La investigación de la Audiencia Nacional sobre la presunta trama conocida como las “cloacas del PSOE” ha dado un nuevo salto con la decisión del juez Santiago Pedraz de poner el foco directamente sobre la sede federal socialista de la calle Ferraz. El magistrado ha requerido el registro de visitas, accesos y reuniones de 26 personas, o más si fuera necesario, vinculadas a procedimientos judiciales que afectan al entorno político del Gobierno, desde el caso Koldo hasta la macrocausa Villarejo.

La Audiencia Nacional investiga una presunta estructura parapolicial y de influencia política atribuida a Leire Díez, exmilitante socialista, y al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Hasta ahora, las pesquisas se habían centrado en supuestos pagos encubiertos, reuniones reservadas y maniobras destinadas a desacreditar a mandos de la Guardia Civil, fiscales y jueces implicados en causas sensibles para el entorno del Gobierno.

Sin embargo, el requerimiento dirigido al partido para que entregue el historial completo de accesos a Ferraz de una treintena de personas investigadas o relacionadas con procesos judiciales supone trasladar el epicentro de la investigación directamente al corazón orgánico del partido.

El magistrado quiere reconstruir un mapa detallado de contactos, encuentros y movimientos producidos en la sede socialista desde 2021 hasta la actualidad. No se trata únicamente de determinar quién entró en Ferraz, sino de conocer con precisión cuándo lo hizo, con quién se reunió, cuál fue el motivo de la visita y qué responsables del partido gestionaron esos accesos. La amplitud de la lista reclamada por la Audiencia Nacional revela la magnitud del entramado que trata de reconstruir la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La convergencia de los casos del Gobierno

Entre los nombres requeridos aparecen figuras clave de los últimos años en la estructura del PSOE y en diversas causas judiciales. Cerdán ocupa una posición central en la investigación. El juez considera que el antiguo número tres socialista habría coordinado actuaciones destinadas a neutralizar investigaciones judiciales potencialmente dañinas para el partido y para el Gobierno. A su lado figura Díez, señalada por los investigadores como una pieza operativa en las presuntas maniobras de presión e intermediación sobre miembros de la Guardia Civil, fiscales y empresarios.

La inclusión del empresario Javier Pérez Dolset y del expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero amplía la dimensión política y económica de la causa. También destacan perfiles institucionales estrechamente relacionados con el aparato de comunicación y poder del socialismo, como el exjefe de Prensa Ion Antolín o el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones Antonio Hernando, quien reconoció haber sostenido encuentros con Cerdán y la exmilitante socialista cuando comenzaron a trascender a la opinión pública el año pasado.

La Audiencia Nacional también ha solicitado información sobre personas vinculadas a otras investigaciones de gran impacto mediático y judicial. La aparición en el requerimiento del excomisario José Manuel Villarejo conecta la causa con el universo de las operaciones parapoliciales desarrolladas durante la última década en España. Igualmente llamativa resulta la presencia del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, investigado en la operación Kitchen durante el Gobierno del PP de Mariano Rajoy. Con ello, el juez parece intentar reconstruir no solo una eventual red vinculada al PSOE, sino también el ecosistema de relaciones, contactos y operadores que se movieron alrededor de estructuras de influencia política y policial en distintos momentos.

La investigación adquiere especial relevancia política porque el propio auto judicial sitúa el origen de la intensificación de las maniobras investigadas en la crisis política generada tras la imputación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y los cinco días de reflexión que Pedro Sánchez protagonizó en abril de 2024 antes de decidir continuar al frente del Ejecutivo. Según las diligencias, ese contexto habría acelerado presuntamente una estrategia para recopilar información sensible sobre jueces, fiscales, mandos de la UCO y actores considerados hostiles para el entorno gubernamental.

La UCO ingresa a Ferraz

La decisión de Pedraz de reclamar también los correos electrónicos corporativos, carpetas digitales y registros internos del PSOE refuerza la idea de que la Audiencia Nacional sospecha que parte de esas actuaciones pudieron haberse coordinado desde estructuras vinculadas al partido. La petición de información sobre campañas publicitarias, relaciones comerciales y documentación económica, incluida la relativa a la campaña electoral del PSC en Cataluña en 2024, apunta además a una investigación con múltiples derivadas aún abiertas.

El requerimiento judicial ha colocado al PSOE en una situación políticamente delicada. Aunque el partido insiste en que colaborará plenamente con la Justicia y rechaza cualquier actuación irregular, el impacto institucional de que la UCO haya accedido a Ferraz para recabar documentación y registros internos resulta difícil de minimizar. Más aún cuando la investigación afecta a antiguos dirigentes de máxima confianza de Pedro Sánchez y cuando el foco judicial se desplaza desde actuaciones individuales hacia posibles mecanismos organizativos internos.

La oposición ha aprovechado el avance de la causa para redoblar la presión política sobre el Ejecutivo. PP y Junts ya han reclamado explicaciones públicas y nuevas comparecencias parlamentarias, mientras Vox insiste en vincular la investigación con una supuesta utilización partidista de estructuras institucionales. Sin embargo, el alcance judicial de las diligencias todavía está por determinar y el procedimiento se encuentra en una fase inicial de recopilación y análisis de pruebas.

El principal interrogante que trata de resolver ahora la Audiencia Nacional es si Ferraz fue simplemente el escenario de reuniones políticas habituales entre dirigentes y colaboradores o si, por el contrario, la sede central del PSOE actuó como punto de coordinación de una estructura dedicada a influir en investigaciones judiciales y policiales. La respuesta a esa cuestión puede marcar el futuro político y judicial de una causa que amenaza con convertirse en uno de los mayores desafíos para el Gobierno de Sánchez desde su llegada al poder en 2018. @mundiario