El juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha arrancado este jueves con una carga simbólica que trasciende lo estrictamente judicial. Sentado en el banquillo por presuntas irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017, el caso se ha convertido desde el primer minuto en algo más que un proceso penal: es un pulso narrativo sobre el origen mismo de la causa.

La defensa de Sánchez, Emilio Cortés, no ha optado por una estrategia técnica o discreta. Ha ido directamente al núcleo del procedimiento. Ha hablado de una “raíz podrida”. No es una expresión casual. Es una enmienda a la totalidad. Un intento de convencer al tribunal —y a la opinión pública— de que todo lo que vino después está contaminado por un inicio defectuoso, casi ilegítimo.

Ese arranque, según los letrados, se sustenta en una denuncia presentada por Manos Limpias basada en recortes de prensa y datos que posteriormente se habrían demostrado falsos. La acusación es grave: no se trataría solo de errores, sino de una investigación “prospectiva”, es decir, de una búsqueda de delitos sin indicios sólidos previos. En otras palabras, el proceso habría nacido no para juzgar hechos concretos, sino para encontrarlos.

El argumento no es menor. En el terreno jurídico, cuestionar el origen de una causa equivale a intentar derribar todo el edificio. Si la base es inválida, todo lo construido sobre ella podría serlo también. La defensa lo sabe y por eso ha decidido situar ahí el centro del combate.

Pero el contexto en el que arranca el juicio añade una dimensión política inevitable. El despliegue policial, las calles cortadas y el acceso por la puerta trasera de los acusados refuerzan la sensación de excepcionalidad. No es un juicio más. Es un episodio que se inscribe en un clima de creciente tensión institucional.

La batalla por el relato judicial

Lo que se dirime en estas primeras jornadas no es solo la culpabilidad o inocencia de los acusados, sino el relato que prevalecerá sobre el caso. La defensa busca instalar la idea de que el procedimiento es fruto de una persecución basada en premisas erróneas. Las acusaciones, por su parte, sostienen que existen indicios suficientes para sentar a los implicados en el banquillo.

En este tipo de procesos, el lenguaje importa. Hablar de “raíz podrida” no es solo una metáfora: es una forma de condicionar la percepción pública. Sugiere corrupción en el origen, contaminación, imposibilidad de regeneración. Es una imagen poderosa, diseñada para sembrar dudas incluso antes de que se escuchen las pruebas.

La ofensiva procesal

Durante las cuestiones previas, las defensas de los once encausados desplegarán una estrategia clara: intentar anular la causa o, al menos, invalidar partes sustanciales de la investigación. Alegarán inexistencia de indicios y defectos de forma. Es un movimiento calculado. Si prospera, podría evitar que el juicio entre en el fondo del asunto.

Incluso la Fiscalía, que también solicita la absolución, coincide en un punto clave: la debilidad de la base probatoria. Este alineamiento parcial refuerza la narrativa de la defensa, aunque por motivos jurídicos distintos.

Un juicio bajo la sombra política

El proceso arranca, además, en un momento especialmente delicado. Apenas 24 horas antes, la Guardia Civil registraba la sede federal del PSOE en el marco de otra investigación relacionada con una supuesta trama contra jueces. La coincidencia temporal no es menor: proyecta una sombra sobre el juicio y alimenta la percepción de un enfrentamiento más amplio entre poder político y judicial.

En ese escenario, la figura de David Sánchez deja de ser solo la de un acusado. Se convierte en un símbolo. Para unos, de privilegio y presuntas irregularidades. Para otros, de una causa inflada y viciada desde su origen.

El tribunal tendrá ahora la tarea de separar el ruido del hecho, la metáfora de la prueba. Pero la defensa ya ha marcado el terreno: si la raíz está podrida, todo lo demás, sostienen, debería caer por su propio peso. @mundiario