El reparto de utilidades es uno de los derechos laborales más importantes en México y cada año miles de trabajadores enfrentan la misma situación: empresas que aseguran no haber generado ganancias suficientes para realizar el pago correspondiente.
Sin embargo, la ley establece mecanismos para que los empleados puedan verificar si esa información es verdadera y reclamar el pago cuando existan irregularidades. La información fue difundida por El Informador con base en disposiciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.
De acuerdo con la legislación laboral mexicana, las empresas o patrones que hayan obtenido utilidades netas superiores a 300 mil pesos durante el año fiscal están obligados a destinar el 10% de esas ganancias al reparto entre sus trabajadores, salvo algunas excepciones previstas por la ley.
¿Qué hacer si la empresa asegura que no generó utilidades?
Los trabajadores tienen derecho a conocer si la empresa realmente obtuvo o no ganancias durante el ejercicio fiscal correspondiente.
Para ello, pueden solicitar una copia de la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la empresa está obligada a proporcionar esa información.
Si la compañía se niega a entregar la documentación o los trabajadores consideran que existe un incumplimiento en el pago de utilidades, pueden acudir ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, conocida como Profedet, para recibir asesoría y apoyo legal.
La dependencia puede iniciar una investigación y acompañar a los trabajadores durante el proceso para exigir el cumplimiento de la prestación laboral.
¿Cómo se calcula el reparto de utilidades en México?
La ley establece que el 10% de las utilidades generadas por la empresa debe dividirse en dos partes iguales.
El reparto se realiza de la siguiente manera:
- El 50% se distribuye según los días trabajados por cada empleado durante el año
- El otro 50% se reparte de acuerdo con el salario percibido por cada trabajador
En los casos donde el salario es variable, se toma como referencia el promedio salarial obtenido durante el periodo correspondiente.
¿Quiénes tienen derecho a recibir utilidades?
Este derecho aplica para trabajadores que hayan laborado al menos 60 días durante el año, incluso si la relación laboral ya terminó antes de la fecha de pago.
Sin embargo, existen excepciones contempladas en la ley. No tienen derecho al reparto de utilidades:
- Trabajadores domésticos
- Directores
- Administradores
- Gerentes generales
- Profesionistas que cobran por honorarios
- Técnicos y prestadores de servicios independientes
Además, las empresas de nueva creación durante su primer año de funcionamiento tampoco están obligadas a realizar el reparto.
¿Cuándo vence el plazo para pagar utilidades?
La fecha límite depende del tipo de contribuyente:
- Empresas o personas morales: hasta el 30 de mayo
- Personas físicas o patrones individuales: hasta el 29 de junio
Después de esas fechas, los trabajadores pueden iniciar reclamaciones si consideran que el pago fue omitido o incompleto.
¿Cuánto tiempo tienen los trabajadores para reclamar?
La legislación mexicana establece que los trabajadores cuentan con un año para reclamar el incumplimiento en el pago de utilidades.
Ese plazo comienza a correr a partir del día siguiente a la fecha límite oficial de pago.
¿Qué sanciones enfrentan las empresas que no pagan utilidades?
Las empresas que incumplen con esta obligación pueden recibir multas económicas importantes.
De acuerdo con la ley, las sanciones van de 250 a 5 mil UMA, lo que actualmente representa montos aproximados de:
- 29 mil 327 pesos
- Hasta 586 mil 550 pesos
Las autoridades laborales pueden imponer estas sanciones cuando se detecta incumplimiento injustificado.
¿Cómo contactar a Profedet si existen dudas o problemas con las utilidades?
Los trabajadores pueden acudir directamente a oficinas de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo o solicitar orientación mediante:
- Teléfonos: 01 800 71 72 942 y 01 800 911 78 77
- Correo electrónico: [email protected]
También existe la posibilidad de iniciar procedimientos ante los Centros de Conciliación Laboral o presentar demandas en Tribunales Laborales cuando el conflicto no se resuelve de manera directa.