La investigación del caso Plus Ultra ha dejado de ser únicamente un debate sobre la conveniencia política del rescate público de una aerolínea en plena pandemia para convertirse en una causa judicial de enorme alcance institucional. El auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, junto con los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), dibuja un escenario en el que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero aparece situado en el centro de una presunta estructura de tráfico de influencias bautizada policialmente como “Operación Tíbet”.
La resolución judicial sostiene que el exlíder socialista habría actuado como “vértice” de una red internacional dedicada a intermediar ante organismos públicos españoles y extranjeros para favorecer intereses empresariales a cambio de contraprestaciones económicas. La gravedad de la investigación no reside únicamente en los delitos que se indagan —tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal—, sino en el sentido histórico de ver por primera vez a un expresidente del Gobierno citado como investigado en una causa de corrupción de semejante magnitud.
Uno de los elementos más delicados del sumario son las conversaciones intervenidas y atribuidas a directivos y empresarios vinculados a Plus Ultra Líneas Aéreas. En esos mensajes, el expresidente aparece citado con apelativos como “ZP”, “el tocayo” o “nuestro pana Zapatero”, en un tono de familiaridad que, según el juez, evidenciaría la cercanía entre el entorno empresarial y el exdirigente socialista.
La Audiencia Nacional considera especialmente relevante un mensaje enviado por el empresario Rodolfo Reyes tras reunirse con altos cargos del Ministerio de Transportes. En él afirmaba que el buen trato del ministerio estaba “asegurado” gracias a la mediación de Zapatero: “Sí bro. Nuestro pana Zapatero detrás”. Para los investigadores, estas conversaciones apuntan a que el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea en marzo de 2021 no habría seguido exclusivamente los cauces administrativos ordinarios.
El magistrado interpreta además que algunos empresarios conocían con antelación el resultado favorable del rescate antes incluso de que el Consejo de Ministros lo aprobara formalmente. Ese acceso anticipado a información sensible constituye uno de los pilares sobre los que se sostiene la hipótesis judicial de una red organizada de influencias.
La “boutique financiera” y el supuesto circuito de comisiones
Otro de los aspectos más controvertidos de la investigación son las referencias internas al entramado societario utilizado para canalizar pagos. Los investigadores destacan conversaciones donde los implicados hablaban de una “finance boutique” o “boutique financiera”, expresión que la UDEF interpreta como una estructura diseñada para distribuir fondos y ocultar su trazabilidad. “Vas a estar en la conversación con Zapatero?”, pregunta el accionista Reyes, a lo que el CEO Roberto Roselli contesta que “no con él directo, hablo con un lacayo. Pues ya le dijo a Julio que montaron su finance boutique. Así que por ahí vendrá la mordida”.
Según el auto, la presunta trama habría articulado sociedades instrumentales en España y en el extranjero para mover dinero procedente de contratos de consultoría y asesoramiento considerados por el juez como “simulados” o carentes de contenido económico real. En este contexto adquieren relevancia las empresas vinculadas al empresario Julio Martínez Martínez —amigo personal de Zapatero— y la mercantil Whathefav, administrada por las hijas del expresidente.
La investigación sostiene que una parte sustancial de los fondos relacionados con el rescate de Plus Ultra terminó en sociedades vinculadas al entorno personal del exmandatario socialista. El juez describe una estructura financiera compleja con transferencias entre múltiples empresas, pagos cruzados y operaciones internacionales que incluirían incluso la constitución de sociedades en Dubái.
El contrato por el cual la sociedad Idella Consulenza Strategica iba a percibir el 1 % del rescate —unos 530.000 euros— aparece como uno de los documentos clave del procedimiento. Para los investigadores, ese porcentaje representaría la contraprestación por las gestiones realizadas para desbloquear la ayuda pública.
El despacho de Ferraz como supuesto “centro de operaciones”
El auto judicial también concede especial importancia al papel de la oficina que Zapatero mantiene en la calle Ferraz, registrada por la Policía Nacional durante el despliegue de la Operación Tíbet. El magistrado sostiene que desde allí se coordinaban comunicaciones, documentación y operaciones financieras relacionadas con la red investigada.
La resolución judicial describe el despacho como un “centro de coordinación” desde el que presuntamente se impartían instrucciones a colaboradores y sociedades instrumentales. En la estructura señalada por el juez aparecen nombres como el empresario ‘Julito’ Martínez, la secretaria del expresidente María Gertrudis Alcázar y otros intermediarios vinculados a operaciones empresariales internacionales.
La dimensión internacional del caso es otro de los elementos que elevan la gravedad política y judicial de la investigación. El sumario revela que la Homeland Security Investigations (HSI) de EE UU colaboró con la Policía española aportando información extraída de dispositivos móviles incautados a empresarios relacionados con la aerolínea. El caso se deriva, además, de una solicitud de cooperación por parte de las fiscalías de Francia y Suiza, que investigan las redes de lavado de dinero provenientes de Venezuela. @mundiario
