Perú afronta una jornada decisiva marcada por una paradoja difícil de ignorar: mientras millones de ciudadanos acuden a votar para intentar cerrar una década de inestabilidad política, las instituciones encargadas de garantizar la limpieza del proceso llegan bajo sospecha y uno de los candidatos presidenciales encara simultáneamente una batalla electoral y otra judicial.

La segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez aparece así condicionada por dos factores que van más allá de la competición ideológica: la credibilidad electoral y la confianza institucional.

El país busca elegir a su noveno presidente en apenas diez años, pero la sensación dominante no es de renovación, sino de agotamiento. La primera vuelta dejó heridas abiertas, denuncias cruzadas entre organismos electorales y una percepción extendida de que los errores administrativos agravaron todavía más la polarización política.

Pocas veces el funcionamiento técnico de unas elecciones había adquirido tanto protagonismo en Perú. Los problemas registrados durante la primera vuelta colocaron a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el centro de las críticas.

Retrasos, problemas logísticos, incidencias organizativas y márgenes extremadamente estrechos alimentaron acusaciones cruzadas entre instituciones y erosionaron la confianza pública. En un escenario tan competitivo, los errores administrativos adquirieron una dimensión política enorme.

Precisamente por ello, la segunda vuelta se ha convertido también en una operación de reconstrucción institucional. Las autoridades electorales insisten en que el despliegue ha sido reforzado: más de 28.000 fiscalizadores supervisando el proceso, materiales distribuidos en los más de 2.200 locales de votación de Lima y Callao, transporte custodiado por fuerzas policiales y mecanismos adicionales de control.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, ha insistido en transmitir una imagen de normalidad institucional, asegurando que el sistema electoral está preparado para una jornada especialmente sensible. Sin embargo, la presión es evidente: si el resultado vuelve a ser extremadamente ajustado, cualquier incidencia puede convertirse rápidamente en una crisis política.

Roberto Sánchez llega al balotaje bajo la sombra de una causa judicial abierta

La otra gran variable que marca esta elección tiene nombre propio: Roberto Sánchez. El candidato izquierdista de Juntos por el Perú, considerado heredero político parcial del espacio que representó Pedro Castillo, llega a la recta final electoral mientras la Fiscalía mantiene una petición de 5 años y 4 meses de prisión en su contra.

La acusación gira alrededor de presuntas falsedades en declaraciones financieras presentadas ante la ONPE entre 2018 y 2021. Según el Ministerio Público, Sánchez habría declarado información falsa relacionada con ingresos partidarios, aportaciones económicas y rendiciones financieras de campaña.

La Fiscalía sostiene que, como representante y apoderado del partido, habría presentado datos falsos en distintos procedimientos administrativos vinculados a la supervisión financiera partidaria. Además, se le atribuye un presunto delito relacionado con el falseamiento de información sobre aportaciones económicas.

Se lo investiga junto a su hermano por cobrar presuntamente cuotas a los aspirantes a candidatos —de entre 1.000 y 20.000 soles, lo que equivaldría a unos 250 y 5.000 euros— que no ingresaron a las arcas oficiales de la organización, sino a cuentas bancarias personales de su entorno familiar.

La ONPE, a través de su representación legal, mantiene además una reclamación económica solidaria contra los acusados al considerar que se vulneraron los mecanismos de control del financiamiento político.

¿En qué punto se encuentra realmente el procedimiento judicial contra Sánchez?

Aunque la petición fiscal existe y sigue vigente, el caso todavía no ha llegado a juicio oral. Este aspecto resulta fundamental para entender la situación procesal actual.

Durante las últimas audiencias, la Fiscalía intentó acelerar el procedimiento solicitando que el caso avanzara directamente hacia juicio, argumentando que ya existía un auto de enjuiciamiento previo emitido en 2024. Sin embargo, el magistrado Adolfo Farfán rechazó esa petición.

El juez consideró necesario realizar un nuevo control de acusación antes de continuar, argumentando que la reformulación parcial del caso exigía volver a revisar elementos procesales y observaciones pendientes. Esta decisión implica que la causa continúa todavía en una fase intermedia. Es decir, Sánchez no afronta aún juicio oral, pero la amenaza judicial permanece activa y sigue condicionando políticamente su candidatura.

La defensa del candidato sostiene que existen deficiencias técnicas en la acusación. Entre sus principales argumentos figura que la Fiscalía no habría individualizado correctamente las responsabilidades ni explicado adecuadamente la diferencia entre autoría y complicidad dentro del caso.

En cualquier caso, si Roberto Sánchez ganara las elecciones presidenciales y asumiera el cargo, la Constitución Política del Perú le otorgaría un mecanismo legal inmediato para congelar el proceso penal en su contra: la inmunidad presidencial absoluta. Sin embargo, esto no borraría los cargos, sino que suspendería el juicio de forma temporal hasta que culmine su mandato.

Un candidato heredero del castillismo en un contexto de enorme fragmentación

Más allá de los tribunales, Sánchez también carga con otro peso político: su relación con el espacio político que encabezó Pedro Castillo.

Aunque intenta construir personalidad propia, su imagen, paso ministerial durante aquel gobierno y su discurso orientado hacia sectores populares y rurales hacen inevitable la comparación. Para algunos votantes representa continuidad con demandas sociales pendientes; para otros, revive el recuerdo de uno de los periodos más convulsos de la política reciente peruana cuando intentó subvertir el orden del Estado.

Ese contexto explica parte de la enorme volatilidad electoral. Perú vuelve a acudir a las urnas profundamente dividido, con niveles elevados de indecisión y con dos candidatos que generan importantes rechazos fuera de sus bases electorales.

La elección presidencial de 2026 vuelve a reflejar un fenómeno que se ha instalado en la política peruana: la normalización de la incertidumbre. La combinación de instituciones cuestionadas (al igual que el Congreso), liderazgos débiles, judicialización constante de la política y fragmentación parlamentaria hace que la discusión ya no gire únicamente sobre quién ganará, sino sobre cuánto tiempo podrá gobernar quien resulte elegido. @mundiario