La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el marco del caso Plus Ultra ha provocado un auténtico terremoto político en España. Pero más allá de las implicaciones judiciales personales del antiguo líder socialista, la verdadera dimensión del episodio reside en su impacto sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, que afronta probablemente una de las crisis más delicadas desde su llegada a La Moncloa.
La investigación del juez José Luis Calama sobre el presunto desvío y lavado de parte de los 53 millones de euros concedidos a Plus Ultra Líneas Aéreas tras la pandemia sitúa por primera vez en democracia a un expresidente ante una causa de corrupción de esta naturaleza. Pero el alcance político del caso no se explica únicamente por la gravedad de los delitos investigados. Se explica, sobre todo, porque Zapatero no es una figura retirada ni marginal dentro del PSOE actual. Al contrario: es uno de los pilares políticos, estratégicos e incluso emocionales del llamado sanchismo.
Durante los últimos años, Zapatero se ha convertido en un actor clave dentro del ecosistema político de Sánchez. Fue decisivo en la movilización electoral de la izquierda en las generales de 2023, se transformó en uno de los grandes activos del PSOE en campaña y asumió además funciones de enorme sensibilidad política, especialmente en la interlocución con el independentismo catalán y con Carles Puigdemont. Su influencia en la arquitectura política de la legislatura ha sido constante, aunque muchas veces discreta.
La investigación contra Zapatero golpea directamente al principal referente político e ideológico del actual sanchismo
Por eso la conmoción dentro del Ejecutivo es tan profunda. La investigación no afecta a una figura simbólica del pasado, sino a alguien plenamente integrado en la estrategia política del presente. La reacción inicial del Gobierno —mezcla de desconcierto, cautela y defensa cerrada del expresidente— refleja precisamente esa dimensión. En Moncloa nadie parece dispuesto a abandonar políticamente a Zapatero. Más bien al contrario: el Ejecutivo da por hecho que la batalla será tanto judicial como política y mediática.
El problema para Sánchez es que el caso ofrece a la oposición una oportunidad extraordinaria para consolidar un relato de desgaste moral del Gobierno. El PP ha reaccionado con dureza inmediata. El portavoz popular, Miguel Tellado, habló de una situación “de gravedad extrema” y vinculó directamente la imputación con el núcleo político de Sánchez. En la misma línea, la portavoz popular en el Senado, Alicia García, presentó el caso como la prueba definitiva de que el presidente está “rodeado de corrupción, escándalos y presuntas tramas”.
El PP eleva la presión sobre Moncloa mientras Vox reclama ya una moción de censura
El PP percibe que esta investigación le permite atacar uno de los puntos más sensibles del sanchismo: su construcción de legitimidad ética frente a la corrupción histórica asociada durante años al Partido Popular. La estrategia popular apunta a erosionar precisamente ese capital moral, sugiriendo que el PSOE habría terminado atrapado en las mismas dinámicas de poder y relaciones opacas que durante décadas denunció en sus adversarios.
Más agresiva aún ha sido la reacción de Ignacio Garriga, que exige al PP una moción de censura inmediata. Sin embargo, los populares saben que una iniciativa de ese tipo carecería hoy de viabilidad parlamentaria y podría acabar fortaleciendo a Sánchez si fracasa de forma contundente. La dirección del PP parece inclinarse, al menos por ahora, por una estrategia de desgaste continuo, presión institucional y explotación política prolongada del caso.
Entretanto, el PSOE intenta construir un relato defensivo basado en dos ideas principales: la presunción de inocencia y la denuncia de una supuesta persecución judicial y política. La portavoz socialista, Montse Mínguez, dejó entrever esa línea argumental al afirmar que “no pararán”, sugiriendo que determinados sectores buscan debilitar al Gobierno utilizando los tribunales y las filtraciones mediáticas.
Ese discurso conecta además con la tesis mantenida desde hace meses por el Ejecutivo respecto a varias investigaciones que afectan al entorno socialista: la idea de que determinadas organizaciones ultraderechistas, como Manos Limpias, estarían impulsando causas judiciales con una clara intencionalidad política. El problema para el Gobierno es que, incluso aunque esa percepción exista en parte de su electorado, la gravedad simbólica de ver investigado a un expresidente dificulta enormemente cualquier intento de reducir el caso únicamente a una operación política.
Comparación inevitable con Felipe González
A todo ello se suma otro elemento especialmente incómodo para Sánchez: la comparación inevitable con Felipe González. Mientras González se ha distanciado públicamente del actual liderazgo socialista, Zapatero se convirtió en el gran referente político y emocional del sanchismo. La imputación, por tanto, golpea precisamente al expresidente que más legitimaba el proyecto político de Sánchez.
La gran incógnita ahora no es solo judicial, sino política. El Gobierno insiste en que todavía se desconocen las pruebas concretas que sostienen las acusaciones y recuerda que el rescate de Plus Ultra fue sometido a múltiples controles institucionales. Pero en política la percepción suele avanzar mucho más rápido que las resoluciones judiciales. Y la imagen de registros policiales en oficinas vinculadas al expresidente y a empresas de su entorno resulta devastadora para cualquier estrategia de contención.
España entra así en una fase de enorme tensión política en la que el caso Plus Ultra amenaza con convertirse en algo mucho más amplio que una investigación financiera. Lo que está en juego no es únicamente la responsabilidad penal de determinados actores, sino también la continuidad de un Gobierno que había hecho de la regeneración democrática uno de sus principales argumentos políticos. @mundiario