La investigación judicial sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra sigue estrechando el círculo alrededor de José Luis Rodríguez Zapatero. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado el bloqueo de 490.780 euros depositados en cuentas bancarias relacionadas con el expresidente del Gobierno, una medida que llega apenas un día después de su imputación formal en la causa.
La decisión judicial supone un nuevo salto en una investigación que ya apunta directamente al antiguo líder socialista como supuesto responsable de una estructura organizada destinada, según el magistrado, a ejercer influencias políticas y económicas para beneficiar a determinadas empresas privadas.
Fuentes jurídicas subrayan que no se trata de un embargo total sobre el patrimonio de Zapatero, sino de una inmovilización limitada exclusivamente a los fondos que los investigadores consideran conectados con la actividad bajo sospecha. En concreto, el dinero bloqueado estaría relacionado con pagos procedentes de Análisis Relevante, la consultora dirigida por el empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal del expresidente y considerado una figura central dentro del supuesto entramado.
La investigación sostiene que esta empresa actuó como uno de los principales vehículos financieros de la red investigada. Entre 2020 y 2025, según los informes incorporados al sumario, la sociedad transfirió importantes cantidades tanto a cuentas vinculadas directamente a Zapatero como a empresas de su entorno familiar.
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El juez sospecha que parte de esos movimientos económicos podrían estar relacionados con comisiones derivadas de gestiones realizadas para facilitar el rescate público de Plus Ultra, la aerolínea que recibió 53 millones de euros procedentes del Fondo de Apoyo a la Solvencia creado durante la pandemia.
Las pesquisas cifran en cerca de dos millones de euros el dinero que habrían recibido presuntamente Zapatero y personas de su entorno durante el periodo investigado. No obstante, los investigadores aclaran que no todas esas cantidades responden necesariamente a pagos ilícitos, aunque consideran que existe un volumen suficiente de indicios como para justificar medidas cautelares sobre parte de los fondos.
La ofensiva judicial no afecta únicamente a las cuentas personales relacionadas con el expresidente. La Audiencia Nacional ya había ordenado previamente el bloqueo de las finanzas de varias sociedades bajo sospecha, entre ellas la propia Análisis Relevante y Agropecuaria Lucena, otra empresa que aparece en el sumario y que habría realizado pagos a compañías vinculadas a las hijas de Zapatero.
El magistrado pretende ahora evitar posibles movimientos de dinero mientras continúa avanzando la investigación y se analizan los flujos económicos detectados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal y la Agencia Tributaria.
El caso ha provocado una auténtica conmoción política por la dimensión institucional de las acusaciones. Nunca antes un expresidente del Gobierno español había afrontado una situación de esta gravedad en una investigación por presunto tráfico de influencias y organización criminal.
Pese a ello, Zapatero ha negado rotundamente cualquier irregularidad. Tras conocerse su imputación, difundió un vídeo en el que defendía la legalidad de toda su actividad pública y privada y rechazaba haber participado en sociedades opacas o estructuras destinadas a canalizar fondos.
El expresidente insiste en que jamás ha tenido empresas ni dentro ni fuera de España y sostiene que todas las acusaciones carecen de fundamento. Aun así, deberá comparecer el próximo 2 de junio ante la Audiencia Nacional para responder a las preguntas del juez sobre su presunta implicación en la trama.
Mientras tanto, el bloqueo de fondos supone un duro golpe para la estrategia de defensa política y judicial del entorno socialista, que intenta contener el impacto de una causa que amenaza con seguir escalando en las próximas semanas. @mundiario
