Ciudad de México.- Alimentación para el Bienestar (AliBien), el órgano creado en este sexenio para reemplazar a Segalmex, sigue siendo un barril sin fondo para el erario federal.
Luego de los escándalos de corrupción del sexenio pasado, el actual gobierno ordenó extinguir a Segalmex para fusionarlo en AliBien, que es el nuevo encargado del programa de compras agrícolas subsidiados con precios de garantía, para venta en tiendas Diconsa.
En 2025, AliBien perdió 973 millones de pesos, pese a que recibió un subsidio de 2 mil 560 millones de pesos del gobierno para cubrir su déficit de operación.
Esta situación se da en un contexto donde organizaciones civiles acusan impunidad selectiva en las investigaciones por desvíos previos.
A estas alturas, la decisión del exPresidente Andrés Manuel López Obrador de revivir el modelo de precios de garantía operado por Conasupo en los sexenios del PRI, ha significado una pérdida acumulada de más de 22 mil millones de pesos, según el dictamen externo a los estados financieros de AliBien.
“Al 31 de diciembre de 2025 AliBien tiene pérdidas acumuladas netas de 22 mil 268 millones 330 mil pesos, y ha perdido más de las dos terceras partes de su capital social, lo que de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles podría ser causa de disolución de la Entidad a solicitud de algún tercero interesado”, advirtió el auditor externo De Anda, Torres, Gallardo.
“Dada la función social de la entidad, esta ha sido habitualmente apoyada por el Gobierno Federal con recursos fiscales, por lo que la continuidad de sus operaciones como entidad en funcionamiento depende de que estos apoyos le sigan siendo proporcionados”, agregó.
El subsidio para operación se redujo en 2024 y 2025, luego de que en años previos fue tan alto, que llegó a generar “ganancias”, es decir, un resultado neto positivo que en realidad era artificial.
En su opinión emitida “con salvedad”, el auditor detectó problemas derivados de la fusión con Segalmex, entre ellos, una sobre valuación de los inventarios del órgano, que en teoría valen mil 912 millones de pesos y representan casi la tercera parte de sus activos.
Lo anterior fue resultado de diferencias entre los conteos físicos de alimentos almacenados al inicio de 2025, y sus registros contables, lo que fue un problema recurrente para Segalmex.
Caso Segalmex: Acusan “impunidad selectiva”
Diversas organizaciones de transparencia acusaron que el proceso judicial por el desvío de recursos en Segalmex se ejecutó bajo una lógica de impunidad selectiva. Los denunciantes sostuvieron que las autoridades ministeriales centraron sus esfuerzos en detener a mandos operativos, dejando fuera de las investigaciones a las cabezas principales del organismo.
La crítica se intensificó tras revelarse que las auditorías pendientes no derivaron en órdenes de aprehensión contra quienes firmaron los contratos más cuantiosos. Los especialistas advirtieron que esta estrategia buscó simular una rendición de cuentas sin desarticular las redes de complicidad que permitieron el millonario desfalco al erario.
Los actores políticos de oposición resaltaron que el caso Segalmex se convirtió en el emblema de la corrupción del sexenio anterior, pero su resolución judicial resultó insuficiente. Manifestaron que la falta de castigo para los directivos principales envió un mensaje de permisividad que debilitó el discurso de combate a la deshonestidad gubernamental.
Finalmente, las organizaciones civiles exigieron a la Fiscalía General de la República que retomara las líneas de investigación que involucraban a exsecretarios y directores generales. Aseguraron que la justicia no será plena mientras existan personajes intocables y no se recupere la totalidad de los fondos destinados originalmente a la seguridad alimentaria.
AAK