La decisión de la Audiencia Nacional de imputar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta implicación en la trama vinculada al rescate de la aerolínea Plus Ultra ha provocado una sacudida política, judicial e institucional de primer nivel en España.
El auto del juez José Luis Calama no solo sitúa al antiguo líder socialista en el centro de una supuesta red de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, sino que además atribuye al expresidente y a su entorno familiar el cobro de cerca de dos millones de euros entre 2020 y 2025 a través de diferentes sociedades relacionadas con la investigación.
La resolución judicial, de enorme impacto político, abre un escenario sin precedentes en la democracia española reciente ya que, por primera vez, un expresidente del Gobierno queda formalmente investigado por presuntos delitos de corrupción económica ligados a decisiones adoptadas durante una etapa de emergencia nacional como fue la pandemia.
Aunque el procedimiento se encuentra todavía en fase de instrucción y el principio de presunción de inocencia continúa siendo plenamente aplicable, la dimensión política del caso ya ha desencadenado una tormenta de consecuencias imprevisibles para el PSOE y para el Gobierno de Pedro Sánchez.
Tráfico de influencias, sociedades instrumentales y pagos millonarios
El magistrado sostiene en su auto que Zapatero habría liderado una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” destinada a obtener beneficios económicos mediante la intermediación ante organismos públicos en favor de empresas privadas, especialmente Plus Ultra, beneficiaria de un rescate público de 53 millones de euros aprobado en 2021 por la SEPI.
Según la investigación, la presunta trama habría utilizado una compleja red de sociedades instrumentales, contratos de consultoría, facturación supuestamente simulada y estructuras financieras internacionales para canalizar fondos y dificultar su trazabilidad. El juez considera que los pagos investigados no serían meras contraprestaciones profesionales ordinarias, sino posibles retribuciones derivadas de labores de influencia política y acceso privilegiado a la Administración.
El auto detalla transferencias que alcanzarían los 1,95 millones de euros. De esa cantidad, aproximadamente 1.52 millones habrían terminado en cuentas vinculadas al expresidente, mientras que otros 423.000 euros habrían sido percibidos por Whathefav, empresa de publicidad y relaciones públicas administrada por sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa.
La investigación coloca en el centro de la operativa a la consultora Análisis Relevante, propiedad del empresario Julio ‘Julito’ Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero. Según el juez, esta mercantil recibió fondos procedentes de Plus Ultra y posteriormente transfirió importantes cantidades tanto al expresidente como a la empresa de sus hijas bajo conceptos relacionados con asesorías y trabajos de consultoría. A ello se sumarían pagos procedentes de Gate Center y del grupo Thinking Heads, empresas que han defendido públicamente la legalidad de sus contratos y la existencia de servicios efectivamente prestados.
Whathefav y el papel familiar de Zapatero
Uno de los aspectos más sensibles del auto judicial es la implicación de Whathefav, la sociedad propiedad de las hijas del expresidente. El juez considera que existen “indicios sólidos” de que la empresa habría actuado como “canalizador financiero” y como centro de redistribución de fondos vinculados presuntamente a la trama investigada.
La resolución sostiene que la sociedad recibía pagos de distintas empresas relacionadas con el entorno empresarial investigado y que parte de esas operaciones podrían haberse sustentado en contratos elaborados para justificar movimientos económicos previamente acordados. La empresa, creada en 2018 y dedicada oficialmente a publicidad y relaciones públicas, experimentó un fuerte incremento de ingresos en los últimos ejercicios, coincidiendo temporalmente con los pagos bajo sospecha que analiza la Audiencia Nacional.
Sin embargo, la defensa de Zapatero ha insistido desde hace meses en que tanto él como sus hijas desarrollaban actividades mercantiles reales y legales. El expresidente ya explicó en el Senado que Whathefav se encargaba de tareas de maquetación y distribución de informes de consultoría elaborados en el marco de su trabajo profesional privado, y que él mismo había recomendado al equipo de la empresa la contratación de sus hijas para ello.
El rescate de Plus Ultra vuelve a los tribunales
La causa judicial revive además uno de los episodios más controvertidos de la gestión económica de la pandemia: el rescate público de Plus Ultra mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI, el brazo empresarial del Estado bajo responsabilidad del Ministerio de Hacienda. Desde el principio, la oposición cuestionó la consideración de “empresa estratégica” concedida a la aerolínea, así como la conveniencia de destinar 53 millones de euros de fondos públicos a una compañía con una cuota reducida en el mercado español.
Ahora, el juez sostiene que Plus Ultra habría desplegado dos líneas paralelas de influencia para lograr el rescate. Una estaría vinculada al entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos y otra supuestamente articulada en torno a Zapatero. Según el auto, esta segunda vía habría adquirido un “papel predominante” en la consecución de la ayuda pública.
La resolución también hace referencia a mensajes interceptados en los que algunos investigados celebraban la aprobación del rescate semanas antes de que el Consejo Gestor formalizara oficialmente la decisión, un elemento que el magistrado interpreta como indicio de acceso privilegiado a información sensible.
Dubái, sociedades offshore y sospechas de blanqueo
Otro de los elementos más delicados del procedimiento es la presunta creación de una estructura societaria en Dubái destinada a canalizar fondos fuera de España.
El juez menciona la constitución de Landside Dubai Fzco —o Landside Middle East Fzco—, vinculada a Idella Consulenza Strategica, empresa administrada por Julio Martínez. Esta última habría firmado un contrato con Plus Ultra para percibir el 1 % del importe total del rescate, es decir, unos 530.000 euros.
La Audiencia Nacional considera relevante la proximidad temporal entre la firma de dicho contrato y la constitución de la sociedad dubaití. Para el magistrado, la ausencia de rastros de pagos en territorio español refuerza la hipótesis de que la estructura offshore habría sido diseñada para ocultar el destino final de los fondos.
El auto sostiene que este patrón coincide con mecanismos habituales de blanqueo de capitales: utilización de jurisdicciones de baja transparencia, estructuras fiduciarias y desconexión deliberada entre el origen y el destino del dinero. @mundiario