Primero vamos a los datos y a los hechos. Los puentes internacionales de Eagle Pass y Piedras Negras ya nos quedaron chicos. En nuestra frontera las cosas se hacen bien: tenemos empresas, agentes aduanales, parques industriales, transportistas y servidores públicos de primera. Pero también doctores, hospitales, hoteles, tiendas y restaurantes de primera. No obstante, dependemos de los gobiernos estatales y federales de ambos lados de la frontera para llevar a nuestro puerto fronterizo a otro nivel. Y no es por gusto o necesidad; es por ley. Hay facultades que superan a nuestras autoridades locales, y se entiende: es un cruce internacional.
En el lado mexicano de la frontera, la poca visión y atención de los gobiernos estatales y municipales del pasado nos tienen atorados en una ruta fiscal que parece un embudo inmanejable. A esto se suma que el Gobierno del Estado de Coahuila, concesionario del lado mexicano del Puente II, sigue cobrando en efectivo, billetes y monedas, en pleno año 2026, complicando aún más el cruce y afectando los tiempos de espera. Al respecto no hay ni propuesta ni visión de cambio. La solicitud de ampliación de la concesión, presentada por Coahuila ante el Gobierno Federal, no contempla modificación alguna en estos dos rubros. Eso pasa cuando las decisiones se toman a 437 kilómetros del lugar de los hechos.