• Confesó Maru, antes de embate, que podría ir a la cárcel
• ¿Quién más que Maru en el plano nacional?
• Aquí aprobarán matrimonio igualitario
• Inflación de gobierno, por encima de la general

La escalada del conflicto entre el estado y la federación por la presencia de elementos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en territorio chihuahuense está llegando a niveles insospechados.

La gira mediática de la gobernadora Maru Campos esta semana por medios de comunicación nacionales reavivó el fuego con los actores políticos que investigan el caso a nivel federal, incluida la propia presidenta Claudia Sheinbaum.

Y, a sabiendas de que poco o nada se podría hacer contra la aplanadora de Morena en la Cámara de Diputados ante un eventual proceso de desafuero en su contra, la gobernadora ya se prepara para lo que sea.

Desde el nueve de mayo pasado fue abordado, en calidad de top secret, el tema con los integrantes del máximo órgano de decisión del PAN chihuahuense: el Consejo Político Estatal.

Diez días después comenzaron a circular en chats azules los pormenores de esa encerrona, que dejó impresionados a más de uno por la actitud asumida por Maru Campos, cuando les dijo que ella estaba consciente de que los abusos de la 4T —así fueron llamados— podrían llevarla a la cárcel, pero que eso no la amedrentaba en lo más mínimo.

Eso quedó comprobado con el manotazo del pasado fin de semana que derivó en el sabotaje a la marcha morenista “por la paz y la defensa de la soberanía”, que, hasta el momento, ha fortalecido la narrativa blanquiazul en cuanto a que Morena no entrará a Chihuahua en 2027, poniendo el marcador uno a cero contra la dirigente nacional guinda, Ariadna Montiel.

En los mensajes finales de esa reunión, la mandataria también aprovechó para darle el espaldarazo a Manque Granados para competir por la alcaldía de la capital, tras la caída de César Jáuregui, y les pidió afilar las armas y estar listos para lo que venga.

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Precisamente los detractores de la gobernadora Maru Campos dentro del PAN —que los tiene, porque no es monedita de oro— vieron en su jugada de extender la serie de entrevistas en la Ciudad de México una suerte de estrategia para posicionarse a nivel nacional a partir de la crisis política del caso CIA-Chihuahua.

Y podría ser, desde luego, que la mandataria viera esa crisis como oportunidad, mientras es increíblemente ridícula la ausencia de liderazgos opositores al oficialismo federal en todo el país, debido a lo quemados que están los dirigentes partidistas nacionales y lo disminuidos que parecen otros gobernadores panistas.

En este marco, algunas críticas de personajes, incluidos unos muy ligados al líder nacional Jorge Romero Herrera o a los mandatarios de Querétaro y Guanajuato, Mauricio Kuri y Libia Denisse Muñoz, consideraron que Campos Galván buscaba elevarse sola con su presencia en medios nacionales, presentándose como la única figura con ese tamaño y fuerza que demostró en los últimos días.

Valdría la pena preguntarse si algún otro personaje opositor puede, en unas cuantas horas, abrir los estudios de Pascal Beltrán del Río, Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga, Luis Cárdenas, Carlos Loret, Javier Alatorre, Reforma, Adela Micha y Fernanda Familiar, entre otros con peso en las multiplataformas informativas.

Podrán decirse mil cosas al respecto: que los contratos publicitarios; que las alianzas políticas; que son medios y periodistas “rivales” de la 4T; que aprovechan todo lo que sea contra la administración federal y demás; pero agendar todos esos encuentros va más allá de un simple reto logístico y de agenda.

También podrán calificarse sus entrevistas como buenas, malas o regulares, con aciertos, desaciertos, momentos positivos o negativos, sin duda; pero las fuerzas políticas e incluso los medios informativos militantes, los afines y no afines al morenismo, bailaron al son que les tocó la de Chihuahua.

¿Se quiere inflar sola Maru Campos o hay, como parece, una necesidad social y mediática de líderes opositores con esas capacidades de penetración nacional? Especialmente los opositores al régimen deberían reflexionar sobre esa pregunta, sin sesgos ni envidias, ni más división de la que ya padecen.

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Con la ausencia de las diputadas panistas Joceline Vega Vargas, de Chihuahua, y Xóchitl Contreras, la Comisión de Igualdad Sustantiva del Congreso del Estado aprobó ayer el dictamen sobre matrimonio igualitario, luego de una protesta de colectivos LGBTQ+ el pasado jueves.

Aunque el PAN había aceptado el análisis del tema el viernes como parte de los acuerdos con los manifestantes, ayer ambas legisladoras faltaron a la reunión de la comisión, aunque no hicieron falta para que lo avalaran la petista Irlanda Dominique Márquez Nolasco, la morenista Leticia Ortega y la exmorenista Rossana Díaz.

Hasta donde sabemos, Acción Nacional mantiene el acuerdo para votar la derogación y reforma del Código Civil del Estado para que las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo no tengan que hacerse vía justicia federal, sino directamente ante la autoridad registral, en apego a las normas constitucionales.

Si es así, será el martes de la próxima semana cuando el dictamen llegue al pleno, en la sesión que el Legislativo ha convocado en Ciudad Juárez.

La Mesa Directiva, por cierto, citó a sesión solemne este 26 de mayo en el auditorio del Pueblito Mexicano, declarado recinto oficial, con motivo de la conclusión de las Jornadas de la Conmemoración del Origen de la Revolución Mexicana.

Después de la solemne, habrá de realizarse la sesión ordinaria del Congreso para desahogar las iniciativas y las propuestas de decreto que sean agendadas por la Junta de Coordinación Política, en la que Morena habrá de incluir la reforma histórica del matrimonio igualitario, que por años ha enfrentado resistencias en Chihuahua, a pesar de los señalamientos de inconstitucionalidad de sus normas civiles estatales.

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Ya es inocultable que al gobierno no le alcanza el dinero, sobre todo a nivel federal. Las rebajas a la calidad crediticia de S&P y Moody’s a la estructura financiera del país simplemente adelantan lo que se viene.

Y, como muestra, un botón. Ayer, en el reporte de inflación del Inegi, el rubro de “Tarifas autorizadas por el gobierno” fue del siete por ciento anual, mientras que la general del mismo periodo fue de 4.11 por ciento, con corte a la primera quincena de mayo.

Esto refleja que los precios y tarifas reguladas por gobiernos se están acelerando para tratar de compensar la falta de dinero para seguir operando.

Esto implica que parte importante de la presión sobre el bolsillo de la población proviene precisamente de servicios y cobros vinculados a los distintos niveles de gobierno, como transporte, agua, cuotas y otros servicios regulados, donde los ajustes terminan trasladándose directamente a los ciudadanos mediante mayores tarifas y costos básicos.