La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra ha colocado nuevamente en el centro del debate público a un nombre que hasta hace poco permanecía relativamente alejado del foco mediático: José Luis Calama. Titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, el magistrado ha construido durante años una carrera caracterizada por investigaciones complejas, silenciosas y de fuerte repercusión política y económica.
Su decisión de citar como investigado al expresidente socialista el próximo 2 de junio marca un precedente histórico: será la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno español declare ante un juez en calidad de imputado. Pero más allá del terremoto político provocado por el caso Plus Ultra, la figura de Calama ya llevaba tiempo ocupando un lugar clave dentro de la justicia española.
José Luis Calama llegó a la Audiencia Nacional en 2018 después de tres décadas de carrera judicial. Antes había ejercido en distintos órganos judiciales, incluido el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Desde su aterrizaje en la Audiencia Nacional, su despacho ha asumido investigaciones relacionadas con terrorismo, delitos económicos, cibercriminalidad, espionaje y grandes escándalos financieros.
Entre los asuntos más mediáticos que ha dirigido destaca la investigación del gran apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, cuando la Península Ibérica quedó parcialmente sin suministro energético. Calama abrió diligencias de oficio para determinar si detrás del fallo existía un posible ataque “ciberterrorista”. La causa se desarrolló bajo secreto y terminó archivada tras concluir que no existían indicios suficientes de sabotaje.
Ese procedimiento consolidó una imagen que distintas fuentes jurídicas repiten al describirlo: un juez extremadamente prudente, meticuloso y poco dado a las declaraciones públicas.
Otro de los expedientes que reforzó su relevancia institucional fue la investigación sobre el espionaje con el software Pegasus a miembros del Gobierno de Pedro Sánchez. Bajo su dirección judicial se analizó la intrusión sufrida por los teléfonos móviles del presidente y varios ministros.
La resolución evidenció además el interés creciente de Calama por fenómenos relacionados con la ciberseguridad y los nuevos métodos de criminalidad digital. Esa especialización también quedó reflejada en investigaciones como el caso Arbistar, una macroestafa piramidal vinculada a criptomonedas que afectó a decenas de miles de inversores.
Plus Ultra y el salto definitivo al centro político
El magistrado Calama también fue el encargado de acorralar judicialmente al eurodiputado Alvise Pérez por presunta financiación ilegal. La causa penal nació en su juzgado a raíz de la macroestafa de criptomonedas de la plataforma Madeira Invest Club, cuyo cerebro, Álvaro Romillo (apodado CryptoSpain), estaba siendo investigado por Calama por un fraude de más de 185 millones de euros.
Sin embargo, ninguna de las investigaciones anteriores alcanza la dimensión política del caso Plus Ultra. En un auto de 85 páginas, Calama sostiene que existen indicios de una “trama organizada de ejercicio ilícito de influencias” presuntamente liderada por Zapatero para favorecer intereses empresariales relacionados con el rescate de la aerolínea.
El magistrado describe una supuesta estructura “estable y jerarquizada” dedicada a obtener “beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas”. Según la investigación, dicha red habría utilizado sociedades instrumentales, contratos simulados y circuitos financieros opacos para canalizar pagos y contraprestaciones económicas.
La decisión de imputar al expresidente ha generado un enorme impacto político porque Zapatero mantiene una influencia directa dentro del actual PSOE y del entorno de Pedro Sánchez. El exmandatario no solo ha sido una figura clave del llamado “sanchismo”, sino también un actor importante en negociaciones políticas recientes, especialmente en la interlocución con el independentismo catalán.
Frente a las acusaciones, Zapatero ha defendido públicamente su inocencia y ha insistido en que: “Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública en relación con el rescate de Plus Ultra”.
Un perfil reservado y garantista
Dentro del ámbito judicial, Calama es descrito por compañeros y abogados como un magistrado “discreto”, “exhaustivo” y “garantista”. Quienes han trabajado con él destacan su tendencia a construir procedimientos muy documentados y técnicamente sólidos, evitando filtraciones y declaraciones públicas.
Esa prudencia no le ha impedido asumir investigaciones extremadamente delicadas. También ha instruido causas relacionadas con el Banco Popular, la financiación irregular de agrupaciones políticas y grandes fraudes financieros. En 2024 propuso juzgar al expresidente del Banco Popular Ángel Ron y a varios directivos por presunta estafa a inversores y falsedad contable.
Incluso en asuntos con fuerte carga ideológica o política, distintas fuentes coinciden en señalar que Calama ha evitado posicionamientos públicos.
En paralelo, el caso Plus Ultra conecta con una cuestión todavía más amplia: la gestión de los fondos públicos movilizados durante la pandemia y las sospechas sobre posibles redes de influencia surgidas alrededor de algunos rescates empresariales. @mundiario