La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que realizó medidas preventivas de inmovilización de Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa, lo que se considera un bloqueo de las cuentas bancarias de los funcionarios y ex funcionarios señalados por Estados Unidos.
En un comunicado emitido ayer, la Unidad, dependiente de la Secretaría de Hacienda, informó que se realizaron acciones estrictamente preventivas.
“La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, informa sobre medidas preventivas de inmovilización de Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa”, titulan el comunicado emitido.
“La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, que provienen de reportes de instituciones del sistema financiero mexicano. Dichos reportes derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos públicamente, por lo que los bancos mexicanos realizaron alertamientos”.
La medida corresponde a las denuncias que el Gobierno de Estados Unidos interpuso contra funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa, incluido el Gobernador ahora con licencia, Rubén Rocha Moya, de supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Hasta ahora, el ex Secretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Mérida Sánchez, se entregó a las autoridades de Estados Unidos, mientras que hay reportes de que el ex Secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, también lo hizo, aunque las autoridades no lo han confirmado de manera oficial.
En el comunicado de la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda, explicó que los reportes, emitidos por instituciones financieras, derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos públicamente, por lo que los bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo.
“Con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 Horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional”, expuso.
La UIF precisó que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo.
Asimismo, continuó, las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes.
“La UIF informa que actualmente se encuentra analizando diversa información y documentación relacionada con las PEP incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, con los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales, como en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano”, asentó.
