CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El llamado Plan B en materia electoral, presentado por la presidenta Sheinbaum tras el rechazo de su iniciativa original, podría abrir la puerta a la promoción personalizada desde el poder, advierten especialistas en derecho y ciencias políticas.
A una semana del revés legislativo, tres expertos coincidieron en que la nueva propuesta plantea riesgos para la equidad democrática y rompe con la tradición de consensos que caracterizó a reformas anteriores.
La reforma inicial, rechazada el 11 de marzo pasado por no alcanzar mayoría calificada en el Congreso, proponía reducir el número de senadores, recortar el financiamiento electoral y replantear la representación proporcional.
La falta de respaldo del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) resultó decisiva para su fracaso.
Sobre ese primer intento, Tito Garza Onofre lo calificó como una “reforma que planteaba reconfiguraciones muy fuertes al actual sistema electoral” y terminó siendo un “fracaso político”.
A su vez, Javier Martín Reyes explicó que los partidos “bisagra”, o aliados, no la apoyaron debido a que dependen de la representación proporcional, la cual se veía afectada sin recibir beneficios a cambio.
En contraste, el Plan B fue descrito como una versión menos radical, aunque no exenta de riesgos. Incluye cambios en la revocación de mandato, reducción de presupuestos en congresos locales, disminución de regidurías y ajustes salariales.
En ruta a una catástrofe
Sin embargo, para Garza Onofre, estas modificaciones representan “un terreno fértil para que la próxima elección de 2027 termine siendo una catástrofe”.
El punto central de preocupación es la transformación de la revocación de mandato. Los especialistas señalaron que este mecanismo, concebido como herramienta de control ciudadano podría convertirse en instrumento de propaganda.
La propuesta plantea empatar la consulta con elecciones intermedias y permitir a la titular del Ejecutivo participar activamente en su promoción.
En ese sentido, José Woldenberg advirtió que “hoy el plan b se está convirtiendo en un ritual para potenciar las posibilidades de hacer publicidad electoral de parte de la Presidenta”.
La medida, coincidieron, alteraría las condiciones de competencia al permitir promoción desde el cargo sin las restricciones habituales.
Martín Reyes profundizó en la crítica al señalar que “es una reforma para darle un privilegio constitucional única y exclusivamente a ella”, al permitirle permanecer en funciones y utilizar recursos públicos en la contienda. Bajo este esquema, la revocación de mandato podría convertirse en un “paréntesis” que facilite una campaña anticipada, con efectos directos en la equidad electoral.
Finalmente, los especialistas alertaron sobre el contexto institucional en el que surge la propuesta.
Señalaron deficiencias en el sistema electoral, cuestionamientos al Tribunal Electoral y riesgos derivados de la combinación entre reforma, elección de juzgadores y revocación de mandato, lo que podría derivar en un proceso complejo en 2027.
Aunque el Plan B es menos drástico, los expertos coincidieron en que mantiene elementos regresivos que amenazan la democracia.
Falta de consensos
Los especialistas subrayaron que el rumbo de la reforma, ahora llamada plan b, rompe con la lógica histórica de acuerdos entre fuerzas políticas, como ocurrió en los cambios de 1994, 1996, 2007 y 2014, los cuales se construyeron a partir de consensos amplios y demandas de la oposición.