelve un lujo.
Entendámoslo así: el petróleo extraído en la costa estadounidense del Golfo de México se procesa en las refinerías de Texas, pero en cualquier gasolinería de Houston la gasolina, ese producto 100% local, es hoy 90 centavos de dólar por galón más cara que hace apenas tres semanas. Y subiendo.
Imaginemos a México, que el año pasado importó 53% de las gasolinas que consume, que ahora las paga con un dólar más caro, que obliga a topar precios y sacrifica ingresos fiscales para subsidiar esos combustibles.
Para Estados Unidos, el impacto es múltiple: inflacionario, financiero, fiscal y político. El gobierno de Donald Trump se encuentra en una encrucijada donde el gasto militar, a razón de 22,000 millones en menos de un mes, implica una carga adicional para un déficit ya abultado.
La Reserva Federal ya interrumpió la baja en las tasas de interés por las razones obvias de la guerra, lo que entorpece la recuperación y suma presiones inflacionarias.
¿En cuánto tiempo se multiplican todos estos efectos y llegan a nuestras costas? Las reacciones de los mercados son casi inmediatas, pero la economía real tiene un desfase.
Si el conflicto no cesa pronto, no habrá subsidios que alcancen. La manufactura mexicana enfrentará la inflación y la desaceleración por el incremento de los costos logísticos.
El gobierno no puede seguir con ese desperdicio de capital político con el debilitamiento institucional; urge unidad interna y la mejor negociación posible con el norte. La guerra es lejana, pero el golpe económico es directo al bolsillo.
El cierre del Estrecho de Ormuz y los ataques mutuos a la infraestructura energética ya provocaron un shock de precios y fracturas en las cadenas de suministros que amenazan con dejar una huella más profunda que la del Covid-19.