La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el llamado caso Plus Ultra ha provocado una sacudida política de enormes dimensiones en plena tensión institucional entre Gobierno y oposición. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama considera que existen indicios suficientes para investigar al expresidente socialista por su presunta participación en una estructura organizada dedicada al tráfico de influencias y relacionada con el rescate público de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.
El magistrado ha levantado el secreto de sumario y ha citado a Zapatero a declarar como investigado el próximo 2 de junio. En un auto de gran dureza, el instructor sostiene que el expresidente habría liderado una red “estable y jerarquizada” orientada a favorecer intereses empresariales mediante contactos políticos y mediaciones ante organismos públicos. La investigación apunta especialmente al papel desempeñado en la concesión de los 53 millones de euros otorgados a Plus Ultra con cargo al fondo estatal de apoyo a empresas estratégicas.
Según el juez, la trama habría utilizado sociedades interpuestas, contratos presuntamente simulados y movimientos financieros opacos para canalizar pagos y ocultar el origen del dinero. El auto describe una organización en la que distintos intermediarios desempeñaban funciones específicas para facilitar el acceso a altos cargos de la Administración y acelerar decisiones favorables a determinadas compañías.
Uno de los aspectos más delicados de la investigación es la supuesta existencia de contraprestaciones económicas vinculadas a la actividad de influencia. El juez menciona pagos realizados a través de entramados societarios controlados por empresarios próximos al entorno del expresidente, lo que, a su juicio, reforzaría la hipótesis de que existía una relación directa entre las gestiones políticas y los beneficios económicos obtenidos.
La resolución judicial ha golpeado de lleno al PSOE y ha obligado a Pedro Sánchez a reaccionar públicamente para cerrar filas con quien sigue siendo una figura histórica del socialismo español. El presidente del Gobierno trasladó a la ejecutiva federal de su partido un mensaje interno en el que reconocía que atraviesan “momentos duros”, pero pidió a los dirigentes socialistas “defender el buen nombre de Zapatero”.
La dirección socialista ha optado por una estrategia de apoyo total al expresidente y ha insistido en la presunción de inocencia. Desde Moncloa, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, defendió que las ayudas concedidas durante la pandemia fueron avaladas por las instituciones europeas y por los órganos de control nacionales, subrayando que aquellos rescates sirvieron para salvar empresas y puestos de trabajo en una situación económica excepcional.
Dentro del PSOE, el cierre de filas ha sido inmediato. La secretaria de Organización, Rebeca Torró, interpretó la imputación como un ataque político contra todo el partido y pidió a la militancia mantener la “cabeza alta”. En los mensajes internos de la dirección socialista se percibe una mezcla de preocupación y resistencia ante una causa judicial que amenaza con convertirse en una bomba política de primer orden.
Mientras tanto, la oposición ha aprovechado el terremoto judicial para intensificar la ofensiva contra Sánchez. El PP calificó la imputación de Zapatero como un asunto de “gravedad extrema” y exigió explicaciones inmediatas al presidente del Gobierno. Los populares consideran que el caso golpea directamente la credibilidad del Ejecutivo y alimenta la imagen de deterioro institucional que intentan proyectar sobre el PSOE.
Vox fue todavía más lejos. Santiago Abascal aseguró que la situación hace “imprescindible” una moción de censura contra Sánchez y presionó al PP para que dé el paso. Desde la formación de extrema derecha sostienen que no tendría sentido mantener la actual legislatura después de una imputación que afecta a un expresidente socialista y salpica a figuras próximas al núcleo del poder.
La investigación judicial también vuelve a poner el foco sobre el polémico rescate de Plus Ultra, una operación que desde el principio estuvo rodeada de controversia política y sospechas sobre la viabilidad real de la compañía. La aerolínea recibió ayudas públicas millonarias pese a las críticas de la oposición y a las dudas planteadas sobre su carácter estratégico para la economía española.
Ahora, la causa judicial amenaza con transformar aquel debate político en un escándalo de consecuencias imprevisibles. El juez sostiene que existió una actuación coordinada para influir en la decisión administrativa y facilitar el desembolso de fondos públicos, apoyándose para ello en contactos privilegiados y acceso anticipado a información sensible.
La citación de Zapatero abre un escenario explosivo para el PSOE en un momento especialmente delicado para el Gobierno. Aunque en Ferraz intentan transmitir serenidad y denunciar una ofensiva política y mediática contra el partido, la imagen de un expresidente socialista investigado por organización criminal y tráfico de influencias supone un golpe de enorme impacto simbólico y mediático.
A la espera de la declaración prevista para comienzos de junio, el caso amenaza con dominar la agenda política de las próximas semanas y con elevar aún más la confrontación entre Gobierno y oposición en un clima ya marcado por la polarización extrema. @mundiario