La infraestructura pública es uno de los principales motores para el desarrollo económico de una región, pero también uno de los sectores que más resiente la incertidumbre cuando los proyectos se retrasan o no avanzan al ritmo esperado, y hoy, en Tijuana, enfrentamos precisamente ese escenario.
Durante los primeros meses del año, desde la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción anticipamos un panorama complejo para el sector, derivado de factores económicos que han generado cautela tanto en la inversión privada como en la pública, sin embargo, a estas alturas del año, persiste la preocupación por la lenta liberación de proyectos que tradicionalmente ya estarían en ejecución.
La falta de concursos y licitaciones ha generado un efecto inmediato en las empresas constructoras locales, muchas de las cuales enfrentan periodos prolongados sin obra, obligándolas a reducir operaciones, posponer inversiones e incluso replantear su plantilla laboral para poder mantenerse activas.
La situación no sólo impacta al gremio constructor, pues la obra pública tiene un efecto multiplicador en más de 60 ramas económicas, desde proveedores de materiales y transportistas, hasta comercios y servicios que dependen del dinamismo económico que generan los proyectos de infraestructura, por lo que, cuando las obras no fluyen, toda la economía local se desacelera.
Además, la falta de contratación de trabajos de mantenimiento y bacheo comienza a reflejarse en la ciudad; hoy vemos vialidades abiertas por reparaciones de organismos operadores que permanecen sin atención durante semanas, afectando directamente la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de los ciudadanos.
Es importante entender que retrasar la obra pública no sólo representa un problema administrativo o presupuestal, sino un costo social y económico para toda la región, ya que cada proyecto detenido significa menos empleo, menor derrama económica y una ciudad que posterga soluciones urgentes en infraestructura.
Es por ello que, desde la CMIC hacemos un llamado respetuoso a las autoridades para agilizar los procesos de licitación y contratación, permitiendo que las obras comiencen a fluir y que las empresas locales puedan participar activamente en la construcción de soluciones para nuestra ciudad.
Tijuana necesita infraestructura, pero también necesita certidumbre y reactivar la obra pública es reactivar el empleo, fortalecer a las empresas formales y devolverle dinamismo a una economía que depende, en gran medida, del movimiento que genera el sector de la construcción.