La escena resultó inédita. El teniente coronel Antonio Balas, uno de los mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) que durante los últimos años ha dirigido investigaciones especialmente sensibles para el entorno socialista, accedía este miércoles a la sede de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid con una orden judicial de la Audiencia Nacional. El objetivo es reclamar cualquier posible expediente disciplinario e información reservada abiertas contra agentes que hubieran participado en investigaciones relacionadas con el PSOE o con personas de su entorno político.
La diligencia, ordenada por el magistrado Santiago Pedraz dentro de la pieza secreta del denominado ‘caso Leire’, introduce un elemento especialmente sensible en el tablero institucional español. Ya no se trata únicamente de esclarecer si existió una red organizada para interferir en procedimientos judiciales o desacreditar a jueces, fiscales y policías incómodos. La investigación pretende determinar ahora si determinados mecanismos internos de la propia Guardia Civil pudieron utilizarse como instrumentos de presión contra agentes que investigaban casos que afectan a Ferraz y a La Moncloa.
Ese salto cualitativo modifica el alcance de la causa. Hasta hace pocos meses, la atención estaba centrada principalmente en las actividades atribuidas a Leire Díez y a empresarios o colaboradores vinculados a ella, como Javier Pérez Dolset. Sin embargo, el auto de Pedraz dibuja una presunta estructura coordinada que habría buscado neutralizar investigaciones judiciales y policiales capaces de afectar al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez.
En ese contexto, la Guardia Civil —y particularmente la UCO— aparece como uno de los principales objetivos de las maniobras investigadas. El juez sostiene que existieron varias vías de actuación dirigidas a erosionar el trabajo de la unidad. Una de ellas habría consistido en la presentación de denuncias ante la Fiscalía General del Estado contra actuaciones de la unidad de élite, acompañadas de campañas mediáticas orientadas a instalar públicamente el concepto de una supuesta “UCO patriótica”. Otra línea habría buscado generar sospechas internas dentro de la propia estructura de la Guardia Civil, impulsando expedientes de información reservada contra mandos y agentes concretos.
La investigación judicial quiere aclarar ahora si esos expedientes respondían realmente a necesidades disciplinarias legítimas o si pudieron convertirse en herramientas de desgaste institucional. Por eso la UCO no se limita a reclamar la existencia formal de esos procedimientos, sino que busca reconstruir quién ordenó abrirlos, qué motivaciones se alegaron, qué recorrido administrativo tuvieron y si existe una coincidencia temporal significativa entre esos expedientes y las investigaciones judiciales que llevaban los agentes afectados.
Una supuesta filtración de un chat de Ábalos
El auto de Pedraz sitúa además el foco sobre actuaciones concretas. Una de las informaciones reservadas abiertas en la Guardia Civil estaba relacionada con la filtración de mensajes de WhatsApp entre José Luis Ábalos y otros dirigentes socialistas. Aunque posteriormente trascendió que esos mensajes habrían sido facilitados por el propio exministro a medios de comunicación, la apertura de investigaciones internas dentro del instituto armado terminó generando sospechas entre algunos mandos de la UCO acerca de si se intentaba encontrar responsables dentro de la unidad.
Según fuentes del Instituto Armado citadas por El País, aquellas investigaciones internas terminaron archivadas sin derivar en expedientes disciplinarios formales. Pero el juez quiere comprobar si el mero hecho de activar esos procedimientos pudo tener un efecto intimidatorio o de presión sobre los investigadores.
La relevancia del teniente coronel Antonio Balas dentro de esta historia no es casual. El mando de la UCO aparece mencionado reiteradamente en conversaciones y grabaciones incorporadas a las investigaciones judiciales. En algunos de esos audios, difundidos meses atrás, se escuchaba cómo determinados interlocutores buscaban información comprometedora sobre él para desacreditar la labor de la unidad en las causas que afectaban al entorno del presidente del Gobierno. En otra grabación atribuida a Leire Díez en una de sus reuniones con agentes y fiscales para presuntamente enlodar a sus compañeros, la exmilitante socialista afirmaba de forma explícita: “necesito a Balas”.
Esos elementos son los que llevan ahora a la Audiencia Nacional a explorar si las supuestas “cloacas” investigadas actuaban únicamente en el terreno político y mediático o si trataron también de activar resortes administrativos internos para condicionar el trabajo policial.
La investigación se desarrolla además en paralelo a otros movimientos judiciales de gran impacto. La misma jornada en que la UCO acudía a la Dirección General de la Guardia Civil, agentes del cuerpo se personaban también en la sede federal del PSOE en Ferraz para reclamar documentación sobre pagos, contrataciones y facturas relacionadas con Leire Díez y su entorno. Asimismo, se practicaban registros en domicilios vinculados al exsecretario de Organización Santos Cerdán y al histórico exvicepresidente socialista de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías. @mundiario