El auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sobre el caso Plus Ultra dibuja una compleja red de contactos políticos, empresariales y financieros alrededor del rescate de la aerolínea durante la pandemia. La resolución judicial sostiene que el entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero terminó imponiéndose como vía de influencia preferente frente a la del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, mientras los investigadores consideran acreditado que algunos integrantes de la presunta trama conocían de antemano la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros a la aerolínea.
El documento judicial no solo atribuye a Zapatero un papel central en una presunta red de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, sino que además reconstruye una cronología de contactos que, según el juez, demuestra cómo la vía política articulada alrededor del expresidente terminó desplazando a la que inicialmente buscaba apoyarse en Ábalos para garantizar el rescate de la SEPI.
El auto sostiene que los responsables de la compañía venezolana activaron “dos líneas de influencia diferenciadas” para acceder a las ayudas públicas aprobadas durante la pandemia. Una de ellas buscaba interlocución directa con el Ministerio de Transportes de Ábalos. La otra trataba de alcanzar el entorno de Zapatero mediante intermediarios políticos y empresariales. Según el magistrado, ambas vías coexistieron durante meses, pero finalmente “fue la de este último la que adquirió un papel predominante y permitió a Plus Ultra alcanzar los objetivos perseguidos”.
La resolución judicial reconstruye con detalle conversaciones y mensajes intervenidos por la Policía Nacional que muestran cómo los dirigentes de la aerolínea percibían que el acceso a Zapatero podía resultar decisivo. El 23 de marzo de 2020, apenas una semana después del confinamiento decretado por la crisis sanitaria, el entonces propietario de Plus Ultra, el empresario venezolano Rodolfo Reyes, preguntó al abogado Miguel Palomero cómo podían acercarse a las ayudas públicas. La primera respuesta fue clara: “tocamos a Ábalos”. Sin embargo, pocos días después, Reyes comenzó a explorar una vía alternativa a través del expresidente socialista.
Ese giro estratégico constituye uno de los elementos centrales del auto. El 30 de marzo de 2020, Reyes planteó directamente la posibilidad de “pedir ayuda a Zapatero” para gestionar “lobby político” y financiación pública. La conversación, incorporada a la causa, revela que los responsables de la aerolínea ya asumían entonces que la obtención de respaldo político podría implicar contraprestaciones económicas al decir que “vayan recorriendo la ruta formal. Y busco cómo llegarle a ZP”. El entonces vicepresidente Julio Martínez Sola llegó a responder con el dicho “como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín”.
Los mensajes y chats del rescate
El juez considera especialmente relevantes los mensajes posteriores que evidencian cómo el entorno de Zapatero empezó a actuar como interlocutor prioritario. El 28 de abril de 2020, Reyes informó a Martínez Sola, directivo de Plus Ultra, de que “acababa de hacerse el puente con ZP”. A partir de ahí, el sumario describe una cadena de contactos con personas vinculadas al expresidente y con empresarios considerados piezas clave de la supuesta estructura.
La figura de Julio Martínez Martínez emerge en el auto como uno de los principales operadores de esa red. El magistrado lo define como “lugarteniente principal” de Zapatero y considera que actuaba como intermediario entre la aerolínea y el entorno político. De hecho, en varias conversaciones intervenidas, directivos de Plus Ultra se referían a él como el “lacayo” del expresidente, expresión que el juez incorpora literalmente a la resolución para reflejar el grado de subordinación que, según la investigación, existía dentro de la presunta trama.
Uno de los aspectos más delicados del auto es la convicción judicial de que algunos investigados conocían de antemano decisiones administrativas sensibles relacionadas con el rescate. El magistrado concede especial relevancia a un mensaje fechado el 26 de febrero de 2021, en el que Martínez Martínez informó al empresario venezolano Camilo Ibrahim Issa de que la ayuda pública iba a salir adelante antes incluso de que el órgano competente adoptara formalmente la decisión.
Ese mensaje anticipaba correctamente tanto la concesión del rescate como el calendario institucional que debía seguirse después. Días más tarde, el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas dio luz verde a la operación, que posteriormente sería ratificada por el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez.
Para el juez Calama, esta coincidencia temporal no luce casual. El auto subraya que la “secuencia temporal de reuniones, contactos y comunicaciones” evidencia que la red actuó con la finalidad específica de influir en la decisión administrativa y que algunos de sus integrantes disponían de “información privilegiada” sobre la evolución del expediente.
.La Audiencia Nacional investiga una presunta red
El documento judicial también destaca un episodio especialmente simbólico: la comida celebrada el 2 de marzo de 2021 entre Martínez Martínez y directivos de Plus Ultra, el mismo día en que el Consejo Gestor aprobó formalmente la propuesta de rescate. Según el sumario, Martínez bromeó diciendo que “la SEPI no aprueba esos gastos”, a lo que uno de los directivos respondió: “eso sale del 1 %”. El juez vincula esta conversación con el contrato firmado previamente entre Plus Ultra e Idella Consulenza Strategica, sociedad vinculada a Martínez, que contemplaba el cobro de una comisión equivalente al 1 % de la ayuda pública.
La investigación sostiene que ese porcentaje —unos 530.000 euros— constituía la contraprestación pactada por las gestiones realizadas para desbloquear el rescate. El auto describe además cómo se habrían utilizado sociedades instrumentales y contratos de consultoría presuntamente ficticios para canalizar pagos y dificultar el rastreo del dinero.
Otro elemento de peso es el papel atribuido a la empresa Análisis Relevante, administrada por Martínez Martínez. Según el magistrado, la firma comenzó a recibir pagos de Plus Ultra en fechas que coinciden con reuniones y movimientos clave dentro del procedimiento administrativo. Posteriormente, parte de esos fondos habrían terminado en el entorno de Zapatero y de la empresa de sus hijas, Whathefav.
La resolución judicial no limita las supuestas actividades de influencia al rescate de Plus Ultra. También describe gestiones relacionadas con autorizaciones de vuelo en Venezuela y contactos con altos cargos políticos y económicos tanto en España como en el extranjero. El juez interpreta estos movimientos como indicios de una estructura organizada y estable dedicada a utilizar relaciones institucionales para favorecer intereses privados. @mundiario