El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras las severas declaraciones de la senadora panista Lilly Téllez. En una reciente conferencia de prensa, la legisladora acusó directamente a la consejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, de estar implicada en un esquema de desvío de recursos públicos que asciende a los 65 millones de pesos. La denuncia señala la adjudicación irregular de un contrato a una empresa supuestamente ligada a los hijos de la funcionaria electoral.
De acuerdo con los datos presentados por Téllez, la Auditoría Superior de la Federación detectó las anomalías en una revisión correspondiente a un convenio firmado en diciembre de 2024. Los recursos, originalmente destinados a la adquisición de materiales para los simulacros de la elección judicial, habrían tomado un rumbo completamente distinto.