El impacto económico de la violencia en México registró en 2025 su mayor reducción anual desde que se tiene registro en el Índice de Paz México (IPM); sin embargo, el costo total aún se mantiene 19% por encima de los niveles reportados en 2015.
Según el informe 2026 del Institute for Economics & Peace, el costo económico de la violencia durante el año pasado ascendió a cuatro billones de pesos, equivalentes a 220,000 millones de dólares y a alrededor del 11% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
El documento señaló que en 2025 el impacto económico de la violencia disminuyó 11.4%, equivalente a 514,000 millones de pesos menos respecto al año anterior. La caída representa “la mayor reducción en términos absolutos y relativos en la historia del Índice de Paz México”.
Pese a ello, el informe advierte que desde 2015 el costo total de la violencia se ha incrementado 19%, es decir, 639,000 millones de pesos adicionales en una década.
Causas
La reducción observada en 2025 estuvo impulsada principalmente por la caída en los homicidios y por una disminución en el gasto militar y de seguridad nacional.
Según el texto, los costos asociados a homicidios bajaron 382,000 millones de pesos, una reducción de 22.1% el año pasado; el IPM reportó que la tasa nacional de homicidios cayó 22.7% entre 2024 y 2025, lo que significó cerca de 7,000 muertes menos en un solo año.
Además, el gasto en fuerzas militares y seguridad nacional disminuyó 89,000 millones de pesos respecto a 2024, luego de que el año previo alcanzara niveles históricos.
Pese a esta baja, los delitos con violencia —como robo, asalto, violencia sexual y delitos cometidos con armas de fuego— se convirtieron por primera vez, desde 2015, en el componente más costoso del modelo, con un impacto de 1.4 billones de pesos, equivalente al 35.5% del total. El homicidio representó otro 33.7% del impacto económico de la violencia.
También se advirtió que algunos indicadores continuaron al alza pese a la mejora en la paz nacional. Los costos de protección —como gasto en seguridad privada, seguros, alarmas, bardas y sistemas de vigilancia— permanecieron 7.6% por encima de los niveles de 2015, mientras que el miedo a la violencia también aumentó.
Si el costo de la violencia del año pasado se dividiera entre los mexicanos equivaldría, en promedio, a 30,036 pesos por persona, casi el doble del salario mensual promedio en el país.
Estados con mayor costo
Según IPM, Guerrero y Morelos registraron el mayor costo respecto al tamaño de sus economías, ya que la violencia representó en ambos casos el 33.8% de su PIB estatal. Les siguieron Colima, con 29.8%; Sinaloa, con 24.7%; y Guanajuato, con 19.9%.
En contraste, Campeche, Coahuila y la Ciudad de México fueron las entidades con menor afectación proporcional, con costos equivalentes a menos de 5% de su PIB.
Mientras que, en términos per cápita, Colima fue el estado más afectado, con un costo de 70,123 pesos por habitante, seguido de Morelos, Sinaloa, Baja California Sur y Chihuahua. Yucatán registró el menor impacto per cápita, con 10,785 pesos por persona.
Para 2025, la población penitenciaria aumentó en más de 20,000 personas, un incremento de 8.9%, el mayor registrado hasta ahora. Para diciembre, el número de personas privadas de la libertad superó las 256,000.
Al hablar del volumen total, el Estado de México encabezó las pérdidas económicas derivadas de la violencia, con 527,600 millones de pesos, seguido de Guanajuato, Jalisco y la Ciudad de México.
El informe también señala que 24 estados han registrado aumentos en el impacto económico de la violencia desde 2015, mientras que únicamente ocho lograron reducciones.
Dicho documento vinculó este aumento con la nueva estrategia federal de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, enfocada en fortalecer la Guardia Nacional, ampliar labores de inteligencia y reforzar operativos contra el crimen organizado.
Gasto en seguridad y justicia
Por otro lado, se detalló que mientras el impacto económico de la violencia aumentó en la última década, el gasto gubernamental en seguridad pública y justicia disminuyó.
Entre 2015 y 2025, el gasto en seguridad pública cayó 31.8%, mientras que el destinado al sistema de justicia se redujo 8.4 por ciento. Se señaló que México destina apenas 0.5% de su PIB a seguridad pública y sistema judicial, menos de una tercera parte del promedio de los países de la OCDE y de América Latina.
Además, que el país cuenta con apenas dos jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes, una séptima parte del promedio mundial, situación que contribuye al rezago de casos y al incremento de personas encarceladas sin sentencia.
“Si bien los avances recientes en la paz son significativos, la trayectoria de México sigue siendo incierta”, concluyó.
