El presidente Donald Trump firmó el martes una orden ejecutiva que endurecerá el acceso de los no ciudadanos al sistema financiero estadounidense, en el marco de la ofensiva más amplia de su administración contra la inmigración. El decreto, titulado “Restaurando la integridad del sistema financiero de Estados Unidos”, obliga a los bancos a tratar el estatus migratorio de sus clientes como un factor de evaluación de riesgo financiero y pone bajo una lupa especial las remesas y otros flujos de dinero transfronterizos.
La orden instruye al secretario del Tesoro y a los reguladores financieros federales a emitir una alerta formal a las instituciones financieras sobre los riesgos asociados con la actividad financiera de personas no autorizadas para trabajar en el país. Los bancos deberán identificar una serie de “señales de alerta” vinculadas a la evasión de impuestos sobre nómina, el ocultamiento de la titularidad real de cuentas, los pagos salariales no registrados, el tráfico de personas y el uso de números de identificación fiscal individual (ITIN) para abrir cuentas u obtener crédito sin presencia legal verificada en Estados Unidos.
“Mi administración no tolerará los riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública causados por la actividad financiera transfronteriza ilícita, ni permitirá los riesgos para nuestro sistema financiero derivados de la concesión de crédito o servicios financieros a la población extranjera inadmisible y sujeta a deportación”, señala el texto de la orden.

Uno de los elementos más significativos del decreto es la atención que presta a las transferencias de bajo valor entre países, comúnmente conocidas como remesas. La orden identifica estos flujos de dinero como posibles vehículos para actividades ilícitas, como el financiamiento del terrorismo, el tráfico de narcóticos —con mención explícita al fentanilo vinculado a cárteles mexicanos— y el tráfico de personas.
El decreto cita un análisis de redes chinas de lavado de dinero que identificó cómo titulares de pasaportes extranjeros habrían utilizado cuentas en Estados Unidos para facilitar el lavado de más de 312 mil millones de dólares para organizaciones criminales. En respuesta, la orden establece que se implementarán “medidas de debida diligencia mejorada” para mitigar estos riesgos.
Entre las señales de alerta específicas que los bancos deberán reportar figuran el uso de negocios de servicios monetarios no registrados, plataformas de pago entre personas (P2P) y procesadores de pagos de terceros para realizar transacciones que eludan los umbrales de reporte de la Ley de Secreto Bancario; retiros de efectivo repetitivos, y el uso de empresas “fantasma” para ocultar la titularidad real de cuentas. También deberán prestar especial atención al uso de tarjetas de identificación emitidas por consulados extranjeros.

Una propuesta más radical, descartada por ahora
La orden representa una versión moderada de lo que la administración había contemplado. A principios de año, el Departamento del Tesoro había propuesto obligar a los bancos a recopilar información sobre la ciudadanía de todos sus clientes, actuales y nuevos. La industria financiera respondió con alarma: ejecutivos de grandes bancos advirtieron que el proceso sería extraordinariamente costoso y prácticamente imposible de implementar. Los grupos empresariales del sector señalaron que una medida así podría dejar sin acceso bancario a millones de personas, incluidos ciudadanos estadounidenses de edad avanzada, hogares de bajos ingresos y residentes en zonas rurales que no cuentan fácilmente con pasaportes u otros documentos de ciudadanía.
“Obviamente, la administración quiere un mayor control sobre la inmigración, pero los reguladores bancarios siempre han querido que el mayor número posible de transacciones financieras pase por el sistema financiero tradicional”, dijo Ed Mills, analista de política de Washington para Raymond James. “Esto habría sacado a mucha gente del sistema financiero, lo que también podría crear un riesgo de seguridad nacional”, añadió.
Un ejecutivo de un banco grande que pidió el anonimato calificó la orden final como una señal de que la administración escucha a la industria y está “abierta al cambio”.

Riesgo de exclusión financiera
Aun así, el decreto podría dificultar significativamente el acceso de los no ciudadanos —especialmente los inmigrantes indocumentados— a los servicios financieros, incluso para propósitos legítimos. El número de identificación fiscal individual (ITIN), que cualquier persona puede obtener independientemente de su estatus migratorio para declarar y pagar impuestos, queda señalado como una bandera roja cuando se usa sin un número de seguro social o una visa de trabajo.
Según un estudio del Urban Institute, entre 5 mil y 6 mil hipotecas se emitían anualmente a clientes con ITIN. Los bancos generalmente son reacios a prestarles a estos clientes, y organismos como Fannie Mae y Freddie Mac tienden a no asegurar esas hipotecas.
La orden también obliga a los bancos a prestar atención a los riesgos crediticios asociados con la concesión de hipotecas, préstamos para automóviles, tarjetas de crédito y otros créditos al consumo a personas no autorizadas para trabajar. El texto advierte que muchos de estos prestatarios enfrentan la posibilidad de perder sus ingresos por deportación o por decisiones de sus empleadores de acatar la ley migratoria. (Staff / El Diario de El Paso)