En una maratónica sesión que se extendió hasta las primeras horas de este 29 de mayo, el pleno del Senado de la República aprobó tres reformas constitucionales y legales de impacto político: el aplazamiento de la segunda elección judicial federal al 4 de junio de 2028, la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas para detectar a aspirantes con vínculos con el crimen organizado, y la incorporación de la injerencia extranjera como causal de nulidad de elecciones.

Las tres minutas fueron enviadas a los congresos estatales para su ratificación.

La reforma que mayor debate generó fue el aplazamiento de la elección judicial, aprobada en lo general con 87 votos a favor y 40 en contra, y en lo particular con 86 a favor y 41 en contra, con el respaldo de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

La minuta, que había sido aprobada previamente en la Cámara de Diputados, recorre la renovación de 463 magistrados de circuito, 385 jueces de distrito y centenares de cargos locales en 25 estados de la República, originalmente prevista para 2027, al primer domingo de junio de 2028.

La reforma también posibilita que cuatro magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en funciones —Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Mónica Soto y Reyes Rodríguez Mondragón— se postulen para un nuevo periodo de seis años en 2028, con lo que algunos podrían acumular hasta 18 años en el cargo.

Adicionalmente, la reforma divide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en dos secciones, reduce de nueve a ocho años el periodo de los magistrados y jueces que resulten electos en 2028 y establece casillas únicas para cargos ejecutivos y personas juzgadoras.

Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, calificó el paquete de reformas como un “parche” que reconoce implícitamente el fracaso de la reforma judicial de 2024, mientras que Saúl Monreal Ávila, de Morena, defendió que el aplazamiento no constituye un retroceso.

“La elección judicial del 2025 fue un éxito. La oposición quiere construir una mentira: quieren decirle al País que mover la elección judicial del 2027 a 2028 es un fracaso”, señaló.

La sesión estuvo marcada también por un episodio protagonizado por la bancada del Partido Acción Nacional, cuyos integrantes llevaron a tribuna un perchero con playeras guinda con la leyenda “#Yo con Rocha”, en alusión al Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya —indiciado por Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado—, en contraste con las playeras negras con la leyenda “#Yo con Maru” que portaron los propios panistas, en referencia a la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

La segunda reforma aprobada en la madrugada fue la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, avalada con 85 votos a favor y 40 en contra.

El organismo, adscrito al Instituto Nacional Electoral, quedó integrado por cinco consejeros electorales —reducidos a tres en la versión aprobada en la Cámara de Diputados, pero restaurados a cinco en el Senado— con un periodo en el cargo de tres años.

El mecanismo tendrá carácter voluntario: los partidos políticos podrán solicitar la revisión de sus aspirantes, cuyos datos serán remitidos al Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para determinar si existe un “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada.

La evaluación no constituirá requisito para el registro de candidaturas ni derivará en sanciones automáticas para el partido que haga caso omiso de una alerta.

La Senadora panista Laura Esquivel señaló que “el partido puede solicitar la revisión, puede recibir la alerta y hacer caso omiso de ella. No hay sanción, no hay nulidad de la elección, el partido no pierde el registro”.

El Senador por Movimiento Ciudadano Néstor Camarillo, por su parte, cuestionó la utilidad del mecanismo al sostener que lo que realmente debería exigirse es que la FGR y el CNI cumplieran a cabalidad sus funciones.

La tercera reforma, aprobada a las 02:46 horas del 29 de mayo con 85 votos a favor y 42 en contra, adicionó un inciso al artículo 41 constitucional para establecer como causal de nulidad electoral la intervención o injerencia extranjera que influya en los resultados de los comicios, siempre que se demuestre de forma objetiva que la conducta fue grave, dolosa y determinante.

La iniciativa, presentada por Ricardo Monreal Ávila, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, fue denominada por sus críticos como la “Ley Monreal”.

El Senador por Morena Óscar Cantón Zetina sostuvo que la norma garantiza “que en México las elecciones las decida el pueblo y nadie más”.

El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, rebatió que la reforma omite la verdadera interferencia en los procesos electorales: la del crimen organizado.

“¿Cuántos candidatos fueron asesinados durante el proceso electoral de 2024? ¿Cuántos alcaldes han caído desde entonces? ¿Cuántas regiones del País viven hoy bajo la amenaza directa de grupos delictivos que deciden quién se postula, quién se baja, quién gobierna y quién no?”, planteó.

La Senadora por el PAN Guadalupe Murguía advirtió que los criterios de nulidad “son sumamente ambiguos, vagos, sujetos a una interpretación peligrosamente discrecional” y que la reforma entrega a la “maquinaria del régimen” el poder de interpretar esa discrecionalidad.

Entre los detalles de lo aprobado destaca que la ley secundaria que reglamentaría la causal de nulidad no podrá aplicarse en ese proceso.

Ricardo Monreal Ávila reconoció el 28 de mayo que, sin legislación secundaria aprobada dentro del plazo legal de 90 días previos al inicio del proceso electoral federal —que concluye la primera semana de junio—, la reforma constitucional sobre injerencia extranjera no tendrá efectos prácticos en 2027.

“Si no se aprueba hoy, tendríamos solos seis días para que se apruebe la reforma constitucional en el Senado y los Congresos locales, se declare la constitucionalidad el lunes y no nos daría tiempo para aprobar la ley secundaria”, explicó.

En consecuencia, la aplicación efectiva de la norma se pospone a 2030.

Al cierre de la sesión extraordinaria, la Presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, anunció la reincorporación al pleno del Senador sinaloense Enrique Inzunza —señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico—, cuya licencia tuvo vigencia de apenas 11 horas, y declaró clausurado el periodo extraordinario.

Las tres reformas constitucionales deberán ser ratificadas por al menos 17 congresos estatales para entrar en vigor y ser publicadas posteriormente en el Diario Oficial de la Federación.