La ofensiva migratoria impulsada por Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca empieza a dejar una de sus consecuencias más sensibles y controvertidas: el impacto directo sobre miles de familias y menores de edad en Estados Unidos. Aunque la Administración republicana insiste en que su política de deportaciones no promueve la separación familiar, un nuevo análisis del Brookings Institution apunta justo en la dirección contraria.
Entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de abril de 2026, las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) derivaron en unas 400.000 detenciones de migrantes dentro del país. Según las estimaciones del informe, estas actuaciones afectaron a más de 200.000 menores, que vieron cómo al menos uno de sus progenitores era arrestado. De ellos, alrededor de 145.000 son ciudadanos estadounidenses.
El dato más delicado afecta a más de 22.000 niños que habrían sufrido la detención de ambos padres. Además, el estudio advierte de que el 36% de los menores afectados tiene menos de seis años, una franja especialmente vulnerable a las secuelas emocionales y psicológicas derivadas de las separaciones forzadas.
El contraste entre el discurso oficial y las imágenes de las redadas
La Casa Blanca ha defendido en reiteradas ocasiones que existen protocolos para evitar daños a los menores durante las operaciones migratorias. Las directrices del ICE establecen que los agentes deben preguntar si las personas detenidas tienen hijos y valorar alternativas antes de ejecutar una deportación.
Sin embargo, el informe sostiene que, en la práctica, esas medidas rara vez se aplican de forma sistemática. Durante los últimos meses se han multiplicado los vídeos y testimonios de padres detenidos frente a sus hijos en redadas realizadas en viviendas, carreteras o centros de trabajo. En muchos casos, el destino inmediato de los menores queda difuso o depende de familiares igualmente vulnerables por su situación migratoria.
El miedo también influye. Muchos migrantes, según recoge el análisis, evitan informar a las autoridades de que tienen hijos por temor a que los menores terminen bajo custodia estatal o sufran consecuencias aún más graves.
Casos extremos que han reabierto el debate
La presión sobre la política migratoria estadounidense ha aumentado tras varios casos especialmente dramáticos conocidos en las últimas semanas.
Uno de ellos es el de una niña de tres años que sufrió abusos sexuales en la casa de acogida donde fue enviada después de que su madre fuera deportada, mientras su padre permanecía en Estados Unidos intentando recuperarla.
Otro caso que ha conmocionado al país es el de Orlin Hernández Reyes, un menor de tres años fallecido en marzo en Honduras después de haber sido entregado a un tío tras la deportación de su madre. Según informó The Washington Post, la autopsia reveló múltiples fracturas y signos de violencia extrema. La madre del niño, Wendy Hernández, aseguró que pidió reiteradamente reunirse con su hijo antes de ser expulsada de Estados Unidos, pero sus solicitudes no fueron atendidas.
Las autoridades migratorias estadounidenses responsabilizaron inicialmente a la mujer de haber dejado al menor con el presunto agresor, aunque documentos judiciales y el propio testimonio de Hernández contradicen esa versión.
Un problema mucho mayor de lo que reflejan los datos oficiales
El estudio de Brookings sostiene que las cifras oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no reflejan la verdadera dimensión del problema. El Gobierno estadounidense reconoció únicamente 18.277 casos de padres detenidos con hijos ciudadanos estadounidenses durante el año fiscal 2025, una cifra que la autora del informe considera claramente inferior a la realidad.
La investigadora Maria Cancian, profesora de Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown, denuncia la ausencia de registros completos sobre cuántos menores quedan separados de sus familias o cuántos abandonan el país junto a sus progenitores deportados.
“La ausencia de datos coherentes y exhaustivos oculta la verdadera magnitud del impacto”, sostiene el informe, que reclama mecanismos de protección específicos para los menores afectados por las redadas migratorias.
Menores estadounidenses atrapados entre dos países
La situación resulta especialmente compleja en el caso de los hijos nacidos en Estados Unidos. La Administración Trump asegura que ofrece a los padres deportados la posibilidad de llevarse consigo a sus hijos ciudadanos estadounidenses para evitar separaciones familiares.
Pero organizaciones de derechos humanos y abogados migratorios denuncian que muchas familias no reciben información suficiente ni tiempo para gestionar documentación básica como pasaportes, permisos de viaje o autorizaciones legales. Otros padres aseguran que fueron deportados sin poder decidir el destino de sus hijos.
También se han documentado casos inversos: menores estadounidenses expulsados junto a sus madres pese a que estas querían que permanecieran en el país para garantizarles mejores oportunidades.
El temor a una crisis mayor
Las previsiones de los expertos apuntan a que el impacto podría agravarse. En Estados Unidos viven actualmente unos 13 millones de adultos indocumentados y más de 4,6 millones de menores estadounidenses conviven con al menos un progenitor en riesgo de deportación.
Según el informe, alrededor de 2,5 millones de niños podrían llegar a experimentar la detención de todos los adultos responsables de su cuidado en el peor de los escenarios.
La preocupación aumenta después de que el Congreso aprobara una partida de 45.000 millones de dólares destinada a ampliar la capacidad de detención migratoria dentro de la llamada “Gran y Hermosa Ley”, impulsada por la Administración republicana.
Para los investigadores, el debate ya no se limita al control migratorio. La cuestión central pasa ahora por el coste humano de unas políticas que están dejando a miles de menores atrapados entre procesos judiciales, separaciones forzadas y sistemas de acogida incapaces de absorber una crisis de esta magnitud. @mundiario