El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el 2 de junio de 2026, en su edición vespertina, tres decretos que modifican el marco constitucional y legal en materia electoral y judicial: la reforma al Poder Judicial que aplaza al año 2028 la segunda fase de elección de juzgadores y permite la reelección de magistrados electorales; la adición al artículo 41 constitucional que introduce la intervención extranjera como nueva causal de nulidad de elecciones, y la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) en materia de integridad de candidaturas. Los tres instrumentos fueron promulgados por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y refrendados por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).
La reforma al Poder Judicial —identificada como la modificación más polémica del paquete— fue declarada constitucional por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión tras obtener el respaldo de 25 congresos estatales, umbral suficiente para superar el requisito previsto en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El decreto modifica los artículos 35, 94, 96, 98, 100, 116 y 122 constitucionales. Entre sus efectos más relevantes destaca que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que se encuentren actualmente en funciones permanecerán en sus cargos hasta 2028, cuando podrán ser elegibles para un nuevo periodo; los magistrados electos en 2025 ejercerán por ocho años, hasta 2033. Los beneficiados directos por esta disposición son los magistrados Felipe Fuentes, Mónica Soto, Felipe de la Mata y Reyes Rodríguez. El decreto también establece que las jornadas electorales judiciales —tanto federal como locales— se celebrarán de forma coincidente el primer domingo de junio de 2028, y que las personas electas tomarán protesta ante el Senado de la República el primero de septiembre de ese año.
La segunda reforma, relativa al artículo 41 constitucional, fue avalada por 24 congresos estatales y agrega un inciso d) a la base VI de dicho precepto, con la siguiente redacción: “Se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales.” El decreto establece que el Congreso de la Unión, las legislaturas locales y las autoridades electorales —entre ellas el Instituto Nacional Electoral (INE) y el TEPJF— deberán armonizar sus marcos normativos antes del 5 de junio de 2026. La oposición cuestionó desde la aprobación del texto que Morena podría utilizar esta causal para impugnar o anular resultados electorales adversos.
La tercera pieza del paquete, la reforma legal en materia de integridad de candidaturas, modifica la LGIPE para crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas dentro del INE, integrada por tres consejeras o consejeros electorales con encargo de tres años y presidencia rotatoria anual. Según el decreto, la comisión recibirá de los partidos políticos —de forma voluntaria— los listados de aspirantes a candidaturas, los remitirá a instancias en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y finanzas para un análisis de riesgo, y notificará a los partidos el resultado sin revelar el origen específico de la alerta. Las instancias señaladas de manera enunciativa son la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La comisión deberá estar instalada y en funcionamiento antes del inicio del proceso electoral de 2027, sin recursos presupuestales adicionales al presupuesto ya aprobado al INE.
Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, informó la publicación de los decretos y señaló que entrarían en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF, con lo cual se cumplieron los plazos constitucionales para la modificación de la normatividad electoral. Las tres reformas forman parte del rediseño del sistema electoral y judicial impulsado por Morena y sus aliados durante la administración de Sheinbaum Pardo, y fueron objeto de un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión que concluyó el 29 de mayo de 2026, día en que los congresos estatales comenzaron a ratificarlas en cuestión de horas.