El último auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dibuja un escenario de enorme gravedad política e institucional. La investigación del denominado “caso Leire” ya no se limita a presuntas adjudicaciones irregulares a través de la SEPI o a maniobras de influencia en la Administración que la opinión pública creía aisladas, sino que apunta a la existencia de una presunta estructura organizada que, según el magistrado, habría actuado para interferir en investigaciones judiciales y policiales que afectaban al entorno del PSOE y del Gobierno.

Entre los episodios más relevantes recogidos en la resolución figura el supuesto ofrecimiento de 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano para que modificara su declaración sobre la entrega de dinero en efectivo en la sede socialista de Ferraz. La mujer, imputada junto a su hija Leonor en el caso Hidrocarburos por el supuesto pelotazo de Víctor de Aldama y Claudio Rivas para conseguir una licencia de importador a la empresa Villafuel, y que tiene sus ramificaciones que se cruzan con el caso Koldo.

El auto de Pedraz supone un salto cualitativo en la investigación abierta sobre las llamadas “cloacas del PSOE”. El magistrado sostiene que la organización habría estado coordinada por el exsecretario de Organización Santos Cerdán y que utilizó recursos humanos, contactos políticos y presuntamente fondos vinculados al partido para neutralizar procedimientos judiciales considerados sensibles para el Ejecutivo, para dirigentes socialistas o el entorno del presidente Pedro Sánchez.

La resolución judicial sitúa en el centro de la operativa a la exmilitante socialista Leire Díez, descrita en las investigaciones como una figura de enlace entre dirigentes políticos, abogados, empresarios e investigados en distintas causas. Según el juez, la estructura desplegó actuaciones destinadas a desacreditar a fiscales, jueces y agentes, además de obtener información sobre miembros de la Guardia Civil e incluso condicionar declaraciones judiciales.

El supuesto intento fallido de cambiar el testimonio de Carmen Pano

Unos de los párrafos más delicados del auto afectan directamente a Pano, investigada en el llamado caso hidrocarburos. La empresaria había declarado en varias ocasiones que entregó 90.000 euros en efectivo en senados bolsas en la sede federal del PSOE en Ferraz por indicación del comisionista y exyerno Aldama. Según el magistrado, pocos días antes de que compareciera ante el juez (sin precisar si fue la primera o la segunda declaración), se puso en marcha una operación para intentar que modificara esa versión.

Pedraz sostiene que el abogado Ismael Oliver, antiguo letrado del exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García, contactó con Leire Díez para advertirle de la importancia de la declaración de Pano y plantear una “negociación”. Los mensajes incorporados a la causa reflejan conversaciones en las que se habla expresamente de que “hay que negociar con ella” y de que “esta se vende. Debemos saber comprar”. Para el magistrado, esos intercambios revelan la existencia de un intento de “compra” del testimonio de la empresaria.

La resolución añade que el ofrecimiento de 50.000 euros habría sido canalizado presuntamente a través de la abogada Leticia de la Hoz, defensora de Koldo García en el juicio del caso mascarillas en el Tribuna Supremo. La letrada ha negado tajantemente en un comunicado divulgado este miércoles cualquier participación y sostiene que nunca ofreció dinero a Pano ni actuó coordinadamente con Leire Díez. Pese a ello, el juez considera que existen indicios suficientes para entender que la operación se intentó ejecutar, toda vez que Carmen Pano mantuvo posteriormente su relato original ante el Supremo durante el juicio hace menos de un mes, y ratificó sus acusaciones sobre la entrega de efectivo en Ferraz.

La UCO y la Fiscalía Anticorrupción entre los principales objetivos

Pero el auto describe unas maniobras que siguen la misma estela del episodio de Carmen Pano. Según Pedraz, la trama habría actuado de manera coordinada para influir sobre fiscales, desacreditar investigaciones policiales y generar presión institucional sobre causas judiciales que afectaban al PSOE. Uno de los objetivos señalados por el juez fue el fiscal anticorrupción José Grinda. La investigación sostiene que el grupo trató de influir sobre él para obtener información relacionada con el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, y favorecer el archivo de determinadas causas. El magistrado menciona incluso un supuesto ofrecimiento de 300.000 euros, acompañado de promesas profesionales y personales.

También aparece mencionado el fiscal Ignacio Stampa, con quien Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset habrían mantenido reuniones para ofrecerle apoyo profesional para reengancharlo en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y mediar en un pleito con el Ministerio Público después de ser apartado del caso Tándem. La investigación sugiere que estas actuaciones no respondían a iniciativas individuales improvisadas, sino a una estrategia organizada orientada a proteger intereses políticos y judiciales concretos.

Otro de los aspectos centrales del auto es la supuesta ofensiva contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Pedraz considera que la trama impulsó campañas destinadas a erosionar la credibilidad de la unidad de élite y a obstaculizar investigaciones que afectaban al entorno socialista. El magistrado señala que se promovieron denuncias y filtraciones para alimentar la idea de una supuesta “UCO patriótica”, intentando cuestionar la neutralidad de la unidad investigadora. Según el juez, estas maniobras buscaban “inquietar el normal desenvolvimiento” de las investigaciones judiciales en marcha.

La resolución recoge también reuniones con miembros o exmiembros de la Guardia Civil investigados en otras causas. Entre ellos figura el capitán Juan Sánchez Yepes, quien en una grabación incorporada al sumario reconoce que revelar determinada información podía constituir un delito de revelación de secretos. Además, el teniente coronel Antonio Balas aparece citado como uno de los principales objetivos del grupo. Una grabación de Leire Díez, incorporada a la causa, incluye la frase: “necesito a Balas”. @mundiario