El uso de inteligencia artificial en la Administración pública española ha dejado de ser una curiosidad tecnológica para convertirse en una nueva línea de gasto en plena expansión. Lo que comenzó con un único contrato en 2022, coincidiendo con la irrupción de ChatGPT, se ha transformado en una red de más de 1.300 suscripciones financiadas con dinero público apenas tres años después. Una evolución silenciosa, pero reveladora: el Estado ya está dentro de la economía de la IA.
La cifra total —cerca de 394.000 euros— es todavía modesta dentro del presupuesto público, pero su crecimiento exponencial apunta a un cambio estructural. La Administración no solo está probando herramientas, está integrándolas en su día a día, aunque de forma fragmentada, casi experimental y sin una estrategia centralizada clara.
Detrás de esta expansión está principalmente OpenAI, creadora de ChatGPT, que concentra la inmensa mayoría de los contratos. A distancia aparece Anthropic, con su chatbot Claude, aún testimonial en el sector público español. Mientras tanto, gigantes como Microsoft o Google avanzan por la puerta de atrás, integrando sus soluciones de IA en paquetes más amplios donde el gasto real es difícil de rastrear. Pero lo más significativo, según EL PAÍS, no es cuánto se gasta, sino cómo.
La mayoría de estos contratos no responden a grandes planes institucionales, sino a decisiones individuales: profesores universitarios, investigadores o empleados públicos que solicitan que su organismo pague sus suscripciones. Es una adopción desde abajo, casi orgánica, que contrasta con la lentitud habitual de la maquinaria administrativa.
Esta descentralización dibuja un escenario inquietante: la inteligencia artificial está entrando en el sector público sin una hoja de ruta común, sin estándares compartidos y, en muchos casos, sin una evaluación clara de su impacto.
Una adopción silenciosa y sin estrategia
El mapa de contratos revela que universidades y centros de investigación lideran este cambio. Instituciones como la Universidad de Murcia o la Universitat Pompeu Fabra acumulan cientos de suscripciones, gestionadas de forma descentralizada por departamentos o grupos de investigación.
En paralelo, algunos organismos públicos comienzan a dar pasos más estructurados. El Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, ha firmado el mayor contrato conocido: 70.000 euros en licencias de ChatGPT Enterprise para su empresa de servicios municipales. El objetivo oficial es mejorar procesos internos, aunque los detalles concretos siguen siendo opacos. El patrón se repite: experimentación, cautela y poca transparencia.
De la infraestructura a la herramienta cotidiana
El auge de los chatbots marca también un cambio de paradigma en el gasto público en inteligencia artificial. Hasta ahora, los contratos millonarios —más de 172 millones desde 2018— estaban centrados en infraestructuras, plataformas o desarrollos a medida, en manos de grandes consultoras tecnológicas.
Hoy, en cambio, la IA se está democratizando dentro de la Administración. Ya no es solo una inversión estratégica a gran escala, sino una herramienta cotidiana al alcance de empleados individuales.
Este cambio tiene implicaciones profundas. La IA deja de ser un proyecto para convertirse en una extensión del trabajo diario: redactar informes, analizar datos, programar o automatizar tareas.
El riesgo de una dependencia sin control
Sin embargo, este crecimiento acelerado plantea preguntas incómodas. ¿Quién controla el uso de estas herramientas? ¿Qué datos se introducen en ellas? ¿Qué dependencia se está generando respecto a proveedores privados?
La ausencia de una estrategia nacional clara sobre el uso de chatbots en la Administración contrasta con la velocidad de adopción. España, como otros países, parece estar entrando en la era de la IA por la vía de los hechos consumados.
Mientras tanto, los contratos siguen creciendo, dispersos, pequeños, casi invisibles en el conjunto del gasto público, pero con un potencial transformador enorme.
La revolución no está en los millones que aún no se han gastado, sino en la normalización del uso. La inteligencia artificial ya no es el futuro de la Administración: es su presente, aunque todavía nadie haya decidido del todo qué hacer con ella. @mundiario