Un clima de tensión política y social en la región chihuahuense ha permeado y encendido alertas a nivel nacional; pero, más allá de partidos políticos siquiera, de marchas multitudinarias, existe hoy incertidumbre que plantea la necesidad de saber qué tipo de gobierno se avecina para tomar las riendas de nuestro estado, de nuestra economía, de nuestras fronteras y de nuestra seguridad.
El día 19 de abril surgió una noticia dominguera; parecía no tener mucho eco en ese momento: un accidente en la zona serrana del estado, allá por el llamado Triángulo Dorado, en el municipio de Morelos. Se mencionaba, sin mayor énfasis, que dos accidentados ya sin vida eran agentes norteamericanos, de embajada, que capacitaban a elementos de la fiscalía estatal; un tema de drones y poco o nada se hilaba con el hecho del descubrimiento, poco antes, de un supuesto laboratorio de drogas a cargo de la delincuencia organizada. El asombro me hizo esperar información al día siguiente: ¿sabía la presidenta Claudia Sheinbaum?, ¿el Gabinete de Seguridad?, ¿la gobernadora? ¿Darían algún comunicado? Era obvio preguntarse: ¿qué hacían agentes norteamericanos en nuestra sierra al lado de autoridades mexicanas?, y si la primera declaratoria oficial estatal era confiable para dejarlo así, como un suceso fortuito.
Quienes conocemos la Sierra de Chihuahua podíamos imaginar tantos escenarios, y ninguno era sencillo de explicar. La distancia entre El Pinal, del municipio de Morelos, y Polanco, de Guadalupe y Calvo, hace más difícil la relatoría oficial inmediata. Lo que sucedió después, en las relatorías oficiales de seguridad y nacionales, es ya muy conocido y discutido hasta el momento en que se desarrollan las investigaciones oficiales.
No dejaba de pensar si habíamos dejado ya en manos de autoridades norteamericanas los asuntos de seguridad. Era inevitable pensar en la Torre Centinela y su cercanía con suelo estadounidense; en todas esas torres que permiten vigilar a la ciudadanía o bien espiarla. Pensaba en el tan reciente operativo en Jalisco, dirigido a Nemesio Oseguera Cervantes; recordé palabras del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien señaló que en esa misión había participado personal norteamericano, en franca coordinación, con fines de información más no de operatividad, en una zona de tipo vacacional, unas cabañas. Lo de Chihuahua pintaba otra cosa. No dejé de pensar en las comunidades que viven o transitan ahí: ¿cómo llegaron esos contenedores?, ¿cómo llegó el agua?, ¿qué clase de personas aseguraban el lugar?, ¿si lo hicieron con violencia o fueron amables con los lugareños o reclutaron a alguien?, ¿hubo desplazamiento forzado de personas?, ¿hubo testigos del accidente?
Luego, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, había mandado una estaca injerencista en Sinaloa cuando arrancaba la construcción de una planta de metanol y, ante su entonces gobernador, Rubén Rocha Moya, dijo que las condiciones de inseguridad y corrupción frenarían inversiones en suelo mexicano. Trabajó muchos años para la Central Intelligence Agency, así que esto marcaba una pauta.
Porque la soberanía, que tantos discursos ha inundado y parece molestar tanto a las posturas de la derecha, no solo es el poder político supremo o la autoridad independiente que posee un Estado para autodeterminarse, ni un asunto de permitir o no que fuerzas extranjeras de seguridad intervengan en nuestro país; y conocemos la historia de la CIA en otros países.
La soberanía está en nuestra historia, en el lenguaje, en nuestro territorio, en nuestra libertad, en nuestros recursos, en el respeto a los grupos originarios; ¡vaya!, en nuestra cotidianeidad, y radica en nosotros, el pueblo. ¿A qué me refiero? A que no solo se profana el suelo por parte de la delincuencia para montar un laboratorio de drogas —¿a qué intereses sirve?—; también lo hacen compañías capitalistas o la intromisión de agencias extranjeras.
Asistir el sábado 16 de mayo a la capital, a una manifestación que, dicho sea de paso, puede ser de lo que el pueblo necesite, por quienes dicen que se desconocía el motivo entre algunos participantes; porque incluso si usted quería denunciar asuntos de uno u otro tema, mientras el contingente le apoyara, es tan válido como el discurso de la dirigencia nacional de Morena, que en palabras de su dirigente, Ariadna Montiel, dejó una clara acusación al Ejecutivo estatal ante el tribunal popular en la Plaza Hidalgo, en temas como: violación a la soberanía y al pacto federal; usurpación de atribuciones en ataque a la República; infracción grave a la Ley de Seguridad Nacional; además de violar el principio de supremacía constitucional y omisión grave en los argumentos de la fiscalía estatal.
Llegar a una ciudad con todos los poderes de gobierno presentes, que se hicieron tan manifiestos; con un representante del gobierno estatal en Juárez que, en las mismas oficinas de gobierno, dijo horas antes que Morena era un “narco partido”. Muy duro que por asistir a una marcha seas un “narcoasociado”; imagine el recibimiento y el miedo que esto puede infringir. Amenazas reales de bloquear impunemente la ciudad, donde los colores oficiales del gobierno estatal evocan al país vecino, con mensajes gigantes no institucionales, sino discursos confrontativos. Patrullas de la seguridad municipal con el logo de la New York City Police Department, “servir y proteger”, pues los policías se capacitan allá, en Nueva York, en temas de terrorismo, preparando esas agendas para estar a tono.
En las entrevistas de estaciones de radio local se invitaba a la gente que iba en camiones a la marcha a retirarse de las carreteras un par de horas antes, aclarando: “no los estamos bloqueando, solo que se regresen”, porque son “acarreados”; aparte, “algunos camiones no traen aseguranza” y, además, parece que la gente “hasta hambre tiene” o “desconoce a lo que viene a protestar”. Una narrativa impensable, colmada de agravios constitucionales a la población de mexicanos y mexicanas, seamos o no chihuahuenses.
Confiamos en las instituciones y hemos sido vulnerados en nuestros derechos, hasta con racismo. No esperamos segregación ni injerencismo; esperamos justicia social, transparencia y explicaciones, pero al pueblo soberano, no a la prensa nacional.