Imaginemos que una empresa española lleva diez años operando una planta de energía solar en Sonora. Un día, el gobierno mexicano cambia las reglas del sector energético y los contratos que esa empresa tenía firmados, de repente, valen menos. La empresa, percibe que fue perjudicada injustamente y quiere reclamar. Hasta el viernes de la semana pasada, la respuesta sobre a quién le tocaría resolver ese conflicto era confusa. A partir del Acuerdo Global Modernizado, que se firmó el 22 de mayo entre México y la Unión Europea, hay una dirección específica: un tribunal permanente, con jueces designados previamente por ambos países, procesos públicos y posibilidad de apelación. Eso, que suena a detalle técnico, es en realidad uno de los cambios más importantes que México ha aceptado en décadas en materia de inversión extranjera.
El sistema anterior funcionaba así: cuando surgía un conflicto entre un inversionista extranjero y el Estado mexicano, cualquiera de las partes podía convocar un arbitraje privado. Se contrataban árbitros especializados para ese caso específico – pagados por las partes en disputa – y el proceso ocurría lejos de los ojos del público, sin garantía de que el criterio aplicado fuera coherente con casos anteriores o con los que vendrían después. Incluso era común que los árbitros que resolvían un caso a favor de una empresa, poco tiempo después, fueran contratados como abogados para esa misma empresa; para luego volver a ser nombrados árbitros en futuros casos. Un sistema, en pocas palabras, con conflictos de interés estructurales. El nuevo tribunal reemplaza eso con un marco jurídico único, más transparente y previsible, donde las decisiones se basan en interpretaciones consistentes del tratado.
Ahora los jueces que forman parte de dicho tribunal son designados con anticipación por México y la Unión Europea como Estados, a través de un comité conjunto. Esta modificación busca brindar reglas claras antes de cualquier disputa, plazos definidos y, por primera vez, la posibilidad de apelar una decisión que se considere injusta.
Entre las preguntas que cualquier empresario se hace antes de invertir capital en otro país, está: “si algo sale mal, ¿tengo a dónde acudir?”. Quienes invierten necesitan garantías de que sus derechos serán protegidos por un sistema judicial imparcial y predecible. El arbitraje privado ofrecía una salida, no obstante, era cara, opaca e impredecible; por su parte, el nuevo tribunal busca ofrecer algo parecido a lo que se entiende por justicia en los libros de texto: un juez independiente, un proceso visible y una segunda instancia si el fallo parece equivocado.
Ahora bien, al aceptar este tribunal, México acepta que ciertas decisiones de su gobierno – cambios regulatorios, políticas energéticas, decisiones sobre contratos – puedan ser revisadas y, eventualmente, sancionadas por un órgano externo. Este modelo no es una respuesta exclusiva al contexto mexicano: la Unión Europea ha adoptado el mismo enfoque en sus acuerdos con Canadá, Singapur, Chile y otros países, al tiempo que busca extenderlo a un tribunal multilateral de inversiones de alcance global. Para México, sin embargo, ese modelo llega en un momento especialmente oportuno.
Gracias a ello, México no tiene que pedir a los inversionistas europeos que confíen en un sistema judicial que está en transformación. La Reforma Judicial y la corrupción – que en 2025 escaló al tercer lugar entre las preocupaciones de quienes invierten en el país – son exactamente el tipo de factores que un tribunal internacional deja fuera de la ecuación. Opera con sus propias reglas, jueces y plazos, al margen de los vaivenes institucionales del país.
Esto protege al inversionista y, a su vez, a México de sí mismo: de la posibilidad de que una decisión judicial doméstica cuestionable espante capitales o derive en sanciones internacionales costosas. La empresa española en Sonora puede seguir operando.