Guanajuato.- El movimiento “Resistencia Ciudadana” rechazó la contratación de despachos externos que hizo el Gobierno del Estado para evaluar la concesión de la autopista Silao-San Miguel de Allende con el paquete de la vía Guanajuato-Silao.
Integrantes de este movimiento se reunieron este martes con autoridades estatales e insistieron en que se realice una auditoría integral externa que garantice la rendición de cuentas y la detección de responsabilidades, y no solo una evaluación.
Foto. Cortesía Resistencia Ciudadana
“Protegen a Diego Sinhue”
Les informaron que lo que hará el Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (Iplaneg) será una evaluación externa al proceso de preinversión, estructuración y licitación de la autopista Silao-San Miguel, así como el aprovechamiento del activo de la autopista Guanajuato-Silao.
“Lo que están haciendo ellos es buscar un respaldo un poco más independiente de que todo lo que se hizo estuvo bien, o sea seguir protegiendo al exgobernador (Diego Sinhue Rodríguez Vallejo)”, opinó Carlos Arce Macías, uno de los activistas.
A través de una infografía, el movimiento “Resistencia Ciudadana” explicó lo que para ellos hay de diferencia de fondo entre una evaluación y una auditoría integral.
“Una auditoría integral no se limita a revisar expedientes, reconstruye la lógica económica, contractual y pública de toda la concesión”, citan.
Cumplimiento documental
Consideran que la evaluación anunciada técnica, financiera y legal a las etapas del proceso sirve para documentar el cumplimiento documental, procedimientos administrativos, congruencia técnica y normativa y la revisión de la licitación.
Pero no necesariamente reconstruye el valor económico real del sistema concesional, la rentabilidad total generada por ambos activos, el equilibrio de riesgos entre Estado y concesionario, el impacto sobre usuarios y movilidad, y los efectos sobre finanzas públicas y el patrimonio estatal.
Exigen un mecanismo vinculante y profundo
En un comunicado el colectivo reiteró que este proceso “debe de mantener el rigor y alcance de una auditoría integral externa, tal como lo propusieron la Gobernadora en la reunión del 6 de abril y diputados del Congreso del Estado. La ciudadanía y el Poder Legislativo exigen un mecanismo vinculante y profundo que delimite responsabilidades ante los presuntos sobrecostos e irregularidades”.
Además los ciudadanos solicitaron formalmente la entrega del informe en el cual la Gobernadora se basó para defender la legalidad de la concesión y descartar la interposición de un juicio de lesividad.
Consultado por AM sobre este encuentro, el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, compartió que ahí se reiteró que el Gobierno del Estado mantiene en curso una revisión técnica y jurídica seria y responsable, orientada a brindar certeza a la ciudadanía y garantizar total transparencia.
Y que, además del análisis especializado que se desarrolla, el Gobierno del Estado mantiene apertura permanente al diálogo con los distintos sectores involucrados.
Los despachos contratados
En la reunión les informaron de la selección de las firmas externas que contrataron:
–Vertiente legal: Despacho CMS Woodhouse Lorente Ludlow S.C, para la elaboración del dictamen jurídico.
–Vertiente técnica: La propuesta con mayor puntuación correspondió a la firma Triada (Diseño, Gerencia y Construcción).
–Vertiente financiera: Se informó que este proceso tuvo que ser reiniciado debido a que las firmas contempladas al inicio se excusaron de participar, algunas de ellas para evitar conflictos de interés. Las autoridades fijaron el 21 de mayo de 2026 como fecha límite para recibir las nuevas propuestas técnicas y económicas de los despachos participantes.
No hubo acuerdos con activistas
“Resistencia Ciudadana” apuntó que no se les dio a conocer previamente el diseño de los trabajos ni los términos de referencia de dichas contrataciones, por lo que no se alcanzaron acuerdos definitivos sobre el alcance de la evaluación. Sin embargo, ambas partes coincidieron que por el momento se mantendrá el espacio de diálogo.
La mesa con el colectivo estuvo encabezada por el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, acompañado por representantes de la Secretaría de Obras Públicas, la Consejería Jurídica, la Procuraduría Fiscal y la directora general del Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (Iplaneg), Graciela Amaro Hernández.
El Gobierno del Estado prevé que, una vez concluidas la totalidad de las contrataciones, se proceda a la instalación de mesas de trabajo conjuntas.
Iplaneg, a evaluar
En una ficha previa enviada por el Iplaneg a AM, explican que el Instituto cuenta con las atribuciones para coordinar evaluaciones de programas y acciones de gobierno, conforme al Sistema de Evaluación del Estado de Guanajuato.
Y que esta evaluación tendrá como objetivo analizar si el proceso se desarrolló bajo criterios de eficiencia, transparencia, competencia y apego a la normatividad, asegurando que las decisiones adoptadas maximicen el beneficio público.
Los despachos aportarán una visión técnica independiente, bajo tres enfoques:
• Técnico, para analizar los aspectos del proyecto, incluyendo demanda, derecho de vía y procesos de consulta social.
• Financiero, para revisar la consistencia del modelo económico y su alineación con las prácticas del mercado.
• Normativo, para evaluar la fundamentación legal y la congruencia del marco jurídico aplicable.
Una vez contratados, el periodo estimado para el desarrollo de la evaluación será de aproximadamente cuatro meses, por lo que se espera contar con resultados en septiembre.