Los elevados índices de impunidad y de cifra oculta de delitos en Yucatán y el país se dan a conocer en una amplia investigación de la organización de la sociedad civil México Evalúa, denominada Radiografía de la Impunidad 2024: Hallazgos del sistema de justicia penal en México.
En el caso de Yucatán, el índice de impunidad, indicador que captura el porcentaje de casos que no fueron resueltos efectivamente en el año, es de 74.23%. El porcentaje más alto en este rubro lo tiene Jalisco, con 97.81%, y el más bajo, Michoacán, con 67.68%.
México Evalúa explica que con este primera Radiografía de la Impunidad en México, divulgada en marzo pasado, “implementamos una metodología de indicadores basada en fuentes abiertas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con los cuales analizamos los avances y retrocesos en materia de impunidad y protección a los derechos humanos entre los años 2019 a 2024”.
“Así, esta Radiografía constituye un primer acercamiento al comportamiento de las diferentes entradas y salidas procesales que se han utilizado desde el inicio de la plena vigencia del proceso penal acusatorio a nivel nacional en 2016”.
En esta entrega nos referiremos a indicadores relacionados en especial con Yucatán, que se comparten en el amplio reporte sobre la situación en las entidades del país.
Sobre la cifra oculta por entidad en 2024, que es el porcentaje de delitos que no se denuncian o a los que no se les abre una carpeta de investigación respecto al total de delitos en un año, Yucatán aparece con un porcentaje de 92.61%.
El indicador más bajo lo tiene Colima, con 90.04% y el más alto Tamaulipas, con 97.22%. El promedio en los estados es de 92.85%. Esta información es una elaboración propia de México Evalúa con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025.
Confianza en las instituciones
Asimismo, se indica el porcentaje de población que tiene confianza en las instituciones de seguridad pública con datos de 2024.
El porcentaje de percepción de confianza se estima en relación con la población que identifica a la autoridad. Incluye el porcentaje de personas que reportaron tener mucha confianza y algo de confianza en la autoridad.
En cuanto a la policía ministerial, judicial o de investigación, el nivel de confianza en Yucatán es del 67.75%; la policía preventiva municipal tiene 64.88%, y la confianza en la policía estatal es del 71.69%.
En relación con los jueces, el nivel de confianza que tienen en esta entidad es de 60.91% y es del 64.98% en el ministerio público y la fiscalía estatal.
Acerca del porcentaje de casos concluidos por acuerdos reparatorios alcanzados en fiscalías estatales, en Yucatán es del 83.99%, el más alto entre las entidades del país analizadas.
Sentencias en Yucatán
Otro dato es sobre la distribución de sentencias en tribunales según tipo e incluye las concluidas por procedimiento abreviado y por juicio oral en 2024.
En Yucatán, 87.68% de la sentencias fueron condenatorias y 12.32% absolutorias, de acuerdo con el reporte.
México Evalúa hace una serie de explicaciones, análisis y señalamientos sobre el estudio que damos a conocer. Entre otros asuntos, afirma que el hecho de que las denuncias a la Policía se consideran parte de la cifra oculta si no derivan en una denuncia formal ante el ministerio público o fiscalías refleja la falta de coordinación entre estas instituciones, y refuerza el carácter formalista de la denuncia.
También se da conocer lo siguiente: la cifra oculta es el porcentaje de delitos que no se denuncian o a los que no se les abre carpeta de investigación respecto al total de delitos en un año.
Los resultados más recientes por entidad muestran que la ausencia de denuncia es un problema generalizado en el país. La reducción de la cifra oculta en México requiere intervenciones que faciliten la denuncia formal, reduzcan los costos institucionales para las víctimas y fortalezcan la confianza en las autoridades.
Hay cuatro estados con valores de impunidad estadísticamente atípicos que se apartan de manera relevante del comportamiento general del resto de las entidades federativas: Yucatán, Nayarit, Michoacán y Chiapas. Consideramos que hay razones prácticas que sustentan los valores de impunidad de las primeras tres entidades.
El objetivo del Índice de Impunidad Penal Institucional es dar seguimiento a los resultados de los sistemas de justicia penal estatales (fuero común) a partir de las diferentes salidas que ofrece el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) en función de si resuelven o no de manera efectiva los casos que ingresan.
Aunque Yucatán presenta valores inusitados, se decidió mantener a la entidad —al igual que Michoacán—, pues parte de su divergencia frente al promedio se debe al alto porcentaje de casos que resuelven por Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC) en sede ministerial.
En 2024 se iniciaron 4,147 carpetas de investigación y resolvieron por MASC 3,483, un número que parece improbable hasta que se considera que también tenían 11,360 casos en archivo temporal en 2023.
Es posible que el alto nivel de casos resueltos a través de los MASC incluya casos pendientes de resolver y que estaban en archivo. Yucatán, así como Chiapas, cuenta con un alto nivel de población de pueblos indígenas, que suelen aplicar la justicia, con base en sus usos y costumbres en lugar de recurrir a las vías de justicia formal.
La media en 2024 de los 27 estados estudiados es de 89.42% de impunidad, es decir, que en promedio solo 10.58% del universo de casos fueron resueltos de forma efectiva.
Menos impunidad
Según este ranking, los cinco estados que presentan menos impunidad son: Michoacán (67.68%), Nayarit (73.07%), Yucatán (74.23%), Puebla (75.81%) y Tlaxcala (85.56%).
Un punto en común de las entidades que lideran el listado, es que presentan una mayor participación de soluciones legales al conflicto, tales como salidas alternas y anticipadas válidas (MASC en Fiscalía, suspensión condicional del proceso, y criterios de oportunidad aplicados efectivamente) y sentencias.
Esto reduce la impunidad porque la mayor parte de los casos tiene un desenlace jurídico verificable, en lugar de quedar abiertos o sin resolución.
Michoacán, Nayarit, Yucatán, Puebla y Tlaxcala destacan por una mejor transición de la investigación hacia la judicialización, lo que implica mayor eficacia en la integración de carpetas, y mayor probabilidad de llegar a una salida judicial o alternativa.
Por otra parte, una característica común en todo el país es que la comparación entre las llamadas de emergencia a instituciones de seguridad estatal y municipal, supera por mucho el número de carpetas de investigación que se abren en las fiscalías. En promedio, las fiscalías del país reciben apenas una cuarta parte (25.9%) de denuncias frente al total de reportes que reciben las policías locales.
Llaman la atención los estados de Sonora (8.05%), Nuevo León (6.58%), Tlaxcala (5.33%) y Yucatán (1.54%), cuya proporción de carpetas de investigación en fiscalías es menor a un 10% de las llamadas que se realizan a las policías.
Aunque no todas las llamadas a la Policía deberían dar lugar a una carpeta —incluso en países de tradición acusatoria como Estados Unidos y Reino Unido esto tampoco sucede—, lo cierto es que las policías locales en México podrían tener un rol más activo en la investigación de delitos.
Por medio del análisis de las noticias criminales o reportes de emergencia se aumentan las probabilidades de identificar a personas generadoras de violencia, modus operandi, lugares y vulnerabilidad de poblaciones víctimas de delito, recalca México Evalúa.