Begoña Gómez ha comparecido ante la Fiscalía Europea en el marco de una investigación sobre contratos públicos concedidos a empresas vinculadas al empresario Juan Carlos Barrabés. Durante su declaración, la compareciente ha sido tajante: nunca abordó con miembros del Gobierno ninguna cuestión relacionada con esas adjudicaciones.
La citación, en calidad de testigo, se inscribe en una investigación centrada en dos contratos otorgados por la entidad pública Red.es, dependiente del Ministerio de Transformación Digital. Ambos proyectos —relacionados con formación en economía digital— fueron adjudicados a una unión empresarial en la que participaba una compañía de Barrabés, por un importe total superior a ocho millones de euros y financiados con fondos europeos.
Según fuentes jurídicas, el interrogatorio se centró en esclarecer el vínculo entre Gómez y el empresario. La compareciente explicó que su relación se limitaba al ámbito académico, en el contexto de una cátedra universitaria vinculada a la Universidad Complutense de Madrid. En ese marco, ambos coincidieron en actividades formativas y reuniones de trabajo, sin que existiera una relación personal estrecha.
Gómez también afirmó no recordar detalles concretos sobre la firma de cartas de apoyo que formaban parte del expediente de adjudicación. Dichos documentos, habituales en procesos competitivos, habrían contribuido a mejorar la valoración técnica de la propuesta empresarial. No obstante, aseguró que desconocía el resultado final de los concursos y que nunca hizo seguimiento del proceso.
Además, negó haber tratado este asunto con figuras clave del Ejecutivo o responsables de la entidad adjudicadora, reforzando su posición de desvinculación respecto a cualquier decisión administrativa.
Una investigación centrada en la valoración técnica
La Fiscalía Europea mantiene el foco en posibles irregularidades en la fase de evaluación de las ofertas, especialmente en los criterios subjetivos que influyen en la puntuación final. En este sentido, informes previos apuntan a que la adjudicación pudo haberse visto favorecida por valoraciones discrecionales que beneficiaron a la unión de empresas vinculada a Barrabés.
Un análisis de la Intervención General de la Administración del Estado detectó posibles desviaciones en la asignación de puntos, señalando que se pudo haber incrementado de forma injustificada la puntuación de la oferta ganadora frente a otras competidoras.
Estas conclusiones han llevado a ampliar las diligencias, incluyendo la comparecencia de más de una veintena de testigos y la revisión detallada de los expedientes administrativos.
Un caso con dos frentes judiciales
El empresario Barrabés se encuentra en el centro de una doble investigación. Por un lado, la Fiscalía Europea analiza las adjudicaciones financiadas con fondos comunitarios. Por otro, un procedimiento en la jurisdicción española investiga posibles delitos relacionados con tráfico de influencias y actividades académicas vinculadas a la misma cátedra universitaria.
En este contexto, la declaración de Gómez se enmarca en la fase de recopilación de testimonios, sin que existan, por el momento, indicios directos contra ella en esta causa concreta. El objetivo principal de los investigadores es determinar si hubo trato de favor en la adjudicación de contratos públicos o si los procedimientos siguieron los cauces habituales.
La causa sigue abierta y pendiente de nuevas pruebas periciales que determinen si las adjudicaciones respondieron a criterios técnicos legítimos o si existieron desviaciones en el proceso. @mundiario