La explosión de cuatro autotanques presuntamente utilizados para el trasiego ilegal de gas LP en el municipio de Tepeaca, Puebla, dejó al menos tres personas lesionadas y obligó al desalojo de un hospital, una preparatoria, un centro escolar y viviendas cercanas. El incidente volvió a poner sobre la mesa los riesgos que representa el llamado huachigas para comunidades donde operan redes clandestinas de almacenamiento y distribución de combustible.
De acuerdo con datos de Pemex analizados por el Observatorio Ciudadano IGAVIM, Tepeaca registró 44 tomas clandestinas de gas LP durante el primer trimestre de 2026, la cifra más alta del país. En ese mismo periodo se detectaron 299 perforaciones ilegales a nivel nacional, un incremento de 6.79 por ciento respecto al año anterior, con Puebla como la entidad que concentra más de la mitad de los casos.
Especialistas advierten que el fenómeno va más allá de las pérdidas económicas para la industria energética, ya que implica riesgos para la población, fortalece economías criminales y genera preocupación incluso en Estados Unidos. Recientemente, legisladores estadounidenses presentaron una iniciativa para que el Departamento de Defensa informe sobre acciones contra organizaciones vinculadas al tráfico ilegal de hidrocarburos en México, reflejando la creciente relevancia del tema en la agenda bilateral de seguridad.
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