En esta administración, los impuestos de los ciudadanos se visibilizan en obras, servicios y apoyo a los que más lo necesitan, ejemplo de ello, es el arranque de la primera entrega de tarjetas del programa Hombres Bienestar 2026, que contempla 20 mil apoyos mismos que forman parte de una meta anual de 154 mil beneficiarios.
El proyecto, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Clara Brugada, no es menor en alcance ni en intención, pues apunta a un segmento específico, hombres de entre 60 y 64 años, un grupo que suele quedar en la antesala de la pensión universal federal y que, en muchos casos, enfrenta condiciones de vulnerabilidad laboral y de salud.
El monto que será de 3 mil pesos bimestrales por beneficiario, puede parecer acotado frente a las necesidades, pero adquiere relevancia en el contexto de una política social que privilegia la cobertura. No es casual que el programa cuente este año con un presupuesto de mil 700 millones de pesos, colocándose entre los de mayor alcance en la capital.
Más allá de la cifra, el diseño responde a una lógica de política social enfocada en cerrar brechas y evitar rezagos en una población que, por condiciones laborales y de salud, enfrenta mayor vulnerabilidad.
En este punto, la herramienta importa tanto como la política. El uso de tarjetas electrónicas no solo simplifica la operación para los beneficiarios, también introduce elementos clave como trazabilidad, control del gasto y reducción de costos administrativos. Es, en términos prácticos, la tecnificación de la política social.
Aquí entra un actor relevante, la valera Toka Internacional, presidida por Hugo Villanueva Cantón, que será la encargada de la dispersión de los apoyos. Su participación no es casual; tras presentar las mejores condiciones económicas, tecnológicas y de ahorro para las finanzas públicas, obtuvo la adjudicación del proceso.
Con más de 20 años de experiencia en medios de pago electrónicos y como proveedora de soluciones para distintos niveles de gobierno, la empresa se convierte en pieza operativa de un esquema que busca garantizar que los recursos lleguen a tiempo y sin intermediación.
*** Toluca prende el asador
Nos cuentan que en el sector turístico y gastronómico comienzan a frotarse las manos ante la llegada del Campeonato Mundial de Asadores Ancestrales México 2026, que tendrá como sede el Centro Dinámico Pegaso en Toluca. No es para menos. La reunión de más de 16 países y sus mejores exponentes del fuego tradicional no solo pondrá a México en el mapa culinario, sino que también podría detonar una derrama interesante en una temporada que suele ser irregular.
Dicen que detrás de la organización hay más de un actor que ve en este encuentro algo más que brasas y cortes, pues lo consideran una plataforma para posicionar al país como destino de experiencias gastronómicas con identidad.
Sin embargo, algunos operadores turísticos comentan que aún hay retos en logística, promoción y coordinación entre autoridades locales y federales para que el evento realmente alcance el impacto prometido.
Y es que, aunque la narrativa apunta a rescatar tradiciones milenarias y fortalecer el orgullo culinario, más de uno se pregunta si habrá la capacidad para convertir este escaparate en beneficios tangibles a largo plazo.
*** Rebeldía en Hacienda
TOME NOTA *** Para entender cómo se amarran los negocios en la Secretaría de Hacienda, hay que mirar de cerca la actuación de Emiliano Barros, el brazo ejecutor del titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Jorge Trejo. En la asignación para el servicio de aseo, se hizo gala de una rigurosidad selectiva que raya en lo absurdo.
Mientras a una de las empresas las echaron por omitir el nombre de un accionista, a Slycom le extendieron la alfombra roja para quedarse con el contrato AM-24-002/2026. El objetivo era impedir que el proceso llegara a la etapa de Ofertas Subsecuentes de Descuento, donde la competencia habría obligado a bajar los precios.
Al declarar "insolventes" a los demás por faltas de forma, se blindó un negocio de 24 millones de pesos. Ahora la pelota está en la cancha del Órgano Interno de Control y de la Secretaría Anticorrupción, de Raquel Buenrostro, donde deberán determinar si esta purga de competidores cumple con la legalidad o es una simulación para beneficiar al “Cártel de la limpieza”.
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