Imagínate que una persona quiere aparecer en la boleta. Tal vez tiene partido, trae estructura, se mueve bien en redes y cuenta con respaldo político; hasta ahí parece una aspiración pública normal, pero la pregunta incómoda es qué pasa si antes del registro existen alertas graves sobre ese perfil.
En estos días se aprobó una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad en candidaturas, mediante la cual se crea una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas dentro del INE. Todavía falta su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor.
La idea es que partidos políticos y aspirantes independientes puedan enviar, antes del registro, listados de personas que pretendan postular para revisar si existe algún riesgo razonable. Esa entrega podrá ser total o parcial y voluntaria, así que no hablamos de un filtro automático para todas las candidaturas.
La Comisión recibirá esos listados y los remitirá a instancias competentes en seguridad, inteligencia, procuración de justicia y sistema financiero, para que determinen si existe o no un riesgo razonable sobre posibles actividades delictivas. Después notificará el número y las instancias que hayan identificado ese riesgo, sin detallar el asunto específico del que derive.
Esto importa porque una candidatura no es cualquier cosa: quien aparece en una boleta puede terminar gobernando, votando leyes, manejando presupuesto o tomando decisiones que afectan la vida de muchas personas. Por eso no basta mirar simpatías, fuerza política o respaldo público; también importa saber si existe información institucional seria antes de que una postulación avance.
Revisar la integridad de una persona que busca una candidatura exige cuidado, porque la información debe resguardarse, los datos personales deben protegerse y una alerta institucional no puede tratarse como sentencia pública. El diseño aprobado reparte responsabilidades: las autoridades competentes aportan información, la autoridad electoral aplica el procedimiento previsto y los partidos conservan su responsabilidad sobre quienes deciden postular.
Ahora viene aterrizar la regla. La Comisión deberá estar instalada y funcionando antes del proceso electoral de 2027, y el INE tendrá que emitir lineamientos sobre plazos, procedimientos, análisis, entrega de información, protección de datos personales y confidencialidad.
Rumbo a 2027, la ciudadanía quiere candidaturas confiables. Para atender esa exigencia se necesitan reglas claras, procedimientos confiables y autoridades que actúen dentro de su función. Y quizá esta conversación no debería quedarse únicamente en lo federal; si el mecanismo revisará perfiles para cargos federales o locales, vale la pena preguntarnos cómo se acompañará desde lo local.
La integridad importa. La legalidad también.
Cuando entiendes el sistema, dejas de ser rehén de él.