A seis meses de la disculpa pública de la SEP por el caso de violencia sexual en el Jardín de Niños «Marcelino Champagnat», la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) denuncia que los compromisos de reparación y seguridad escolar siguen sin cumplirse. Mientras el gobierno prometió becas, transparencia y protocolos efectivos, las familias enfrentan un persistente abandono institucional
Texto: Jazmín Sandoval
Foto: Jade Guerrero
CIUDAD DE MÉXICO. – Este 28 de febrero se cumplieron seis meses desde que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM) ofrecieron una disculpa pública a las familias del Jardín de Niños «Marcelino Champagnat». Lo que debía ser un punto de partida para la reparación integral hoy se percibe como un acto simbólico que no ha logrado transformar la realidad de inseguridad en las escuelas mexicanas.
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El caso que salió a la luz en 2018 en la alcaldía Gustavo A. Madero reveló un horror sistemático: 57 denuncias por abusos sexuales contra niños y niñas de preescolar. Este caso mostró una red de violencia donde participaron múltiples agresores, incluidos servidores públicos que debían proteger a los menores.
El largo camino de las víctimas
Llegar a la disculpa pública no fue sencillo para los padres y madres de familia. Tuvieron que enfrentar 134 horas de juicio, superar obstáculos institucionales y resistir la revictimización por parte de un sistema que, en sus inicios, prefirió el silencio y el encubrimiento antes que la protección de las víctimas.
Durante el acto oficial, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, asumió compromisos públicos para garantizar que ningún niño o niña volviera a pasar por lo mismo. Sin embargo, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) reporta que, a medio año de distancia, la mayoría de estas promesas siguen sin cumplirse.
En el boletín compartido por la ODI se señala una lista de compromisos no cumplidos hasta el día de hoy:
Garantizar la transparencia y accesibilidad de las plantillas escolares de personal docente y administrativo de todos los planteles: Uno de los puntos más críticos es la falta de transparencia en las plantillas escolares. Hasta hoy, los padres de familia no tienen un acceso sencillo y claro para saber exactamente quiénes son los adultos que conviven diariamente con sus hijos en los planteles de todo el país.
Detectar y remover las casas habitación en todas las escuelas, al representar espacios de riesgo: Tampoco se ha cumplido con la remoción de las «casas habitación» dentro de las escuelas. Estos espacios, que a menudo sirven de vivienda para conserjes o personal administrativo, han sido señalados como zonas de alto riesgo donde la vigilancia se pierde y la vulnerabilidad de los menores aumenta considerablemente.
Garantizar la separación obligatoria de los baños para el alumnado y para el personal educativo en los planteles escolares: La infraestructura básica también quedó en el olvido. La SEP se comprometió a garantizar que los baños para el alumnado y el personal educativo estuvieran estrictamente separados en todos los planteles. Seis meses después, esta medida elemental de prevención no es una realidad generalizada.
Revisar los protocolos de atención de casos de violencia sexual: La revisión de los protocolos no debe limitarse a un trámite administrativo, sino que requiere la implementación de lineamientos claros y vastos que doten al personal docente de herramientas y conocimientos técnicos efectivos. Aunque en 2025 se publicaron directrices federales para la prevención y erradicación de esta violencia, 29 entidades federativas han incumplido con la obligación de materializarlos en protocolos locales, la cual venció en octubre de ese mismo año. Para que esta medida sea efectiva, el Estado debe asegurar planes de seguimiento y capacitación que permitan al personal escolar reaccionar adecuadamente ante las narraciones de violencia de los menores, garantizando que el protocolo sea una ruta de protección real y no un documento inoperante.
Cumplir con las medidas de reparación integral del caso «Marcelino Champagnat», una de las cuales implica garantizar entornos escolares seguros. En cuanto a la reparación directa para las víctimas del Marcelino Champagnat, la situación es indignante. Aunque se prometieron becas escolares completas en un plazo de una semana, la realidad es que el gobierno está entregando apoyos de programas sociales ya existentes que no consideran la naturaleza especial de este caso.
La gravedad del incumplimiento se acentúa al detectar que algunos niños y niñas víctimas no han recibido apoyo económico de ningún tipo. Cabe destacar que la SEP tiene la obligación judicial de otorgar estas becas de estudio de manera completa desde agosto de 2023, una deuda que se extiende ya por varios ciclos escolares.
La brecha entre los lineamientos y la realidad estatal
A mediados de 2025, la federación publicó los Lineamientos para la prevención primaria y erradicación de la violencia sexual en educación básica. Sin embargo, la materialización de estos lineamientos en protocolos locales solo ha ocurrido en la Ciudad de México, Chiapas y Sinaloa.
Esto significa que 29 entidades federativas se encuentran en desacato de esta obligación, la cual debían haber cumplido desde octubre de 2025. La mera publicación de documentos no garantiza la seguridad; es imperativo implementar planes de seguimiento y capacitación efectiva tanto en escuelas públicas como privadas.
De igual forma, la Subsecretaría de Educación Básica no ha presentado constancias que acrediten la correcta aplicación de la «Jornada de concientización sobre la gravedad del abuso» en todos los planteles del país. No existe evidencia de que el personal escolar cuente con las herramientas y conocimientos necesarios para enfrentar posibles narraciones de violencia por parte del alumnado.
La urgencia de estas medidas se respalda en datos alarmantes: según investigaciones realizadas por Animal Político a finales de 2025, un tercio de la violencia sexual que sufren niñas, niños y adolescentes en México ocurre precisamente en las escuelas. Esta estadística demuestra que los planteles escolares, lejos de ser lugares seguros, siguen siendo espacios de alto riesgo.
Los compromisos del secretario Delgado no son actos de voluntad política aislados, sino medidas fundamentales para reparar el daño causado hace ocho años. El cumplimiento de estas obligaciones judiciales es el único camino para garantizar que el sistema educativo no vuelva a ser escenario de crímenes contra la integridad infantil.
La SEP y sus dependencias cargan con la responsabilidad legal, tanto nacional como internacional, de asegurar una educación libre de violencia. Ignorar los acuerdos establecidos en una disculpa pública es revictimizar a quienes ya han sufrido lo peor de la negligencia estatal.
Herramientas para el acompañamiento y la justicia
Ante este escenario y la falta de respuesta institucional, surgen herramientas desde la sociedad civil para fortalecer a las familias. La ODI ha publicado una guía práctica diseñada específicamente para personas cuidadoras que acompañan a menores en situaciones de violencia y procesos de justicia.
Este material ofrece orientaciones sencillas para identificar señales de alerta y comprender las etapas del proceso penal. Su objetivo es que los padres y cuidadores no se sientan perdidos ante las autoridades, permitiéndoles tomar decisiones informadas y asegurar un acceso a la justicia que sea verdaderamente igualitario.
Un compromiso pendiente con la infancia
La disculpa pública del caso Marcelino Champagnat no debe ser vista como el final de un proceso, sino como el inicio de una responsabilidad permanente del Estado. A seis meses de aquel acto, el incumplimiento de las medidas de reparación y la falta de protocolos efectivos en la mayoría del país demuestran que la voluntad política aún no se traduce en seguridad para las niñas y niños. La deuda con las 18 familias es un recordatorio de que, sin acciones concretas y supervisión constante, las palabras de las autoridades corren el riesgo de convertirse en una nueva forma de olvido.
La protección de las infancias en el ámbito escolar exige transparencia, infraestructura adecuada y un sistema de justicia que no revictimice a quienes ya han sufrido el abandono institucional. Mientras la SEP no materialice los entornos seguros prometidos, la sociedad civil y las familias seguirán exigiendo que la educación sea, por fin, un espacio libre de violencia. La verdadera justicia llegará únicamente cuando ningún padre o madre de familia deba temer por la integridad de sus hijos al dejarlos en la puerta de una escuela.
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