Las presiones que ejerce Estados Unidos sobre nuestro gobierno tienen diversas facetas, aunque un propósito prioritario es el de lograr el alineamiento incondicional de nuestro país a su estrategia para tratar de preservar su hegemonía global.
Para eso necesita influir decisivamente en quien gobierna México, como lo denunció el domingo pasado la presidenta Sheinbaum; Trump está intentando influir en las elecciones presidenciales de Colombia y de Brasil, y lo ha conseguido en Argentina y en Chile, donde ahora gobiernan presidentes de ultraderecha.
Superar a China es considerado en Washington un asunto de “sobrevivencia”, y se presenta ante el mundo como defensa de su seguridad nacional, envuelta en una retórica que ha creado imágenes amenazantes de esa seguridad.
La que vincula al narcotráfico con terrorismo es francamente inverosímil, como lo ha rebatido la presidenta Sheinbaum y recién también lo hizo el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
Identificar a los cárteles de narcotráfico con terrorismo implica una amenaza directa a la soberanía de los países donde se les ubica; por eso Sheinbaum y Lula han advertido que no admiten que otro país juegue con la soberanía de nuestras naciones.
No es que el narcotráfico no sea un problema de criminalidad transnacional, como lo es también de salud pública —aunque Trump se niega a reconocerlo como tal—, pero el narco no califica como terrorismo.
En ese contexto se está revisando el T-MEC, que Trump utiliza como un instrumento más de presión, que puede resultarle exitoso, aunque no necesariamente si se comprende que en ese proceso está en juego el futuro de México.
Trump o sus funcionarios han revelado tres condiciones para seguir en el tratado; todas inciden negativamente en contra del crecimiento económico de México.
No hay que perder de vista que de la reactivación de inversiones, empleos y salarios depende la viabilidad del proyecto político que es la 4T.
Si las exigencias de Trump en el tratado dificultan esa reactivación, sobrevendrá el desencanto social con la 4T y la posibilidad de que un gobierno de derecha sea electo en 2027.
¿Qué condiciones ha puesto Trump, sabiendo que si el gobierno de México las acepta, pierde y que muy probablemente, si no se ratifica el tratado, también pierde?
Según el Wall Street Journal, Trump quiere que los vehículos que ensamblan en México las armadoras estadounidenses y de cualquier otra nacionalidad, y que se vendan en Estados Unidos (el 80% de los autos producidos en México van a ese mercado), tengan por lo menos 50% de partes producidas en territorio estadounidense.
Trump sabe que la industria de autopartes es el núcleo más importante de las manufacturas que se exportan desde México.
Casi 70% de lo que México “exporta” son vehículos o televisores o computadoras armadas en maquiladoras y ensambladoras de partes importadas, sin pago de aranceles.
La fabricación de autopartes, en cambio, es la que contiene algún valor agregado en el país; ese valor agregado nacional comprende miles de empleos directos y cadenas de proveedores metalmecánicos, electrónicos, plásticos, químicos.
La importancia económica de esas actividades, como propulsoras del desarrollo, es mucho mayor que la de las plantas automotrices que ensamblan el producto final.
En la economía de estados como Nuevo León, Guanajuato, Coahuila, Puebla, Querétaro y Aguascalientes, la fabricación de autopartes tiene una importancia notable.
Sin embargo, lo más importante en la discusión del T-MEC no son sólo automóviles y aranceles; lo relativo a inteligencia artificial podría terminar siendo lo más importante, porque definirá quién controla la información, los negocios que son las redes sociales y las reglas de la economía digital durante las próximas décadas.
La discusión sobre inteligencia artificial del T-MEC no es solamente tecnológica.
En Washington la consideran como parte de su estrategia geopolítica para consolidar a sus empresas del ramo: OpenAI, Microsoft, Google, Amazon, Meta, NVIDIA.
Para eso, Trump quiere que México y Canadá adopten reglas irrestrictas en cuanto a la captura y almacenamiento de datos y cualquier servicio digital.
De aceptarlo, México perdería la capacidad para regular la protección de datos personales, para establecer normas a las plataformas digitales acerca del almacenamiento que hacen de datos personales y hasta para cobrarles impuestos, porque Trump quiere que se paguen exclusivamente en Estados Unidos.
El tercer tema que los negociadores de Trump han adelantado como condición para firmar la prórroga del tratado es que en las compras del gobierno de México puedan participar, sin distinción alguna con las empresas nacionales, las corporaciones estadounidenses.
El gasto público en infraestructura representa un 3% del PIB, un billón de pesos este año, y se ha reservado, preferencialmente, para empresas de capital nacional, como estímulo a su fortalecimiento.
Es muy claro que la revisión del T-MEC la maneja el gobierno de Trump como un instrumento estratégico para debilitar al gobierno de la presidenta Sheinbaum, y posibilitar que su sucesor sea un gobierno de extrema derecha, alineado a los esfuerzos de sobrevivencia de la hegemonía global de Washington.