Después de casi 20 años de mantener comprometida una parte de sus participaciones federales, los 199 municipios veracruzanos incorporados al esquema de bursatilización de 2008 podrán recuperar el acceso pleno a esos recursos una vez concluido el proceso de rescate financiero impulsado por el Gobierno de Veracruz que encabeza Rocío Nahle García.
La operación representa una de las mayores reestructuraciones de deuda municipal realizadas en la entidad y permitirá liberar recursos que durante años fueron destinados al pago de obligaciones financieras derivadas de aquel mecanismo.
El origen del problema se remonta a 2008, cuando 199 ayuntamientos participaron en un esquema de bursatilización mediante el cual obtuvieron financiamiento respaldado con una porción de sus participaciones federales.
El monto original de la operación fue poco más de 1,200 millones de pesos y contempló un horizonte de pago que se extendería hasta 2036. A cambio del acceso inmediato a recursos, los municipios comprometieron ingresos futuros que quedaron sujetos a retenciones automáticas para garantizar el cumplimiento de la deuda.
De acuerdo con las cifras expuestas por la gobernadora Rocío Nahle García, los municipios han desembolsado alrededor de 2,600 millones de pesos al llegar a 2026, es decir, más del doble de los recursos originalmente obtenidos. Sin embargo, la mayor parte de esos pagos se destinó a intereses y gastos financieros, por lo que el capital prácticamente no se redujo.
Las estimaciones oficiales ubican el saldo pendiente de aproximadamente 1,500 millones de pesos.
La Secretaría de Finanzas y Planeación, explicó que el problema radicó en la estructura financiera del esquema.
La bursatilización operaba mediante un fideicomiso que retenía automáticamente un porcentaje de las participaciones federales municipales —equivalente a aproximadamente 7.54 por ciento— para cubrir el servicio de la deuda. Esta situación limitó durante años la capacidad de inversión de los ayuntamientos en infraestructura, servicios públicos y obra social.
Para resolver el problema, la administración encabezada por Rocío Nahle García y el S ecretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, diseñó un mecanismo de rescate financiero mediante el cual el Gobierno del Estado asumirá aproximadamente el 75 por ciento del saldo pendiente. Mientras que el 25 por ciento restante será cubierto por los municipios mediante un esquema de liquidación reestructurado con plazo hasta 2030.
De acuerdo con las autoridades estatales, esta estrategia permitirá concluir anticipadamente una obligación que originalmente se extendería hasta 2036, reducir los costos financieros y evitar que continúe el pago de intereses durante la próxima década.
La medida forma parte de una política más amplia de saneamiento financiero impulsada por la actual administración estatal, donde uno de los requisitos fundamentales para concretar la operación consistió en obtener la autorización formal de cada uno de los municipios involucrados.
Con la aprobación municipal y legislativa concluida, el siguiente paso será formalizar la notificación a las instituciones financieras involucradas para realizar el pago, así como los ajustes administrativos y financieros correspondientes. Una vez completado este proceso, dejarán de aplicarse las retenciones vinculadas al esquema de bursatilización.
La proyección del Gobierno estatal es que a partir de agosto de 2026 los municipios comiencen a recibir de manera íntegra las participaciones federales que durante casi dos décadas permanecieron parcialmente comprometidas al pago de la deuda. Esto permitirá incrementar la disponibilidad de recursos para pavimentación, drenaje, seguridad pública, equipamiento urbano, infraestructura básica y otros proyectos de desarrollo municipal.
El rescate busca cerrar definitivamente un compromiso heredado desde 2008 que mantuvo sujetas las finanzas municipales durante casi 20 años. Bajo el nuevo esquema, los ayuntamientos recuperarán margen presupuestal y capacidad de inversión, mientras que el Estado absorberá la mayor parte de un pasivo que, según el diagnóstico oficial, contemplando lo ya pagado y lo pendiente por pagar, bajo el esquema bursátil los pagos hasta 2036 ascenderían a un monto superior a los 4,800 millones de pesos.