El caso judicial que involucra al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, dio un nuevo giro después de que una jueza de control de la Ciudad de México dejara sin efectos la impugnación que el propio senador había promovido contra una resolución ministerial relacionada con su intento de detención en agosto de 2024.
De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, retomado por El Heraldo de Chihuahua, la decisión judicial tuvo una consecuencia inmediata: quedó firme la resolución de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que había validado la legalidad de las actuaciones realizadas el 14 de agosto de 2024, cuando autoridades chihuahuenses intentaron cumplimentar una orden de aprehensión contra Corral por su probable participación en el delito de peculado agravado.
Según la versión oficial, ese expediente está relacionado con el presunto desvío de 98.6 millones de pesos de recursos públicos. En la información publicada por El Heraldo de Chihuahua no se incluye, hasta ese momento, una postura actual del senador sobre esta audiencia.
¿Qué pasó con la impugnación de Javier Corral?
Según lo informado por la Fiscalía Anticorrupción, la audiencia celebrada el 2 de junio derivó de un recurso promovido por el propio Javier Corral para combatir la determinación de la Fiscalía capitalina. Sin embargo, aunque estaba notificado, no compareció ante la autoridad judicial.
Además, durante la audiencia se presentó un escrito en el que, de acuerdo con la Fiscalía chihuahuense, la defensa del hoy senador manifestó su desistimiento de la impugnación. Para la autoridad, esa combinación dejó sin materia el recurso y permitió que la resolución previa quedara firme.
En términos prácticos, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua sostiene que ya no hay efecto legal contra la resolución que consideró válidas las actuaciones de agosto del año pasado.
¿Qué fue lo que quedó firme tras esa decisión?
El comunicado difundido por El Heraldo de Chihuahua señala que la resolución de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México concluyó que los hechos denunciados por la defensa de Corral no constituían delito y que la actuación de la Fiscalía anticorrupción estatal se desarrolló dentro del marco legal aplicable.
Esa misma resolución, según la versión oficial, estableció que:
- la detención de Javier Corral obedecía al cumplimiento de una orden de aprehensión vigente;
- los agentes actuaron en ejercicio legítimo de sus funciones;
- el fiscal Anticorrupción contaba con facultades para suscribir convenios de colaboración;
- y existió autorización formal de la autoridad capitalina para ejecutar el mandamiento judicial en su territorio.
Es importante subrayar que estos puntos corresponden a la postura institucional de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua citada por El Heraldo de Chihuahua.
¿Por qué ahora buscan a un empresario con ficha roja de Interpol?
Tras ese revés para la impugnación de Corral, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua informó que volvió a solicitar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México su colaboración para localizar y detener al director del despacho Finanzas Públicas, identificado solo con las iniciales J.P.L.E.
Según el comunicado citado por El Heraldo de Chihuahua, esta persona sigue prófuga de la justicia y cuenta con ficha roja de Interpol, una alerta internacional para ubicar y detener provisionalmente a personas buscadas.
La Fiscalía no detalló en ese reporte nuevos elementos sobre su situación jurídica, pero sí dejó claro que su localización es ahora una prioridad dentro de la misma carpeta de investigación.
¿Qué sigue ahora en este caso?
Después de la audiencia, siempre de acuerdo con la información difundida por El Heraldo de Chihuahua, el fiscal Anticorrupción del estado realizó gestiones ante la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar información relacionada con esa misma carpeta y sobre cualquier otra denuncia o procedimiento promovido por Javier Corral Jurado.
La posición de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua es que, una vez concluido ese recurso, los esfuerzos deben concentrarse en dos frentes: detener a los prófugos y recuperar los 98.6 millones de pesos que, según su investigación, fueron sustraídos del patrimonio público estatal.
Por ahora, lo confirmado es que la impugnación quedó sin efectos y que la Fiscalía chihuahuense reactivó su solicitud para capturar a J.P.L.E. Lo que seguirá en disputa, política y judicialmente, es el alcance del caso contra Javier Corral y el futuro de la orden de aprehensión en su contra.