Ayer, 18 de marzo, inició la primera ronda formal de negociaciones bilaterales del T-MEC en Washington. El equipo de SE va a negociar el futuro económico de México. A pesar de la retórica gubernamental, entendible y esperable, la negociación del T-MEC no se va a ganar con argumentos comerciales ni diciendo que somos el mejor socio del mundo. Se va a ganar o perder según México resuelva —o no— el problema chino.
El T-MEC sustenta el 87% de nuestras exportaciones manufactureras, ancló una IED récord de 40,871 millones de dólares en 2025 y es el único andamio que sostiene la narrativa del nearshoring. El tratado vence el 1 de julio: si las partes no confirman su extensión, entramos en revisiones anuales, la muerte lenta de la certidumbre que necesita cualquier empresa para comprometer inversiones de diez o veinte años. El 24 de julio expiran los aranceles del 15% bajo la Sección 122, el parche de emergencia que usó Trump tras el fallo de la Corte Suprema que tumbó el IEEPA en febrero. Para entonces, el USTR necesita tener listas sus investigaciones Sección 301 —lanzadas el 11 de marzo contra 16 economías, México incluido, por exceso de capacidad manufacturera en acero, aluminio y vehículos. La agenda arancelaria de Washington y la revisión del T-MEC no son procesos paralelos. Son el mismo proceso.
La Secretaría de Economía ha anunciado que México va por aranceles cero y permanencia. Sheinbaum dice que todo lo que cumpla reglas de origen debe liberarse. Son posiciones razonables. Y responden a la pregunta equivocada. Lo que Washington pregunta no es cuánto exporta México: es de dónde viene lo que exporta. Las importaciones estadounidenses desde China cayeron cerca de 50% en 2025. Esos flujos no desaparecieron —se redireccionaron— y México es la ruta más eficiente. El China Cross-Border Monitor de Rhodium Group estima que la inversión china real en México supera los 13,000 millones de dólares, diez veces lo que reporta la Secretaría de Economía. BYD y Geely pujan por la planta Nissan-Mercedes en Aguascalientes. Hisense produce cuatro millones de televisores en Rosarito. Cuarenta proveedores chinos de autopartes ya operan en el país. Ninguna viola la ley, pero le dan argumentos a Washington para bloquear la extensión.
México fue el primer socio comercial de Estados Unidos por tercer año consecutivo y llega a esta mesa sin la única pieza que Washington ha pedido explícitamente: un mecanismo formal de filtrado de inversión equivalente al CFIUS. El Senado estadounidense tiene en comité el Protecting the USMCA from Harmful Chinese Investment Act, que ordenaría al USTR exigir a cada socio del tratado ese mismo mecanismo —el comité que en Estados Unidos bloquea inversiones que amenazan la seguridad nacional. México firmó un memorando con el Tesoro estadounidense en diciembre de 2023 comprometiéndose a crearlo. Dos años después, el mecanismo no existe.
Esta negociación no se resolverá con argumentos sobre déficits bilaterales ni con la retórica del socio confiable. Se resolverá cuando México decida si está dispuesto a crear ese filtro. Si se logra la extensión con un filtro creíble, la economía puede aspirar a algo más que el 0.8% que creció en 2025. Si el resultado son revisiones anuales, la incertidumbre paralizará exactamente las decisiones de inversión de largo plazo que el país más necesita. Del resultado de esta mesa depende el legado económico de este sexenio. Los aranceles al acero, los déficits bilaterales y el tono de Trump son, en comparación, ruido.