MORELIA, Mich., 19 de marzo de 2026.- Desde el grupo parlamentario del PRI en Michoacán se empuja una reforma constitucional que apunta a modificar el acceso al proceso legislativo, al plantear que organismos constitucionales autónomos puedan presentar iniciativas de ley de manera directa, sin depender de que un legislador o el Poder Ejecutivo las asuman.
La propuesta, presentada ante el Pleno por el diputado Santiago Sánchez Bautista, plantea adicionar una fracción sexta al artículo 36 de la Constitución Política del Estado, con el objetivo de ampliar el catálogo de sujetos con derecho de iniciativa y reconocer formalmente a estos entes dentro del diseño institucional con capacidad para proponer leyes en el ámbito de sus atribuciones.
En la exposición de motivos, el legislador sostiene que la reforma busca “fortalecer el marco constitucional del Estado”, al permitir que estos organismos participen de manera más activa en la construcción normativa.
El argumento central descansa en su perfil técnico: se trata, expone, de instituciones con “conocimiento técnico, experiencia directa y especialización en sus respectivas materias”, lo que, plantea, podría traducirse en propuestas más precisas y mejor enfocadas.
El documento deja ver que, en los hechos, estos organismos ya inciden en la generación de normas, pero lo hacen condicionados a un esquema de intermediación política.
Actualmente, aunque pueden formular propuestas, requieren que un diputado o el Ejecutivo las hagan suyas para que inicien formalmente su trámite legislativo.
Ese paso previo, reconoce la propia iniciativa, puede incidir en el destino de las propuestas: retrasarlas, modificarlas o incluso frenarlas antes de llegar a tribuna.
Como antecedente, el promovente cita el caso de la Fiscalía General del Estado, cuyas aportaciones fueron retomadas en la construcción de su ley orgánica, lo que evidencia que la participación de estos entes ya ocurre, pero sin reconocimiento constitucional expreso.
“Resulta necesario reconocer de manera expresa la facultad de estos organismos para presentar iniciativas de ley, en virtud de su autonomía y del papel que desempeñan dentro del diseño institucional del Estado”, se señala en el documento, que plantea formalizar una práctica que hoy opera de manera indirecta.
Actualmente, el artículo 36 de la Constitución local establece que el derecho de iniciativa corresponde al titular del Poder Ejecutivo, a las y los diputados, a los ayuntamientos y a la ciudadanía, esta última bajo mecanismos específicos.
La reforma propone ampliar ese listado para incorporar a organismos que, sin formar parte de los poderes tradicionales, tienen funciones clave en la vida pública estatal.
Sánchez Bautista argumenta que esta modificación permitiría “ampliar la participación institucional en el proceso legislativo” y fortalecer la calidad de las leyes, al integrar de manera directa a quienes operan y conocen de primera mano los problemas públicos en ámbitos especializados.
La iniciativa se inscribe además en una lógica que ya ha sido adoptada en otras entidades federativas.
Se citan los casos de la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Oaxaca y Guerrero, donde estos organismos cuentan con la facultad de promover iniciativas en el ámbito de sus competencias.
Más allá del argumento técnico, la propuesta perfila un ajuste en la dinámica interna del Congreso, al reducir la necesidad de intermediación política para que determinadas propuestas lleguen a tribuna, lo que podría incidir en los tiempos, los acuerdos y la forma en que se construye la agenda legislativa.
De aprobarse, los organismos constitucionales autónomos tendrían acceso directo al proceso de iniciativa, sin alterar la facultad exclusiva del Poder Legislativo para discutir, modificar y aprobar las leyes.
Tras su presentación, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se analizará si ha lugar a admitirla a discusión.
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